Rechazado plan para legalizar huelgas en servicios esenciales
Único voto a favor de que hospitales y policías vayan a huelga fue de José María Villalta, del FA
La moción de texto sustitutivo de la liberacionista Franggi Nicolás, que pretendía legalizar las huelgas en servicios esenciales como hospitales, policía, y el suministro de energía y agua, fracasó este lunes en la Comisión Especial sobre Huelgas del Congreso.
La iniciativa solamente logró un voto, el de José María Villalta, del Frente Amplio, quien era uno de los firmantes de la propuesta.
Recibió en contra los votos de Carlos Ricardo Benavides y Yorleni León, de Liberación Nacional (PLN); Enrique Sánchez, de Acción Ciudadana (PAC); Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Zoila Rosa Volio, de Integración Nacional (PIN); y del independiente Erick Rodríguez Steller.
La decisión se tomó al puro inicio del trámite de las mociones de fondo del proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, el cual está en su recta final antes de ir a primer debate en el plenario.
La iniciativa de Nicolás pretendía legalizar las huelgas en servicios esenciales, entre los cuales también están el rescate de víctimas, el suministro de combustibles, los comedores escolares y la entrega de cuerpos en las morgues judiciales.
A la vez, la versión de la diputada liberacionista impedía aplicarles rebajos salariales, en forma retroactiva, a los funcionarios que participen en movimientos que sean declarados ilegales, como ocurre hoy. Únicamente, habría permitido aplicar las sanciones si la persona no regresaba a trabajar después de la declaratoria.
Contrario.
Estos dos cambios van en un sentido contrario al proyecto original, el cual fue impulsado por el presidente legislativo, el también liberacionista Carlos Ricardo Benavides.
Este proyecto declara ilegales las huelgas en servicios esenciales y faculta a los patronos a rebajar salarios en forma retroactiva si un juez declara ilegal el movimiento.
El texto de Benavides además establece que, si se produce una huelga en un servicio esencial, el patrono tendrá la potestad de solicitarle a un juez una orden para que los trabajadores se reintegren a sus labores, pues el movimiento es ilegal.
El texto liderado por Franggi Nicolás, en cambio, permitía huelgas en servicios esenciales si, antes del inicio del movimiento, “se garantiza por medio de un plan de servicios mínimos que no se pondrá en riesgo ni la vida, ni la salud, ni la seguridad de las personas”.
El texto desechado también lo firmaron los legisladores Paola Valladares y Daniel Ulate, del PLN, Ignacio Alpízar, Harllan Hoepelman, Carmen Chan y Nidia Céspedes, del bloque fabricista Nueva República; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; Shirley Díaz, del PUSC; José María Villalta, del Frente Amplio; y Dragos Dolanescu, del Republicano Social Cristiano (PRSC).
Sin embargo, de ellos solamente Villalta es miembro de la Comisión Especial sobre Huelgas.
Sin apoyo.
Patricia Villegas, por su parte, este lunes le retiró el apoyo al texto sustitutivo alegando que, cuando la leyó a profundidad, no correspondía con lo que Nicolás le explicó.
Carlos Ricardo Benavides adujo: “No podría imaginarme cómo ponerle la cara a una comunidad que su servicio de policía, donde haya una o dos patrullas, pase a ser la mitad, cuando la delincuencia no se va a huelga nunca”.
Agregó que, en servicios hospitalarios, podría entender que no se restrinja la huelga en servicios administrativos u operativos, pero los demás sí.
El presidente del Congreso sostuvo que para los servicios esenciales hay sistemas de compensación, como el derecho de exigirle al patrono que vaya inmediatamente a arbitraje para solucionar un conflicto y ajustarse a lo que se resuelva en esa instancia.
El texto de la legisladora verdiblanca además le quitaba a los sindicatos la obligación de dar una dirección electrónica para recibir notificaciones sobre huelgas, así como la norma que establece que, cuando hay bloqueos, una huelga no es pacífica.