La formación histórica del electorado costarricense

Aunque a veces pareciera que el electorado costarricense siempre ha existido, es producto de un proceso histórico que todavía no se conoce muy bien. La etapa inicial de su formación se extendió entre la Constitución de Cádiz (1812) y la reactivación de las elecciones presidenciales en la década de los ochenta del siglo XIX, después de finalizada la dictadura de Tomás Guardia (1870-1882).

Durante ese período, el único dato disponible que permite aproximarse al tamaño del electorado lo aporta Jorge Francisco Sáenz Carbonell: al estudiar las elecciones presidenciales de 1844, las únicas del siglo XIX en que estuvo vigente el voto directo, encontró que el total de varones adultos inscritos para votar ascendía a unos 3.000, que representaban el 3,3 % de la población total (92.277 habitantes según Héctor Pérez).

Puesto que en esos comicios votaron 2.279 personas, la asistencia a las urnas ascendió al 76 %, calculada según el tamaño del electorado, y al 2,5 % como proporción de toda la población del país.

1885. Dado que en el siglo XIX las elecciones, con excepción de las de 1844, fueron indirectas, las investigaciones al respecto han privilegiado el resultado de los comicios de segundo grado, por lo que no hay datos sistemáticos de las votaciones primarias ni del número de varones inscritos.

Todo sugiere, sin embargo, que el electorado se expandió en la segunda mitad del siglo XIX, un proceso incentivado porque, como lo ha señalado Hugo Vargas, la Constitución de 1859, aprobada después del derrocamiento de Juan Rafael Mora Porras, amplió el régimen de ciudadanía y prácticamente estableció el sufragio universal masculino.

En 1885, se levantó el primer censo electoral conocido, según el cual en el país había 27.306 varones inscritos para votar, que constituían el 13,6 % de la población total de Costa Rica (200.908 personas), un incremento de más de diez puntos porcentuales con respecto a 1844.

Universalización. A partir de 1894, se dispone de datos sistemáticos de inscritos y votantes, que permiten identificar las tendencias principales ELECCIONES PRESIDENCIALES 60 40 20 0

1894 1905 1919 1936 de la formación del electorado costarricense y de su asistencia a las urnas.

Como se observa en el gráfico adjunto, basado en las cifras de población de Héctor Pérez y del Instituto Nacional de Estadística y Censos, los datos electorales del Tribunal Supremo de Elecciones y en los recopilados por el suscrito, el tamaño del electorado, como porcentaje del total de habitantes, disminuyó ligeramente en las elecciones de 1894 y 1897.

Tal descenso estuvo relacionado con que la administración del proceso electoral, en esa época, estuvo a cargo de los gobiernos autoritarios de José Joaquín Rodríguez (1890-1894) y de Rafael Iglesias (1894-1902).

Fue solo para los comicios de 1901, una vez que la oposición había negociado con Iglesias su salida del poder, que el electorado costarricense inició una nueva etapa de expansión, que culminó en las elecciones de 1913, en las cuales se estableció, de manera definitiva, el voto directo.

En 1913, los individuos inscritos para votar representaron el 22,3 % de la población total, casi nueve puntos porcentuales más que en 1885. Para ese año, la universalización del sufragio masculino establecida en 1859 finalmente se hizo efectiva, ya que prácticamente todos los varones costarricenses adultos estaban registrados como votantes.

Así, mucho antes de que el 1953 1970 1986 2002 2018 Reino Unido universalizara el sufragio masculino (1918), ya Costa Rica lo había hecho, resultado de la intensa competencia entre los partidos políticos, que llevó a tales organizaciones a procurar que todo varón adulto estuviera inscrito para votar.

Mujeres. Si bien desde finales del siglo XIX se empezó a discutir en Costa Rica sobre la posibilidad de aprobar el voto femenino, la reforma fue postergada una y otra vez, no solo por prejuicios contra las mujeres, sino porque a los partidos les preocupaba el efecto que un cambio de esa índole podía tener en el mercado electoral.

Por eso, fue preciso esperar a que, tras la guerra civil de 1948, en un contexto caracterizado por el desmantelamiento de dos de los principales partidos fundados en la década de 1930 (el Republicano Nacional y el Comunista), se aprobara el voto femenino en la Constitución de 1949, la cual también extendió la ciudadanía a la población afrocostarricense.

Así, dos cambios decisivamente democráticos fueron aprobados en uno de los momentos menos democráticos de la historia costarricense. Como resultado de estas reformas, en las elecciones de 1953 el electorado representó un 29,9 % de la población total del país, casi siete puntos porcentuales más que en 1913.

Edad. En las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo pasado, el incremento en la esperanza de vida contribuyó a que el electorado se expandiera todavía más, un proceso al cual se sumó, en 1971, la disminución (de 21 a 18 años) de la edad necesaria para votar.

Como resultado de esos cambios, en los comicios de 1974 el electorado representaba ya un 44,6 % de la población total, casi 15 puntos porcentuales más que en 1953. A inicios de la década de los setenta, más del 55 % de los habitantes de Costa Rica tenían menos de 20 años.

De 1974 en adelante, el electorado costarricense no ha dejado de expandirse, pero como resultado, cada vez más, del proceso de envejecimiento de la población. En el 2018, las personas inscritas para votar representaron el 66,4 % de todos los habitantes, de los cuales solo un 29 % tenía menos de 20 años.

Asistencia. De acuerdo con el gráfico adjunto, la asistencia a las urnas tendió al crecimiento entre 1894 y 1998, con tres excepciones principales. En 1897, cuando el Partido Republicano se retiró de la contienda electoral después de que el presidente Rafael Iglesias anunció su intención de reelegirse, como en efecto hizo.

La segunda excepción corresponde a los comicios de 1917 y 1919, llevados a cabo en el contexto de la crisis política asociada con el golpe de Estado que derrocó a Alfredo González Flores, la instauración de la dictadura de Federico Tinoco y el colapso de este régimen.

La tercera excepción comprende la polarizada elección de 1948, que culminó en la guerra civil de ese año. Todos estos casos tienen en común que, ante situaciones de violencia política, una proporción considerable del electorado optó por alejarse de las urnas.

A partir de 1998, se inició un proceso inédito en la historia electoral costarricense: mientras la expansión del electorado continúa, la asistencia a las urnas decrece: si en 1994 la brecha entre inscritos y votantes fue de 11 puntos porcentuales, en el 2018 esa diferencia alcanzó los 25 puntos porcentuales.

Mucho se ha debatido acerca de las razones que explicarían ese creciente abstencionismo, pero es indudable que, desde 1998, el electorado, que tan lentamente se formó a lo largo de los siglos XIX y XX, está en retirada de las urnas. na norma parece dictar el comportamiento de los gobernantes en buena parte del mundo: “Si puede, haga la ley a su imagen y semejanza; si no, pásesela por el trasero”. No solo es una conducta cada vez más generalizada y, en ese sentido, un dato de la realidad, sino que es una norma aspiracional que sintetiza el entendimiento de muchos acerca de la manera como debe ejercerse el poder.

El creciente desprecio por la ley, a la cual consideran una herramienta más para lograr sus fines, no se circunscribe solo a los gobernantes de regímenes autoritarios. Por supuesto que, en ellos, los dictadores harán lo que sea para mantenerse en el poder, gobernando para sí y su grupito. En el patio, tenemos hoy personajes como Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela, quienes siguen a pie juntillas esta máxima. Se trata de resistir las presiones, reprimirlas y aguantarlas con tal de sobrevivir y enriquecerse. Así, como dicen dos estudiosos de la política en el libro Manual del dictador (Bueno de Mesquita y Smith, 2012), el mal comportamiento se convierte en una estrategia política ganadora. Y, como los dictadores se la saben por libro, otros desean emularlos: para seguir en el vecindario, el presidente hondureño Hernández va de lazarillo.

El problema, decía yo, es que el desprecio por la ley está siendo empleado cada vez más por políticos en regímenes democráticos para cimentar su poder. Modi, en la India, la democracia más poblada del mundo, acaba de violar impunemente la Constitución de su país para lidiar con problemas en una región fronteriza con Pakistán. Boris Johnson, en el Reino Unido, una de las cunas de la democracia moderna, está permanentemente tentando los límites de una Constitución no escrita, incluido el no reconocer la autoridad del Parlamento. Trump, en Estados Unidos, ha atacado regularmente al poder judicial.

La democracia contra la ley: argumentan que por encima de la ley está la soberanía popular y, por supuesto, que ellos son la encarnación de lo que el pueblo quiere. Pueblo es lo que ellos dicen que es. Cuando veo a Costa Rica, reconozco que los gobiernos han respetado el Estado de derecho. Esto es una salvada, especialmente en estos tiempos difíciles. Sin embargo, oigo mucha hablada, entre políticos aspirantes, contra las leyes y los jueces, y ello me preocupa: pueden no gustarnos, pero es lo que tenemos para convivir civilizadamente.

Desde 1998, el electorado, formado a lo largo de los siglos XIX y XX, está en retirada