Jueces autorizan tobilleras con pocos datos de presos
››Experto sugiere hacer perfiles sociales de imputados
Cuando los jueces autorizan a los reos a descontar su pena con tobilleras electrónicas, ellos desconocen cuáles son las condiciones sociales y personales del beneficiado.
Así lo resalta un informe sobre monitoreo electrónico, realizado por el consultor portugués Nuno Caiado y a solicitud del Ministerio de Justicia y Paz.
Este escrito, que fue entregado a la cartera en noviembre del 2018, detalla una serie de inconsistencias y fallas en la aplicación de este modelo en el país, que entró en vigencia en febrero del 2017.
En ese sentido, recomendó que el Poder Judicial elabore informes sociales previos a la decisión del juez, “como medio práctico e inmediato de selección de los candidatos, en función de criterio de elegibilidad social”.
Es decir, saber si son personas de la calle, si tienen acceso a electricidad para cargar el aparato, o si tienen algún tipo de dependencia al alcohol o drogas, entre otras.
Entonces, según el experto, los juzgadores ya no tomarían en cuenta únicamente los parámetros legales (que el beneficiario no esté imputado por un delito violento o que la pena sea menor a seis años); sino que también decidirían basándose en si el reo tiene o no las capacidades de cumplir con las obligaciones judiciales.
Entre estas últimas, poder estar en confinamiento total o parcial en su casa y si podría frecuentar los programas de atención técnica social.
“En cada caso particular, los jueces pueden conocer mejor a los candidatos y, por lo tanto, emitir mejores decisiones; es decir, decisiones viables y evitar el exceso de actos procesales”, escribió Caiado en el informe.
El experto prevé que podrán existir casos de “imposibilidad” de presentación del informe social previo, por ausencia de oportunidad o de recursos.
La sugerencia, para esos casos, es que la Dirección General de Adaptación Social, en conjunto con la Unidad de Monitoreo Electrónico, entregue un listado de criterios sociales mínimos a los jueces.
A agosto pasado, bajo este modelo de monitoreo electrónico, había 1.545 reos.
En una comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la ministra de Justicia, Marcia González, aseguró que, desde hace tiempo trabajan para acatar todas las recomendaciones hechas por el consultor.
Distinta. No obstante, en una entrevista dada al sitio web
ameliarueda.com el viernes anterior, la versión de González era otra. En ese momento, dijo que desconocía el informe porque se había hecho en la administración anterior; sin embargo, cuando entregaron el documento (noviembre pasado), ella ya ocupaba el máximo puesto en esa entidad.
Con respecto a la sugerencia de levantar perfiles sociales, González indicó que, para poder cumplir con ello, debe hacerse una reforma a la ley.
“Los diputados están de acuerdo y, según tengo entendido, doña Floria Segreda, va a presentar un proyecto en esa línea”, apuntó la jerarca.
Segreda, diputada de Restauración Nacional, dijo que el plan lo presentará este lunes y con este pretende que el Poder Judicial realice los informes psicosociales.
COLABORÓ EILLYN JIMÉNEZ B.