Tres décadas de ser garante de derechos y libertad
Costa Rica celebra el 30 aniversario de la Sala Constitucional, tribunal que le permitió a los costarricenses redescubrir la Constitución Política, apropiarse de ella, exigir y reclamar ante un órgano accesible y que ofrece una respuesta rápida cuando se violan sus derechos fundamentales.
La creación de la Sala, el 25 de setiembre de 1989, y su entrada en funcionamiento tan solo dos días después, significó un triunfo histórico para la justicia y un fortalecimiento para nuestro sistema democrático.
¿Qué pasaba antes? ¿Quién resolvía los asuntos relacionados con la materia constitucional? ¿Cómo funcionaba el sistema al enfrentarse a tan relevantes casos como la libertad de tránsito o la discriminación? ¿Se hacía justicia?
Antes de la creación de la Sala, el control constitucional y los recursos de habeas corpus eran analizados por la Corte Plena, conformada principalmente por jueces civilistas, laboralistas y penalistas.
Los recursos de amparo los resolvían los jueces penales, excepto cuando se trataba de funcionarios de alta jerarquía, en esos casos la labor recaía en la Sala Primera (integrada por civilistas).
Arbitrariedades. El hecho de que la jurisdicción constitucional no estuviese conformada por jueces especializados generó una gran dispersión de criterios y limitó una respuesta justa para la ciudadanía.
De hecho, la arbitrariedad fue, en muchos casos, la norma antes de que existiera la Sala Constitucional.
Una investigación liderada por la magistrada de la Sala Constitucional Nancy Hernández López, disponible en el sitio web del tribunal, deja al descubierto huellas tenebrosas de sentencias que validaron atropellos insólitos, como el apresamiento de los dirigentes del Partido Vanguardia Popular al acabar la guerra del 48… aplicándoles retroactivamente un decreto-ley que ilegalizaba dicha agrupación.
También sobresale el racismo, por ejemplo, en el impedimento de ingreso al país a población gitana, a costarricenses de padres chinos, o la negativa de refugio a una familia de alemanes judíos.
Sería inimaginable validar tales injusticias en la actualidad, y eso es gracias a la Sala Constitucional, la cual se ha encargado, desde su creación, de poner freno al despotismo, de ser garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas.
Impacto social. Lo anterior queda en evidencia en las sentencias que día tras día dicta el tribunal —en promedio 60 resoluciones diarias—, algunas de ellas salvan vidas de cientos de personas, como la número 05934 del 23 de setiembre del 1997, en la cual se le ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social brindar tratamiento antirretroviral a los portadores del VIH.
Sobresale, además, la sentencia 13786, del 29 de agosto del 2017, que reconoció el derecho de una familia a que se le entregara el cuerpo de un pariente, resolución en respuesta a un recurso presentado contra el Departamento de Medicina Forense del OIJ porque se negaba a desempeñar su labor como parte de la huelga indefinida del Poder Judicial.
También hay sentencias que producen efecto en una sola persona, pero que, de igual manera, representan un triunfo para la justicia y el país, tal es el caso del fallo número 11723, del 20 de julio del 2018, en el cual se declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por el alumno de secundaria Julián Barquero contra su colegio por no permitirle llevar el pelo largo.
Aunque inicialmente el reclamo de Julián parece no ser materia de derechos humanos, lo cierto es que el estudiante se estaba reponiendo de un tratamiento de quimioterapia y el cabello largo para él, según señalaron su médico y su sicólogo, significaba una esperanza y un triunfo ante la enfermedad, además de ser vital para superar la depresión que lo aquejaba.
No puedo dejar de mencionar las sentencias con impacto político-económico, como la número 03495 de 1992, en la cual se declaran inconstitucionales una serie de artículos de la Ley de la Moneda que negaban acción legal a los contratos en moneda extranjera y limitaban la libre contratación; y la sentencia número 19312, del 2018, sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual brinda un balance entre lo económico y social en beneficio del país.
Antes se cometían arbitrariedades por falta de expertos en materia constitucional