Congreso a punto de crear lucrativo negocio pese a lluvia de objeciones
››Diputados alajuelenses impulsan plan sin estudio sobre beneficios
El Congreso está a las puertas de aprobar un proyecto de ley que crearía un lucrativo negocio de registro de licores, a pesar de que la iniciativa cuenta con una lluvia de objeciones, tanto de instituciones del Estado como del sector empresarial.
Las críticas apuntan al costo de la herramienta, su conveniencia y el retorno económico de esa inversión, así como posibles trabas al comercio formal por la eventual imposición de más cargas tributarias, o bien, por más gastos y trámites.
También, autoridades de Gobierno cuestionaron que se le imponga al Estado la obligación de instaurar un mecanismo de trazabilidad para los licores, con el objetivo de reducir la evasión de impuestos y el contrabando, sin establecer de previo cómo se va financiar.
En Ecuador, la instalación de un sistema similar costó $72,6 millones (unos ¢42.000 millones).
De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, la inversión en el método de marcado de las botellas podría resultar más cara que el dinero que se recupere.
Si se utilizara el sistema ecuatoriano, por ejemplo, el país perdería ¢1.700 millones anuales, les dijo el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, a los diputados.
Y el funcionario agregó: “¿Qué quiere decir esto? Subamos el impuesto a los licores para compensar el costo que tiene el tema de las etiquetas”.
Acosta expresó su opinión
el pasado 24 de setiembre ante la Comisión de Asuntos Económicos, donde se discute el proyecto N.° 20.961, Ley contra la Adulteración, Imitación y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico.
En ese foro también se opusieron los ministros Victoria Hernández y Daniel Salas, de Economía y Salud, respectivamente; así como el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff; y el director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Alonso Elizondo.
Además, por escrito vertieron criterio en contra la Contraloría General de la República, el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea y la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio de Costa Rica (AmCham).
Solo el director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), Jonathan Espinoza, apoyó la totalidad del contenido del proyecto de ley.
A la audiencia, Espinoza se hizo acompañar de los alcaldes Nixon Ureña, de San Ramón; y Horacio Alvarado, de Belén, del PLN y del PUSC, quienes también respaldaron el plan.
El proyecto es impulsado por los diputados alajuelenses Daniel Ulate, Roberto Thompson y María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN), junto a Erwen Masís y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
En una entrevista con este medio, el 6 de setiembre, el socialcristiano Erwen Masís criticó a quienes se oponen al proyecto pues, según dijo, carecen de estudios técnicos de respaldo.
No obstante, el legislador reconoció que los impulsores de la iniciativa tampoco tienen un análisis de respaldo sobre el impacto que tendría la implementación de un sistema como este en el país.
Masís indicó que solo cuentan con la experiencia “exitosa” de países como Ecuador y República Dominicana, donde ya se implementó un sistema de registro y trazado de licores, similar al que se pretende instaurar aquí.
Trámite apurado. Esa iniciativa ya se dictaminó de manera positiva en la Comisión de Asuntos Económicos y actualmente, se encuentra a la espera de que se le abra el segundo día para presentar las últimas mociones vía artículo 137 del reglamento legislativo.
Ese es el último paso que debe superar el texto para que entre al plenario legislativo para su discusión final y votación en primer y segundo debate.
Antes del dictamen afirmativo, los diputados de ese foro no habían convocado a nadie a audiencia; solo habían pedido criterios por escrito, los cuales también llegaban con posiciones en contra del plan.
Fue tras una publicación de La Nación, en la que se dio a conocer que el proyecto carecía de fuente de financiamiento, que los legisladores llamaron a comparecer a los jerarcas de gobierno y a los representantes del sector empresarial, el 9 de setiembre anterior.
Ahora, los promotores de la iniciativa corren por atender las observaciones hechas por los sectores y plasmarlas en un texto sustitutivo que se presentó a principios de mes a la corriente legislativa.
La idea es introducirlo mediante una moción vía 137.