Sectores consideran caro y vulnerable sistema para etiquetar botellas
La implementación de un sistema de registro y trazado de licores tendría un elevado costo para el país, mientras que sus resultados en términos de recaudación, freno al contrabando y evitar muertes por adulteración de bebidas alcohólicas no serían los esperados.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), mencionó, por ejemplo, que en Ecuador el proyecto generó más gastos que ingresos.
Para justificar su afirmación, Egloff citó el informe denominado Comercio Ilícito de Alcohol en Costa Rica, Desafíos y Soluciones de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio llicito, de setiembre de este año.
En ese estudio se consignó que el sistema empleado en Ecuador, llamado Simar, costó $23 millones en sus primeros dos años en uso y que el aumento en los ingresos por alcohol solo fue de $7,6 millones, es decir, un 67% menos.
Además, revela que hubo una disminución en la recaudación por tabaco de casi $14,5 millones, al término del 2018.
“Aunque el sistema Simar (en Ecuador) ha tenido algún impacto en el comercio ilícito de alcohol, esto ha tenido un costo muy alto para el gobierno (ecuatoriano), con una cantidad invertida en el sistema muy superior a los ingresos adicionales por impuestos especiales”, concluye esa investigación.
Daniel Salas, ministro de Salud, opina que el sistema propuesto ayudaría a combatir el contrabando, pero también considera que económicamente no sería la mejor solución.
Salas sostiene que puede ser una alternativa muy costosa y que no tendría los resultados esperados, ya que en otros países se ha demostrado que es suceptible a irregularidades.
“Lo que se ha visto, muchas veces, es que con el paso del tiempo, logran vulnerar el sistema, logran al final poder falsificar productos, incluso, a pesar del sistema”, expresó el jerarca.
“Entonces, también en eso diría que se debe tener cierta mesura de cuál va a ser el gasto en que vamos a incurrir como país, porque puede ser que tengamos la tecnología más elevada, pero que al final puede ser vulnerada y nos vamos a quedar con una inversión que al final no nos va a solucionar el problema”, agregó.
Victoria Hernández, ministra de Economía, puso en entredicho que el mecanismo de marcado sea la solución. Argumentó que no existe uno “infalible que no sea replicable”.
Además, dijo que para hacer un cambio en el etiquetado de las botellas, de previo se requiere de una autorización del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco).
“Hay que pedir permiso porque se pide una autorización a Comieco (...). Hay que llevar el proceso, hay que hacer una negociación con toda Centroamérica, con toda la región. Eso lleva un tiempo, hay que hacer toda una justificación científico-técnica de por qué debería hacerse”, manifestó Hernández.
Egloff también cuestionó que un sistema de marcado de botellas sea la solución para combatir el contrabando, pues el esquema podría ser vulnerado y se abriría una vía para que se imiten o clonen los etiquetados.
“Se abren muchos portillos para el comercio ilícito de estampillas fiscales o comercialización indebida de esos mecanismos que tienen la finalidad de validar la presencia de los productos legales en el mercado.
“Una administración y manipulación incorrecta tendrían efectos adversos con implicaciones no solo económicas, sino también de salud, además de representar una posibilidad muy alta de convertirse en un foco más de corrupción”, dijo el representante de los industriales.
La ministra de Salud tampoco considera que este mecanismo ayude a contrarrestar las muertes por ingesta de alcohol adulterado, pues afirma que muchas de las personas que han fallecido solo se fijan en el precio y no en la procedencia de la bebida.
“Hay muchas personas que con tal de tener el precio más bajo, no necesariamente van a fijarse justamente en el mecanismo de protección. Es algo que lo digo como una observación que vimos durante la investigación, que al final, justamente los productos que están más caros, son los que menos escogen muchas de estas personas que terminaron intoxicadas.
“Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque, obviamente, entre más caro un producto, pues menos accesible (…). Mucha de esta población, no digo que toda, al final mucha gente no está importándole sí tiene un mecanismo de protección (…). Algunos sí, algunos nos importarán más, otros con educación y todo, pero hay unos que en realidad no se van a fijar si tienen el mecanismo de protección que eventualmente podría tener”, añadió Salas.
Sobre el mismo asunto, la ministra Hernández ve “muy difícil” que la adulteración de licores “se evite o se suprima con un dispositivo que facilite la trazabilidad”.
“
SE DEBE TENER CIERTA MESURA DE CUÁL VA A SER EL GASTO EN QUE VAMOS A INCURRIR COMO PAÍS, PORQUE PUEDE SER QUE TENGAMOS LA TECNOLOGÍA MÁS ELEVADA, PERO QUE AL FINAL PUEDE SER VULNERADA Y NOS VAMOS A QUEDAR CON UNA INVERSIÓN QUE AL FINAL NO NOS VA A SOLUCIONAR EL PROBLEMA”.
Daniel Salas
Ministro de Salud
“
HAY QUE PEDIR PERMISO PORQUE SE PIDE UNA AUTORIZACIÓN A COMIECO (CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA) (...). HAY QUE LLEVAR EL PROCESO, HAY QUE HACER UNA NEGOCIACIÓN CON TODA CENTROAMÉRICA, CON TODA LA REGIÓN. ESO LLEVA UN TIEMPO, HAY QUE HACER TODA UNA JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE POR QUÉ DEBERÍA HACERSE”. Victoria Hernández Ministra de Economía
“
UNA ADMINISTRACIÓN Y MANIPULACIÓN INCORRECTA TENDRÍA EFECTOS ADVERSOS CON IMPLICACIONES NO SOLO ECONÓMICAS, SINO TAMBIÉN DE SALUD, ADEMÁS DE REPRESENTAR UNA POSIBILIDAD MUY ALTA DE CONVERTIRSE EN UN FOCO MÁS DE CORRUPCIÓN”. Enrique Egloff
Jerarca de los industriales