Fortalecer la confianza y eliminar privilegios
Es preocupante el pesimismo de empresarios y ciudadanos, en general, sobre el futuro económico del país. La inversión extranjera se mantiene estable y la institucionalidad se fortalece. La exportación de productos médicos y servicios crece al igual que el turismo.
Lo que pasa es que el gobierno no ha tenido un discurso coherente para entender a dónde quiere llegar en relación con los gastos, la inversión y el modelo de desarrollo en una era caracterizada por el uso intensivo de la tecnología.
De acuerdo con una encuesta llevada a cabo en agosto por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, el 76 % cree que el país transita por el rumbo equivocado.
Producto de esta incertidumbre, el índice mensual de actividad económica (IMAE) cayó de un 5,4 % en julio del 2015 a un 1,5 % en febrero del 2019. El IMAE, a julio del 2019, es preocupante en el sector agrícola (-4,8 %). El industrial en zonas francas logró un crecimiento del 11 %. En contraste, las empresas fuera del régimen apenas crecieron. En otras palabras: tenemos exportadores con vigor y un comercio local contraído desde mayo del 2018.
La construcción decreció del 18,5 % en julio del 2018 a -10,7 %. El IMAE del comercio pasa de un crecimiento del 2 % en julio del 2018 a -0,7 % en julio del 2019.
Otras actividades, como la administración pública, la enseñanza, la sanidad y el transporte también caen ligeramente desde noviembre del 2017. Servicios profesionales, turismo, información, banca e inmobiliaria registran, en promedio, un 3 % a julio del 2019.
Las infocomunicaciones se mantienen en un 5 % en los dos últimos años. El crédito para consumo se redujo a la mitad este año: de 5,9 %, en el 2018, al 2,5 %.
Empoderarse. Este cuadro complicado de confianza es consecuencia de no haber visto por parte del gobierno firmeza en el cumplimiento de la regla fiscal creada con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. No deben existir interpretaciones distintas dependiendo de la institución.
El gobierno y la Contraloría deben ser tajantes y no permitir incumplimiento a las universidades, municipios, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Poder Judicial y otros entes parte del enjambre público.
De no abolir las excepciones, el país estará en problemas fiscales peores a corto plazo. El gasto en remuneración de los empleados estatales superará los ¢5,7 billones, cuando en el 2011 era de ¢3,5 billones.
En solo siete años, los salarios del gobierno crecieron un 31,3 % en términos reales, creando una enorme brecha con respecto a la empresa privada.
Servicio Civil. La planilla estatal ronda los 304.000 empleados y no existe un registro digital sobre las plazas y su evaluación. La Dirección General de Servicio Civil cuenta con pocas herramientas legales y tecnológicas para manejar su competencia, que es sobre el Gobierno Central, compuesto por 101.000 personas.
El Servicio Civil necesita una reingeniería y dotarlo de más recursos financieros y humanos para ordenar el caos en las remuneraciones en el aparato estatal como un todo.
No son sostenibles las diferencias salariales y los pluses. El Servicio Civil debe ser una organización simple, con competencias claras y articuladas como un ente rector del trabajo público, que establece las grandes directrices bajo la subordinación del Ministerio de Planificación (Mideplán). Hay que ordenar las compensaciones para llegar a un salario igual para trabajos idénticos, valoraciones justas e incentivos justificados por productividad.
Los principales entes descentralizados nunca han tenido una ley general de empleo, materia compleja por los diversos intereses que nos tienen atrapados en una maraña institucional. No podemos seguir alimentando un caos tan perverso, donde un policía del primer rango, que arriesga su vida diariamente, gana ¢315.500 mensuales, mientras un guarda del ICT percibe hasta ¢1,7 millones.
Contra toda lógica, el 25,8 % de los empleados públicos tienen entre 5 y 9 anualidades y un 1 % disfruta 40 o más anualidades. Existen, por lo menos, 127 diferentes incentivos, 88 de ellos para los educadores. Tales privilegios son de tal complejidad que administrarlos y evaluarlos resulta casi imposible.
En la Administración Pública, no se revisan los esquemas de compensación, responsabilidades y calificaciones. Estamos atrapados por problemas de gobernanza, ejecución y sostenibilidad en el sistema de remuneraciones.
Un empleado del quintil 1 recibe una anualidad del 9,2 % y un aumento salarial de ¢61.000, mientras que un empleado del quintil 5 tiene derecho a anualidades promedio desde ¢20.500 hasta ¢344.000.
El sistema de incentivos fue creado en 1957; el zonaje, en 1965; la prohibición, en 1975; la dedicación exclusiva, en 1983; y la disponibilidad, en 1997. Solo 7 de 250 pluses salariales se otorgan por desempeño. El Ministerio de Educación destinó en el 2017 ¢384.000 millones al pago de sus 88, pero el 97 % de ese pago no está ligado al desempeño.
La Universidad de Costa Rica reconoce 17 pluses, lo cual representó en gasto ¢72.000 millones en el 2017, con un crecimiento del 5,5 %. Las convenciones colectivas deben mantenerse, pero todo nuevo incentivo debe ser aprobado por el Congreso de acuerdo con las posibilidades económicas del país y la evaluación del desempeño.
El país está urgido de un régimen robusto para regular integralmente el empleo público; establecer un salario global o monto único para trabajadores del Estado. Los salarios deben ser muy competitivos para atraer talento y darles estabilidad. Toda persona con un puesto en el Gobierno debería acreditarse cada tres años a fin de alcanzar la excelencia y la competitividad requeridas a quienes brindan un servicio público.
Hoy, más que nunca, es preciso una rectoría profesional en reclutamiento, salarios, incentivos, acreditaciones y obligaciones. Todas las instituciones deben estar bajo las mismas regulaciones.
Confianza. El sector privado necesita que lo dejen trabajar y generar riqueza. En respuesta, debe facilitarse el camino a la inversión y dejar de aprobar impuestos y trabas.
Hay que volver a dar confianza a los consumidores y al sector productivo privado estimulando la inversión y la demanda interna. No sigamos estrujando los ingresos de la mayoría de los hogares y manteniendo privilegios a unos pocos.
Es preocupante que la tasa de desempleo creciera de un 8,7 % en el primer trimestre del 2018 al 11,9 % en el segundo del 2019.
No cabe duda de que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas le significará más ingresos al gobierno, pero es crucial que todas las instituciones se amarren la faja en el gasto o estaremos peor.
El gobierno no ha tenido un discurso coherente y la gente percibe que tampoco tiene rumbo