Una generación por rescatar
Entre los hallazgos más preocupantes del Sétimo Informe Estado de la Educación, recientemente publicado, resalta que 53.000 jóvenes de entre 12 y 16 años no están matriculados en ningún centro educativo.
Se trata, por tanto, de un punto ciego de la política pública actual, que alcanza una dimensión mayor si se agregan los estudiantes que se inscriben en el colegio a principio de año y no terminan el curso lectivo, los cuales suelen ser unos 20.000 cada año.
He señalado en distintos espacios y foros que la situación constituye una emergencia nacional: de no lograr que esta población regrese a las aulas y adquiera un conjunto de destrezas clave, se convertirá en una nueva generación perdida, similar a la que tuvimos en los años ochenta, cuyos miembros, en su mayoría, al no completar la educación secundaria, no pudieron acceder a empleos de calidad ni elevar sus ingresos ni mejorar sus condiciones de vida en general. No rescatar esta nueva generación de jóvenes que hoy está fuera de los salones de clases supone, para ellos y el país, la pérdida de oportunidades valiosas de desarrollo humano y crecimiento económico.
También, contribuirá a ensanchar la desigualdad social que se explica, entre otros factores, por las crecientes brechas debido a las diferencias en los años de escolaridad.
A la deriva. En algunas regiones identificadas en el Informe Estado de la Educación, no hacer nada significará dejar a estos jóvenes solos en las calles, a merced del narcotráfico, actor que toma fuerza y cuyos efectos negativos en la dinámica social, política y económica nacional aún no terminamos de dimensionar.
Frente a la exclusión de esta cohorte, Costa Rica tiene dos opciones: dejar pasar el dato como una noticia más o tratarlo como un riesgo de atención urgente para la política social y sus instituciones (MEP, IMAS, Fodesaf, PANI, INA, Consejo de la Persona Joven, entre otras). Asimismo, por la dimensión y complejidad del problema, es necesaria la intervención de otros actores relevantes, como los gobiernos locales, las asociaciones de desarrollo comunales y las organizaciones empresariales, gremiales y privadas de la sociedad civil, así como de los organismos internacionales comprometidos con la población joven.
El primer paso es reconocer el problema. El segundo, mejorar los sistemas de información estatales para identificar a esta población y buscarla. En paralelo, es urgente diseñar nuevos programas y apoyar los que ya promueven diversas instituciones públicas y privadas para ofrecer alternativas de formación a la población joven excluida.
Es el momento para actuar, hacer la diferencia y cambiar de rumbo en favor de un mejor futuro para una generación que lo merece y necesitamos. Los riesgos y los nubarrones surgen cuando prima la inacción. Un lujo que, como sociedad, no podemos darnos.
Emergencia nacional: 53.000 jóvenes de entre 12 y 16 años no asisten a clases