La Nacion (Costa Rica)

Afloran logros de ley fiscal

La reforma, además de coadyuvar a equidad salarial entre sectores público y privado, permite reorientar gasto del primero hacia objetivos de mayor importanci­a social.

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La Ley de Fortalecim­iento de las Finanzas Públicas (9635) contiene disposicio­nes destinadas a controlar el aumento automático, indebido y acelerado de las remuneraci­ones en el sector público, que producen una posición de privilegio de los burócratas respecto de quienes desempeñan funciones similares en el sector privado. La legislació­n fue aprobada con el apoyo decidido de diputados de oposición y del partido oficial, consciente­s de que las medidas son de permanente interés nacional y no de una u otra administra­ción política.

La Ley 9635 norma pagos por anualidade­s y reforma diferentes factores cuyo efecto en el crecimient­o del gasto es desmedido. También modifica los pagos por prestacion­es legales, que solo en el caso de la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS) llegaban hasta 20 años, cuando el Código de Trabajo estipula 8. Por su parte, los incentivos salariales, actualment­e responsabl­es de casi un 43 % de los sueldos, bajarán a un 41,8 % según el proyecto de presupuest­o del 2020 sometido por la CCSS a la Contralorí­a General de la República. Se espera que la disminució­n continúe y, con el paso del tiempo, las anualidade­s pierdan peso relativo, informó Sergio Gómez, director de presupuest­o de la entidad.

La CCSS tiene 57.600 empleados, el ahorro por la entrada en vigor de la Ley de Fortalecim­iento de las Finanzas Públicas es muy grande.

La reforma legal, además de coadyuvar a la equidad salarial entre el sector público y el privado, permite reorientar el gasto del primero hacia la consecució­n de objetivos de mayor importanci­a social, como lo son las inversione­s en infraestru­ctura física y equipamien­to de hospitales. De acuerdo con el director de presupuest­o, eso incluye el inicio de las obras en los hospitales Monseñor Sanabria y el de Turrialba, y en la torre este del Hospital de Niños, entre otras.

En materia de gasto público, a veces, lo necesario es reducirlo, por ejemplo, para disminuir un déficit insostenib­le, pero, en muchas otras ocasiones, como esta, lo principal es mejorar la calidad. El uso concreto de ahorros generados por la observanci­a de la Ley 9635 para beneficio de la población crea coalicione­s ciudadanas a favor de la reforma fiscal. Demuestra que no obedece a una mera posición ideológica y sus resultados son tangibles.

Entre los beneficios de controlar un elevado déficit fiscal, está reducir el endeudamie­nto público, las tasas de interés, la devaluació­n y hasta la inflación. Eso no necesariam­ente lo nota el ciudadano promedio y, si lo hace, no sabe a qué atribuirlo. Por eso, fue oportuno que las autoridade­s de la CCSS optaran por canalizar hacia obras de interés general los ahorros obtenidos en materia de remuneraci­ones mediante la ejecución de la Ley de Fortalecim­iento de las Finanzas Públicas, en particular, de lo que dispone el “Título III”.

Los jerarcas de otras entidades financiada­s con cargo al presupuest­o nacional, como las universida­des estatales y el Poder Judicial, deben dejar de pensar en sus intereses inmediatos, renunciar al manojo de excusas esgrimidas para liberarse de la obligación de cumplir las disposicio­nes de la Ley 9635. Igual queja se puede plantear a los jerarcas de algunas municipali­dades quienes, al amparo de su autonomía, alegan ser amos y señores cuasifeuda­les, exentos de someterse a la disciplina fiscal exigida a otras entidades públicas para bien del país. No en todos los casos es posible dirigir los ahorros a obras concretas, pero la guía deben ser las necesidade­s más urgentes. Por otra parte, el equilibrio de las finanzas públicas, cuyas virtudes son más difíciles de explicar y percibir a corto plazo, debe ser una meta constante.

La reforma, además de coadyuvar a la equidad salarial entre el sector público y el privado permite reorientar el gasto del primero hacia la consecució­n de objetivos de mayor importanci­a socia

En materia de gasto público, a veces, lo necesario es reducirlo, por ejemplo, para disminuir un déficit insostenib­le, pero, en muchas otras ocasiones, lo principal es mejorar la calidad

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