Caja adecuó pluses a ley fiscal antes de lo previsto
››Presidente ejecutivo alega que un nuevo decreto facilitó el proceso
En agosto, el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, pronosticó que ajustar el pago de pluses de los 57.000 funcionarios de acuerdo con lo que ordena la ley fiscal, les tomaría 20 meses.
También advirtió de que no contaban con una “varita mágica” para hacerlo de una vez pues se trata de un sistema informático que opera con el lenguaje Cobol (creado en 1959) y que tan solo cuatro funcionarios, próximos a jubilarse, dominan ese tipo de programación.
Sin embargo, en dos meses, la CCSS logró el cambio y desde la primera quincena de octubre modificó el pago de pluses de forma porcentual a montos fijos, ajuste contra el cual se declaró en huelga, durante más de una semana, un sector de la planilla.
¿Cómo lo hizo? ¿Por qué de 20 meses previstos, se pudo en mucho menos? “Ningún milagro: son claros los esfuerzos de la Caja por cumplir la Ley 9635”, afirmó la CCSS en un comunicado en respuesta a La Nación.
Macaya explicó que un decreto presidencial para aclarar alcances de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas (9635) facilitó la implementación de cambios.
Dijo que en el pago del 11 de octubre se ajustaron las remuneraciones y que no se hizo antes por “imposibilidad material, no por resistencia”.
Agregó que la emisión de cuatro diferentes decretos que establecían reglas de aplicación de la reforma complicaron los cambios en el software. Según él, el que ayudó en el proceso fue el tercero, el 41807 Mideplán-H, del 31 de julio.
“Lo que vino a acelerar el tiempo para facilitar los ajustes fue el tercer decreto, que facilitó desde el punto de vista técnico la implementación de los ajustes, no solo para la CCSS, sino para todas las instituciones públicas“, afirmó.
Wálter Campos, jerarca a. i. de la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la Caja, insistió en que la entidad comenzó a aplicar la ley “sin tener reglamento”.
Se hizo, dijo, “en aquellos componentes donde su ejecución podía ser de forma manual, como la cesantía, la dedicación exclusiva y la prohibición. (...) En anualidades y otros componentes salariales, expresados en términos porcentuales, se requería realizar ajustes en el sistema informático de pago”, aseguró.
Según él, las primeras estimaciones tuvieron como base el decreto del 18 de febrero que estipulaba que las anualidades anteriores a la ley “se respetan en su valor y en la forma en que fueron calculadas”.
“Sin embargo, se publica un segundo decreto, del 22 de mayo, que hacía inviable a corto plazo ajustar el sistema de pagos actual; de ahí que la institución comunicó a la Presidencia de la República y a Mideplán que se requería ampliar el plazo a marzo del 2021 para rediseñar el sistema de pago”, dijo Campos.
Una consulta al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica sobre este asunto fue la que generó tercer decreto (el de julio), donde se establece que las anualidades y otros componentes salariales “se revalorizarán en forma nominal”.
“Una vez conocido este decreto, se estimó por parte de los equipos técnicos la posibilidad de realizar una modificación (parche) al sistema actual de pago de forma temporal, sin renunciar al desarrollo total del sistema a un nuevo lenguaje informático”, sostuvo Wálter Campos.
“No hay duda de que esta aclaración allanó el camino para la implementación informática de los componentes salariales y las anualidades de forma nominal, solicitados por la Dirección de Administración y Gestión de Personal, lo cual se pudo aplicar en el pago del 11 de octubre”, agregó.
La CCSS aseguró que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en una comparecencia del 3 de octubre en la Asamblea Legislativa, reconoció no haber previsto los periodos necesarios de transición.
En esa misma cita, según la CCSS, Aguilar anunció la firma de un nuevo decreto que permitiría hacer los ajustes en el segundo semestre.
De acuerdo con un estudio actuarial del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), las modificaciones realizadas por la Caja representarían, para médico asistente, un ajuste promedio hacia abajo de ¢50.000 mensuales en el pago de la anualidad.
Para un funcionario con puesto técnico, como un asistente de pacientes, el ajuste sería de ¢1.942 por mes.
La ley fiscal frenó el pago porcentual de anualidades y pluses para evitar su crecimiento exponencial.