En la CCSS no hay resistencia a cumplir la Ley 9635
En el artículo titulado “Primer salario de octubre incluyó ajustes por reforma fiscal a empleados de CCSS”, publicado en la edición digital del 14 de octubre y en la impresa del 15 de octubre, La Nación reitera errores de apreciación que hemos aclarado hasta la saciedad.
Hemos insistido en que la CCSS cumple la Ley 9635 desde diciembre del 2018, por lo tanto, no ha habido meses de resistencia. De hecho, fue la primera institución en observar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Hemos explicado que existía imposibilidad tecnológica para observar la ley en todos sus extremos, como les sucedió a otras entidades públicas que no han sido sometidas a cuestionamientos por parte de La Nación.
La CCSS ha tenido que ajustar las aplicaciones tecnológicas de pago después de la emisión de cada uno de los cuatro decretos. El 3 de julio quedaron los ajustes en las remuneraciones de los colaboradores.
La Nación también insiste en señalar como “pacto” lo firmado en febrero entre la CCSS y los sindicatos, lo cual motivó la huelga de agosto.
Hemos explicado reiteradamente que los compromisos suscritos en febrero se basaron en la ley y el reglamento vigentes en ese momento, publicado en el decreto 41564 MIDEPLA-H el 18 de febrero del 2019.
Nadie tiene una visión prospectiva, por tanto, era imposible prever que vendrían tres decretos más. Se cumplió lo que estaba en vigor en febrero, tanto la Ley 9635 como el primer decreto emitido por el Ministerio de Planificación.
De igual manera, la CCSS se basó en el criterio jurídico del Servicio Civil del 15 de enero del 2019, sobre incentivos y compensaciones.
Se equivoca La Nación al consignar que “se firmó otro acuerdo que reiteraba los compromisos de febrero”. El documento suscrito en agosto lo que planteó fue una solución por la vía de un proceso de lesividad para anular los puntos 1 y 2 del acuerdo de febrero.
De igual manera, se debe aclarar que el cálculo de las anualidades se efectuó con base en el salario de julio del 2018, según el decreto.