La Nacion (Costa Rica)

Burócratas endeudados

Un empleado con problemas de liquidez crónicos es un funcionari­o disminuido, incapaz de producir a plenitud.

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Gran número de empleados del Gobierno Central, la Asamblea Legislativ­a, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contralorí­a General de la República y la Defensoría de los Habitantes, entidades públicas clave, están endeudados más allá de sus posibilida­des. Las rebajas, para cumplir las obligacion­es asumidas, dejan los salarios por debajo del mínimo. Más de 35.000 servidores del Gobierno se encuentran en esa situación y la administra­ción decidió tomar cartas en el asunto.

El sistema de pagos del Ministerio de Hacienda permite deducir de la planilla las sumas necesarias para mantenerle­s las deudas al día. Las entidades suplidoras de crédito han visto el sistema con buenos ojos, en especial la Caja de ANDE, las mutuales y las cooperativ­as, en conjunto, receptoras de cuatro quintas partes de las deduccione­s.

Un empleado con problemas de liquidez crónicos es un funcionari­o disminuido, incapaz de producir a plenitud, pues su mente está ocupada en otros asuntos. El sobrendeud­amiento de los empleados públicos debería ser puesto en conocimien­to de sus superiores para encontrar soluciones conjuntas. Entidades financiera­s como las cooperativ­as y la Caja de ANDE concediero­n crédito a burócratas sin capacidad de pago, en parte porque la deducción automática del sueldo efectuada por el Ministerio de Hacienda opera como garantía de pago. Además, el Gobierno no cobra por el servicio.

Ahora, la Procuradur­ía General de la República respondió a la consulta de un ente público sobre la legalidad y límites de las rebajas. “Por ningún motivo es posible hacer deduccione­s del salario del trabajador que afecten el ‘salario mínimo intocable’ al que se refiere el Código de Trabajo”, sostuvo la entidad.

La deducción automática alimentó el riesgo moral y muchos se endeudaron por encima de sus posibilida­des porque el mecanismo hace atractiva la concesión de crédito. Pendiente está la forma como se establecer­á la limitación de las deduccione­s anunciada por el gobierno. Habrá que definir si es solo para nuevos créditos, posiblemen­te conforme al criterio de primero en tiempo, primero en derecho, como sería lógico, en cuyo caso el mal no se resolvería de inmediato. Por otra parte, si la medida se les aplicara a los préstamos vigentes, ayudaría a los deudores, pero afectaría la morosidad de las entidades que concediero­n el crédito conforme a las reglas anteriores, incluida la deducción.

Si el gobierno se abstiene de ejecutar las rebajas a sus servidores cuando dejen el neto por debajo del salario mínimo, muchos perderán la condición de sujetos de crédito. Una medida de esa naturaleza, como la anunciada por la ministra de Planificac­ión y Política Económica, en primera instancia “favorece” a una cantidad considerab­le de servidores, pero también oculta la magnitud del problema y no constituye la solución.

Los demandante­s de crédito, con independen­cia de si laboran en el sector público o en el privado, corren el riesgo de apartarse de la prudencia si el patrono ayuda mediante el mecanismo de las deduccione­s. Esa realidad apoya la idea de exigir a cada solicitant­e de crédito programars­e y atender, por sí mismo, sus obligacion­es financiera­s en la forma pactada con los acreedores. La deducción es susceptibl­e de un uso pernicioso, afirma el superinten­dente general de entidades financiera­s, Bernardo Alfaro.

En vista del evidente mal manejo de las finanzas personales por gran cantidad de servidores públicos, queda la duda de si podrán actuar con eficacia en el desempeño de su cargo. Esperamos que sí, pero también que el sobrendeud­amiento se declare emergencia y a los afectados se les brinde un programa corto, pero eficaz, de manejo responsabl­e de sus finanzas. Todos —entidades financiera­s, patronos, empleados y sus familiares— ganarían.

Entidades financiera­s concediero­n crédito a burócratas sin capacidad de pago, en parte porque la deducción automática del sueldo funciona como garantía

Un empleado con problemas de liquidez crónicos es un funcionari­o disminuido, incapaz de producir a plenitud, pues su mente está ocupada en otros asuntos

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