Diputados fraguan golpe a independencia judicial
Seis grupos políticos proponen cambiar reelección de magistrados
Un grupo de 29 diputados admitió para estudio un proyecto de reforma a la Constitución Política que golpearía la independencia del Poder Judicial, pues condicionaría la reelección de magistrados al poder político, al cambiar las reglas para la selección de los altos jueces.
La iniciativa reduce de ocho a cinco años el periodo en que un magistrado ejerce el cargo y, a la vez, obligaría a los jueces de la Corte Suprema de Justicia a buscar el apoyo de 38 legisladores para reelegirse, únicamente por un periodo.
Se trata de una modificación a varios artículos de la Carta Magna, que establecen requisitos y trámites para elegir a los integrantes de la Corte Plena, así como la duración del nombramiento y el mecanismo de reelección.
Este mecanismo se contrapone al actual, establecido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, el cual procura evitar que el poder político remueva con facilidad a los altos jueces, de acuerdo con el principio de independencia de poderes.
La idea es que los jueces resuelvan, sin buscar la complacencia de los otros poderes.
Hoy, los magistrados son reelectos de manera automática por periodos de ocho años, a menos de que 38 de los 57 legisladores se pronuncien en contra.
El miércoles 30 de octubre, el plenario aprobó la admisibilidad de la propuesta de reforma, con lo cual se creará una comisión especial para que dictamine. 29 diputados votaron a favor y 11 en contra.
La admisibilidad es el segundo trámite al que debe someterse una reforma parcial a la Constitución. El primero es la realización de tres lecturas de la propuesta, en días diferentes, con seis días naturales de por medio.
Leído el plan por tercera vez, los diputados deciden si admiten la reforma para su estudio, con la mayoría simple de los congresitas presentes en el plenario.
Esta iniciativa es del congresista Rodolfo Peña Flores, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pero él no la presentó solo.
Junto a Peña, firmaron 13 congresistas más: Óscar Cascante, Aracelly Salas, María Inés Solís, Shirley Díaz, María Vita Monge y Pedro Muñoz, del PUSC; Welmer Ramos, Nielsen Pérez, Enrique Sánchez y Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Harllan Hoepelman, del bloque fabricista; y el independiente Erick Rodríguez Steller.
El miércoles pasado, la admisibilidad fue votada por 10 legisladores del Partido
Liberación Nacional (PLN), cinco del PUSC, cinco de Restauración Nacional, cinco del bloque fabricista Nueva República, dos del Partido Integración Nacional (PIN), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC) y un independiente.
En contra, se pronunciaron cinco congresistas del PAC, tres del PLN, uno del PRSC, una del PIN y uno del Frente Amplio.
La iniciativa legal también intenta que la elección de los magistrados suplentes no esté sujeta a la lista de nombres que proponga la Corte Suprema de Justicia, sino que la realice la Asamblea Legislativa con base en quienes se postulen para esos cargos de suplencia.
Asimismo, hoy cuando la Corte Plena tiene que sancionar a un magistrado, la decisión se toma en secreto y con dos tercios de los 22 altos jueces. La reforma plantea que esa votación sea pública y con el aval de la mayoría simple del pleno, o sea, 12 magistrados.
Aunque la iniciativa fue admitida para estudio, podría no tener el suficiente apoyo para ser finalmente incluida dentro de la Constitución, para lo cual requiere de 38 votos.
‘Solo fue un acuerdo para estudio’. Varios legisladores liberacionistas aseguran que existía el compromiso de admitir para estudio la iniciativa, sin que eso implique que la avalen por el fondo.
Aunque votó a favor de la admisibilidad, el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, manifestó que él, en lo particular, prefiere periodos más largos y le gustan los de ocho años que actualmente establece la Constitución.
Además, alegó que no se debería crear un mecanismo que suponga una forma de “supeditar la voluntad de las y los magistrados al poder político”. Por esto, dijo, preferiría mantener el sistema actual de reelección.
El alajuelense Roberto Thompson alegó que el PLN consideró importante abrir la discusión “ante diversas inquietudes relacionadas con la forma y plazo de elección y reelección de magistrados”.
Añadió que el proyecto de Peña permitiría esa discusión, pero bajo el entendido de que el fondo se debatirá en la comisión dictaminadora.
“Percibo un mayor consenso en dejar el plazo de ocho años de nombramiento, limitando la reelección a un único periodo, pero es un tema que no se ha abordado en la fracción”, dijo.
El presidente de la Comisión de Nombramientos, el liberacionista Luis Fernando Chacón, reveló que hubo un acuerdo entre todas las fracciones para admitir el estudio de varias reformas constitucionales, pero no precisamente con acuerdo de aprobación.
“Es solo para análisis y discusión. Incluso, en el seno del PLN, hay posiciones contrarias en todos los proyectos. Ninguna de las reformas tiene consenso. No hay compromiso político”, alegó Chacón.
En cuanto al fondo del plan de Peña, adujo que cinco años le parece poco para el periodo de un magistrado, pues se le debería permitir desarrollar su experiencia. Admitió que la preocupación sobre el gasto que significa tramitar un proyecto sin viabilidad estuvo entre las discusiones sobre este plan.
También, cree que dos periodos de ocho años cada uno sería adecuado.
Jorge Fonseca, también del PLN, comentó que él está a favor de que se discutan todas las propuestas, aunque muchos legisladores se oponen. Adujo que cree en un solo plazo para los magistrados, de nueve años, tal como lo propuso el constitucionalista Rubén Hernández.
PUSC: Magistrados son ‘vitalicios’. Pedro Muñoz, subjefe de fracción del PUSC y quien aclaró que opina a título personal y no en representación del Partido, aseguró que “los magistrados son casi vitalicios”.
“Remover un magistrado es, prácticamente, imposible. Necesitamos renovar la Corte como hemos necesitado renovar los otros poderes, pero con las reglas que tenemos hoy, es imposible hacerlo”, aseguró.
Según Muñoz, es apremiante refrescar el Poder Judicial debido a las acusaciones de corrupción que ha enfrentado en los últimos tiempos.
Esa renovación urgente en la Corte, sostiene el diputado rojiazul, se debe a que en su seno existe una división que repercute en los juzgados y hasta en la Fiscalía
“Hay una pelea entre dos bandos, y esa división no solo influye en las resoluciones, sino también en los casos que se conocen, en los casos que se desestiman y en los casos que se dejan de conocer”, enfatizó Muñoz.
Por esas razones, argumentó el socialcristiano, ha votado contra la reelección de los magistrados Julia Varela y Paul Rueda, los dos últimos altos jueces quienes optaron por permanecer en el cargo.
Se intentó conocer el criterio de la jefa liberacionista, Silvia Hernández; sin embargo, no respondió llamadas ni mensajes.
Tampoco respondieron el proponente de la iniciativa, Rodolfo Peña, ni Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, así como tampoco los fabricistas Carmen Chan y Jonathan Prendas.
“
REMOVER UN MAGISTRADO ES, PRÁCTICAMENTE, IMPOSIBLE. NECESITAMOS RENOVAR LA CORTE COMO HEMOS NECESITADO RENOVAR LOS OTROS PODERES, PERO CON LAS REGLAS QUE TENEMOS HOY, ES IMPOSIBLE HACERLO”.
Pedro Muñoz
Diputado PUSC