Insinuaciones, contradicciones y anónimos
Un panfleto insinúa que nuestras noticias sobre el plan para atacar contrabando de licor responden a la defensa de intereses comerciales.
El diputado liberacionista Daniel Ulate negó la repartición de un panfleto apócrifo en el plenario legislativo, aunque sus compañeros aceptan haberlo recibido de él y muchos lo vieron con las hojas impresas en mano. Cuando un periodista de La Nación le informó sobre la existencia de testigos, hizo un giro para sostener que la información contenida en el panfleto es totalmente pública, lo cual despierta dudas sobre la necesidad de repartirla bajo el velo del anonimato.
Efectivamente, la información es pública. Un vocal de la junta directiva del Grupo Nación, sociedad propietaria de este diario, es vocal de la junta directiva de Florida Ice and Farm (Fifco), dueña de la Cervecería Costa Rica. Otra persona es miembro de los comités de vigilancia de las dos compañías. El dato es público desde el momento de las designaciones, pero ambas empresas lo publican en sus páginas de Internet, como señala el mismo panfleto distribuido con técnicas evocadoras de la clandestinidad política.
La intención del panfleto es obvia: insinuar que las informaciones de La Nación sobre el proyecto impulsado por Ulate para combatir el contrabando de licores responden a una defensa de los intereses de la cervecería. Cuando el periodista pregunta directamente al diputado si insinúa que nuestras publicaciones se deben a los dos directivos compartidos entre las empresas, responde: “No, no, no”, y más adelante dice respetar “muchísimo” la labor que nosotros hacemos “como periodistas”.
En suma, distribuyó como panfleto apócrifo unos datos de dominio público que insinúan una relación entre las informaciones de La Nación y los directivos compartidos con Fifco, pero esa no es su intención porque respeta mucho nuestra labor periodística, lo cual no lo hace “dejar de pensar mal y poner malicia”, como dice más adelante, o considerar que las publicaciones “van más allá de un interés profesional a un interés empresarial”, como había manifestado poco antes en la misma entrevista.
Apenas nacion.com publicó la entrevista, ya a salvo de una repregunta, Ulate se trasladó a Facebook para reiterar insinuaciones en una publicación titulada “No me contradigo y sigo de frente hablando las cosas como son”. Es difícil evitar la risa.
El legislador no admite ser autor del panfleto. Según él, es una copia tal “como está en los links” que llevan a las páginas de las empresas. No es cierto, como le resultará obvio a quien vea el panfleto o haga clic en los links. Alguien elaboró el libelo, le puso texto y dibujó cajas negras en torno a un par de siluetas para destacarlas. El diputado niega haberlo hecho. Solo compartió con sus compañeros una información que le pasaron. No revela quién, pero el benefactor se tomó la molestia de diseñar el panfleto y hacer suficientes copias para que Ulate las “compartiera”, siempre sin intención de hacer insinuaciones sobre nuestra labor periodística, pero con la “malicia” de quien quiere sembrar dudas sin fundamento.
Cuando se le pregunta por qué no habló abiertamente en el plenario, donde goza de inmunidad, Ulate contesta haber hecho “muchas manifestaciones sobre este tema”, pero cuando el periodista insiste en saber si la mención de “la parte empresarial” tiene el propósito de insinuar que La Nación criticó el proyecto porque comparte directivos con Fifco, responde: “No, yo no tengo pruebas para decir esto que usted está afirmando”.
Si lo descrito carece de sentido, no es porque el diputado “habla de frente” mientras distribuye panfletos anónimos para insinuar, sin fundamento, una motivación oculta en la labor periodística que tanto respeta. Esa labor periodística no merecería respeto si, como el diputado, careciera de pruebas. Por eso, se impone preguntar cómo afectan a los dos directivos compartidos los siguientes hechos, entre otros, probados y publicados por La Nación:
-El 28 de agosto del 2018, Ulate presentó, junto con otros cuatro diputados, el proyecto 20961 —Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico— que obligaría al Ministerio de Hacienda a establecer “un registro de códigos de barras y de etiquetados de licores o cualquier otro mecanismo que posibilite la identificación por parte de los consumidores y de las autoridades policiales de bebidas con contenido alcohólico adulterado, de imitación o de contrabando”.
-El 20 de setiembre del 2018, Ulate se reunió con el entonces director para América Central de la compañía suiza Sicpa, comercializadora de sistemas de rastreo de licores en Brasil, Chile, Ecuador y República Dominicana. Se trata de Bernardo Arce Gutiérrez, ministro de Transportes y de Seguridad entre 1994 y 1996, durante el gobierno de José María Figueres Olsen. El legislador admitió que conversaron sobre la tecnología para la trazabilidad de licores.
-El proyecto fue dictaminado positivamente el 30 de julio del 2019.
-Durante el acelerado trámite, los diputados no celebraron audiencias, solo pidieron criterios por escrito, la mayoría de los cuales fueron negativos. Luego de una publicación de La Nación, en la cual se señalaba la falta de financiamiento del proyecto, los legisladores llamaron, en setiembre, a los jerarcas del gobierno y representantes empresariales. Es decir, las audiencias tuvieron lugar después del dictamen positivo.
-El Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, organizaciones empresariales y de comercio se opusieron. Hacienda explicó que la inversión podría resultar más cara que el dinero recuperado. Otras objeciones se fundamentaron en que el costo crearía trabas al comercio formal por la imposición de más cargas, gastos y trámites.
-El 6 de setiembre del 2019, el diputado socialcristiano Erwen Masís alegó que la experiencia del rastreo de licores ha sido exitosa en Ecuador y República Dominicana.
-En Ecuador y República Dominicana, así como en Chile y Brasil, el sistema de rastreo fue contratado a la compañía suiza Sicpa, de la cual es presidente para América Latina el expresidente José María Figueres. En Ecuador, el contrato de monitoreo costó $72,6 millones (unos ¢42.000 millones) y, en Brasil, $740 millones (¢430.000 millones), por ejemplo.
-En el registro de lobistas de Chile, el expresidente Figueres figura como cabildero de Sicpa en reuniones con altos funcionarios de Hacienda. La prensa local también ha informado del exmandatario costarricense como presidente de Sicpa.
-En Brasil, un tribunal federal condenó a tres personas por $15 millones en sobornos relacionados con la adjudicación de un contrato a Sicpa. Según la justicia brasileña, la licitación fue contaminada desde su origen para llevar a un resultado satisfactorio para los intereses de la compañía suiza. El entonces vicepresidente de Sicpa en Brasil, Charles Nelson Finkel, fue condenado a 11 años y medio de prisión por utilizar una compañía en Estados Unidos para pagar, entre el 2009 y el 2015, el soborno a Marcelo Fisch de Berredo Menesez, alto funcionario de la Casa de la Moneda, en las cuentas de la esposa del segundo, quien fue condenada también.
-Luego de que La Nación revelara estos hechos en Costa Rica, en octubre del 2019, el expresidente Figueres salió en defensa de la compañía suiza alegando que la investigación por pagos indebidos se centró en un “consultor” que Sicpa “destituyó en el acto”, al tiempo que colaboró en la investigación y sigue operando hoy con normalidad en Brasil.
-Luego de las informaciones, Ulate presentó una moción para que el sistema propuesto por él no pueda ser contratado a ninguna empresa que haya sido condenada. Sicpa no lo fue, sino su vicepresidente.
Un panfleto repartido en el Congreso insinúa que nuestras informaciones sobre la ley para combatir el contrabando de licores responden a una defensa de intereses comerciales
El legislador Daniel Ulate distribuyó el volante, pero no admite ser su autor. Según él, es una copia tal ‘como está en los links’ que llevan a las páginas de las empresas. No es cierto