Oposición fustiga a Gobierno por plan para seguro de ahorrantes
››Eventual crisis de bancos estatales sería financiada con impuestos y empréstitos, denunciaron legisladores de comisión especial
Los diputados de oposición denunciaron que el Gobierno quiere mantener abierta la posibilidad de que los bolsillos de los costarricenses asuman los costos de eventuales problemas financieros en los bancos públicos.
Así calificaron la decisión de Zapote de excluir a los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) de la obligación de aportar recursos económicos para crear un fondo de garantía para los depósitos bancarios, dentro de un plan de ley requerido para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La crítica la vertieron el fabricista Jonathan Prendas, el independiente Erick Rodríguez, el socialcristiano Erwen Masís y los liberacionistas Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández.
Los cinco legisladores son integrantes de la comisión especial que estudia los proyectos requeridos para entrar a la OCDE.
Ellos coinciden en que al día de hoy, a través de la garantía ilimitada que tiene la banca pública por mandato de ley, una eventual crisis en un banco público sería pagada mediante más impuestos o endeudamiento público.
Esto ocurriría debido a que esa garantía ilimitada carece de contenido económico.
Críticas.
“Si en este momento un banco tiene algún problema o alguna corrida bancaria (retiro masivo de depósitos), entra la garantía del Estado, que no es más que un problema, porque terminamos pagando entre todos la crisis de ese banco”, expuso Prendas, presidente de esa comisión.
Prendas, Rodríguez y Masís citaron el caso del cierre del Banco Anglo en 1994. Para afrontar la crisis, el Gobierno debió pedir prestado al Banco Central ¢24.000 millones, equivalentes al 3,5% del producto interno bruto de ese año.
Ese endeudamiento repercutió en una mayor presión fiscal a los contribuyentes y en mayor inflación, según el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.
La OCDE le pide al país tener un fondo de garantía de depósito que incluya a bancos públicos y privados, según el estudio de ese organismo sobre Costa Rica. Empero, una propuesta elaborada por el Gobierno incumple con ese requisito, al excluir al BN y al BCR del aporte a ese fondo. El Ejecutivo alega que la banca estatal ya goza de una garantía ilimitada establecida por ley.
Otro proyecto, respaldado por 31 diputados, incluye a la banca estatal en la creación del seguro.
Silvia Hernández aclaró que, si la banca pública participa del fondo que cubriría al 96% de los depositantes, la garantía ilimitada del Estado siempre se mantendría.
No obstante, Prendas y Rodríguez dijeron que la garantía estatal funcionaría en caso de ser necesario, una vez agotados los recursos del fondo.
“Con el seguro de depósito se aplacaría mucho el problema y al país no le va a doler tanto financiar una garantía mediante impuestos o préstamos”, añadió Prendas.
El diputado Masís recordó que la OCDE exige la inclusión de todo el sistema bancario na cional en el proyecto de ley tanto entidades públicas como privadas, para mejorar las con diciones de competencia.
Por su parte, Ana Lucía Delgado alegó que el Gobierno sacó del proceso de negocia ción con la OCDE a la parte técnica, que recae en el Banco Central, y la sustituye por la parte política, representada por el ministro de la Presiden cia, Víctor Morales.
Este último forma parte de las negociaciones con las que el Gobierno intenta convencer al organismo de excluir a la banca pública del plan.
Morales y la ministra de Planificación Nacional y Polí tica Económica, Pilar Garrido comparecieron la noche de este miércoles ante la comi sión especial del Congreso.
El titular de Presidencia reiteró el derecho del Gobier no de abrir un diálogo con la OCDE y con los legisladores con la finalidad de discutir la posición del Ejecutivo, pero aclaró que el espacio se abre sin detrimento del proceso de inclusión de Costa Rica a ese organismo.
El titular asumió el compro miso de que el Ejecutivo con voque ambos proyectos, tanto el de los legisladores como e propio, durante el periodo de sesiones extraordinarias, que arranca en diciembre.