Privilegios salariales son razón de la lucha por aumentar el FEES

La verdad sobre las luchas para defender el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) cada día está más clara gracias a la presión de diputados y medios de comunicación, que exigen transparencia en el uso de los fondos públicos.

En las administraciones de Óscar Arias y Laura Chinchilla, el incremento anual del fondo fue más que sustancial, siempre superó la inflación en una y hasta trece veces. Además, durante esos periodos, se aprobó un crédito del Banco Mundial por $200 millones para infraestructura, becas para doctorados y sistemas de gestión.

También fue creada la Universidad Técnica Nacional (UTN) y se modificó una ley para que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) abriera una sede en Limón.

Luego, en la administración de Luis Guillermo Solís, continuaron incrementos bondadosos del FEES y no fue hasta su último año, y en estos dos primeros de Carlos Alvarado, cuando el crecimiento del FEES se igualó a la inflación, como respuesta a la difícil situación fiscal del país.

Es así como la imagen que dan las universidades de ser perseguidas y que se les quiere violar su autonomía no se sostiene. Dinero han tenido; eficiencia en el gasto y transparencia, no tanto.

El año pasado la ministra de Hacienda les ofreció un aumento del 1,5 %, equivalente al 50 % de la inflación, e indicó que serían las únicas instituciones públicas en recibir ese beneficio. Igualmente, les manifestó, como siempre se ha advertido, que el crecimiento exponencial de los salarios debía detenerse porque era insostenible.

En contra del planteamiento de la ministra, el gobierno accedió a dar la inflación según dicta la Constitución. Frente a la crisis y la falta de solidaridad de las universidades para con la austeridad en el gasto, la Asamblea aprobó eliminar ¢10.000 millones del FEES.

Este año, el acuerdo firmado reitera un aumento con respecto a la inflación, pero, a diferencia del pacto del 2018, los rectores, a pesar de haberlo rubricado, adujeron que viola su pregonada autonomía universitaria.

Por esta razón, y en vista de la presión ejercida por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), la Comisión de Hacendarios modificó la partida de ¢70.000 millones en gastos de capital a ¢35.000 millones. No obstante el recorte, el Conare convocó una marcha hacia la Casa Presidencial con consignas sobre la violación de la autonomía universitaria, pérdida de becas estudiantiles, cierre de programas y debilitamiento de sedes regionales. Consignas muy convenientes para atraer al sector estudiantil, pero muy lejos de ser las motivaciones que el Conare ha estado ocultando a los costarricenses.

Tan cierto fue, que los rectores de la UNA y la UCR reconocieron que tenían todo solucionado antes de la marcha, y becas, sedes regionales y programas no estaban comprometidos.

Resistencia histórica.

Desde hace muchos años, las universidades se resisten a ser transparentes, a cambiar los esquemas salariales y a cumplir indicadores de desempeño para que estos reflejen las aspiraciones de los costarricenses, como regionalización de buena calidad, aumento de la matrícula en carreras de gran demanda, acreditación de carreras, control de disparadores del crecimiento salarial, entre otros ajustes.

Lo han evadido esgrimiendo la autonomía universitaria. La autonomía se ha convertido en un escudo para blindar a las universidades; es una idea suprema que las pone en el olimpo y, por tanto, son intocables. Han logrado demostrar que no hay ley que deban cumplir, como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y que no tienen por qué acatar las normas de la Contraloría General de la República en cuanto a eficiencia e indicadores de gestión para mejorar la rendición de cuentas.

La muestra de los síntomas de la crisis se ve en el tiempo. Las universidades han evadido los problemas señalados mediante el uso de recursos de inconstitucionalidad, así han defendido artículos abusivos de sus convenciones y transparencia salarial.

Grandes oportunidades para demostrar a la sociedad un ejercicio responsable y probo de la autonomía se han desperdiciado a cambio de pleitos legales que erosionan cada día más la imagen del Conare.

Incapacidad de las rectorías.

La última crisis deja al desnudo, sobre todo en la UNA y la UCR, los matices más preocupantes en el buen uso de los recursos asignados al FEES.

Aparte de la incapacidad notable del rector Alberto Salom para el diálogo y el manejo de la crisis dentro de su propia casa de enseñanza superior, ha sido claro que la prioridad para los superávits libres es para más infraestructura faraónica en Heredia y las boronas para las sedes regionales que tanto necesitan mejorar.

Henning Jensen no es hasta ahora que se preocupa por la sede olvidada en Golfito o la de Limón, donde, irresponsablemente, se cerraron las carreras de Ingeniería Química y la Naval, dejando a más de 100 estudiantes de la segunda en el limbo porque no pueden graduarse.

Para ilustrar por qué los salarios están fuera de control, cito como ejemplo a la UCR, donde su jugosa tajada del FEES está causando dentro del Conare un gran desequilibrio cada vez que se negocia el fondo.

Revelado por los medios de comunicación, es sabido que el salario promedio de un profesor por un cuarto de tiempo es ¢1,5 millones, lo cual equivale a un salario a tiempo completo de ¢6 millones. Mientras en el Tec, el salario promedio por el tiempo completo ronda los ¢2 millones.

El rector de la UCR reclama que él sí ha negociado la convención colectiva hacia la baja, y asegura que gracias a él la anualidad es de 3,75 %. Lo que no dice es que esa anualidad se aplica al salario total y no al salario base.

Jensen dejó protegida la negociación salarial dentro de la convención y la igualó a la inflación. Esto, sin entrar a analizar las escalas salariales, que hacen de la UCR una bomba que estallará a corto tiempo y necesitará de más recursos del FEES, pero no para becas ni para mejoras en las sedes o para más matrícula de estudiantes. Claramente, los incrementos del FEES, en adelante, serán para saciar el crecimiento exponencial de los salarios de la UCR, que ni cumpliendo lo señalado en la Constitución va a lograr.

Cambio radical.

La próxima negociación del FEES debe ser diferente. El Conare deberá llevar un plan de reducción de incentivos negociado y de cumplimiento inmediato. Deberá comprometerse a una redistribución para fortalecer a la UNED, al Tec y a la UTN. Deberá demostrar a la sociedad costarricense que la autonomía universitaria es para garantizarnos un uso probo de los fondos públicos.

Los diputados no estamos en contra de la educación pública. Estamos cien por ciento a favor de ella, pero exigimos resultados y responsabilidad en el manejo de los recursos.