Profesor de la UCR llamaba ‘infrahumanos’ y ‘maricones’ a alumnos
9 estudiantes de Odontología lo denunciaron
“Relatan los denunciantes que Ottón Fernández los humillaba usando términos como maricones, pendejos, cobardes, residentes de mierda, inútiles, infrahumanos. Los humillaba en idioma alemán; él mismo solicitaba a un estudiante que hiciera la traducción”.
Este texto forma parte del Informe Final Recomendativo de la Comisión Instructora Institucional de la Universidad de Costa Rica (UCR) que realizó una investigación, en el 2016, de nueve denuncias de estudiantes de posgrados de Odontología (Odontopediatría y Protodoncia) en contra de Ottón Fernández López, quien fungió como director de esta unidad y, además, es docente catedrático de esa universidad.
La Comisión notificó el informe final a las partes la semana anterior. Recomendó el despido sin responsabilidad patronal de Fernández no solo por las humillaciones a sus alumnos, sino por propinarles amenazas y pedirles “donaciones” de hasta $7.000 anuales por estar en el posgrado, aunque esto no era permitido.
Además, se le investigó por llevar equipo dental de la UCR, que se usa solo para el aprendizaje de los alumnos, para hacer tratamientos en su clínica privada.
Apegado a normativa. La Nación contactó a Fernández para que se refiriera a lo que dice el informe.
Indicó que el proceso administrativo aún no ha finalizado (falta que las autoridades tomen una decisión con base en el informe final de la Comisión) por lo que, por recomendación de su abogado, no se podía referir al tema.
“Dependiendo de su resolución final, quedará sujeto a la valoración y determinación de los Tribunales de Justicia y será, en todo caso, un juez de la República, quien determine la verdad real de los hechos.
”Únicamente le adelanto, con absoluta certeza, que mi proceder personal, moral y profesional ha estado apegado a la normativa universitaria y al ordenamiento jurídico en general”, dijo el docente quien, desde el 2016, se separó de su puesto como director de posgrados de Odontología mientras se realizaba la investigación.
Por estos hechos, la Comisión concluyó que Fernández incurrió en nueve infracciones, por lo cual se recomendó imponer, por cada una de ellas, una suspensión sin goce de salario por cinco días por las graves, y ocho por las muy graves.
Humillaciones. Durante las audiencias, los estudiantes relataron que Fernández, de 55 años, usaba las horas de clase de los cursos de Seminario Interdisciplinario y Revisión de Literatura de Prótesis Fija para humillarlos y, por lo tanto, no se aprendía nada. El comportamiento estaba tan normalizado que lo hacía frente a otros docentes, señala la investigación.
“Cuando alguien no respondía como él quería, decía que éramos idiotas, pendejos, mediocres y palabras en alemán. Hacía humillaciones y gritaba frente a los pacientes de la clínica. Una alumna salió llorando e incluso vomitó por lo violento de la situación que se había presentado con el Dr. Ottón Fernández”, describe el informe.
Él también se refería con palabras soeces a otros docentes de la Facultad de Odontología, según los relatos de los estudiantes: “profesorcita de mierda, hijuep...”, eran algunos de los adjetivos que utilizaba contra sus colegas, precisa la investigación.
La Comisión indicó que los hechos denunciados “se encontraban debidamente probados y corroborados” y que corresponden a hechos “muy graves, totalmente injustificados”.
Además, durante el posgrado, una de las alumnas quedó embarazada. Al tener a su hijo, ella necesitaba ir a citas médicas del niño en el Ebáis, que coincidían con las clases. Según contó, Fernández le dijo que tenía “terminantemente prohibido” asistir a las citas medicas de su hijo y faltar a clases.
“Yo le expliqué que debía ir a las citas de las vacunas y me dijo que eso era prohibido, estábamos en un seminario. Delante de los compañeros, me lo decía. Se me salía la leche porque no me dejaba ir a sacármela. Él me infundía miedo, me sacó de los cursos solo por quedar embarazada. A mí me dijo que era idiota y mala madre”, expresó la alumna a la Comisión.
Cobros de $100 ‘sin factura’.
Las entrevistas para el proceso de admisión de los posgrados se llevaron a cabo en la sala de la casa de Fernández o en el área de recreo del residencial donde vive. Eso, según la comisión, es una violación de todo protocolo universitario.
Previo a la entrevista, les cobraba $100, los cuales no estaban autorizados por el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP). Para la Comisión, “era un cobro indebido”.
”Sobre el pago de los $100 por admisión, fue en la casa de Ottón y no nos dieron factura, no sé por qué nos cobraban esos $100”, dijo uno de los alumnos.
El tema más importante durante la entrevista para la admisión a la maestría eran las posibilidades de pago de entre $3.500 y $7.000 como parte de una donación al posgrado para “contar con materiales en la especialidad”. El pago era obligatorio si querían permanecer y se les cobraba multa si se atrasaban con el pago de la “donación”.
El cobro tampoco estaba autorizado por el SEP, ya que esos posgrados se financian con recursos de la UCR y con la matrícula a la especialidad.
Según dijeron los alumnos, los depósitos tenían que hacerlos a las cuentas de la Fundación de la UCR.
La Contraloría Universitaria hizo una investigación por esos cobros en el 2016, los cuales se hicieron entre 2009 y 2015. Concluyó que el cobro era injustificado y carecía de estudios técnicos, por lo cual se le devolvió el dinero a esa generación y a las anteriores.
La Contraloría, además de los cobros, tuvo conocimiento de los malos tratos a los estudiantes por no pagar. Sin embargo, los investigadores en su informe “no encontraron irregularidades” y se limitaron a dar recomendaciones.
Recursos públicos. Una estudiante recibió una llamada de Fernández, en setiembre del 2015, en la cual le ordenó a ella y una compañera llevar el horno del porcelana del laboratorio de la UCR hasta la clínica privada del docente, dice el informe de la Comisión.
“Sobre el horno, el conserje nos ayudó a sacarlo y nos fuimos en taxi a dejarlo en la clínica el Dr. Fernández. El horno lo sacamos sábado y quedó en la clínica del Dr. Fernández, nos devolvimos al laboratorio y no supe más del horno”, contó una de las alumnas.
Otra relató que Fernández le dijo que lo acompañara un sábado a dar un curso privado, en Liberia, para unas 10 personas (por el cual cobraba cerca de $1.500 por persona), y que debieron sacar de la UCR un radiovisógrafo y también un micromotor.
Según la Comisión, Fernández incumplió responsabilidades al sacar el equipo para actividades no universitarias, sin los respectivos permisos y en carros no autorizados.
Según otro relato, a lo largo del 2015 realizaron implantes a pacientes de la UCR (ellos le pagan a la universidad estos procedimientos), pero en la clínica privada del exdirector de Posgrados.
Estos procedimientos se realizaban incluso domingos, para lo cual se llevaban a la clínica del profesor materiales como servilletas, gasas y otros de la UCR.
CUANDO ALGUIEN NO RESPONDÍA COMO ÉL QUERÍA, DECÍA QUE ÉRAMOS IDIOTAS, PENDEJOS, MEDIOCRES Y PALABRAS EN ALEMáN. HACÍA HUMILLACIONES Y GRITABA FRENTE A LOS PACIENTES DE LA CLÍNICA. UNA ALUMNA SALIÓ LLORANDO E INCLUSO VOMITÓ POR LO VIOLENTO DE LA SITUACIÓN QUE SE HABÍA PRESENTADO CON EL DR. OTTÓN FERNáNDEZ”. Comisión Instructora UCR
Informe
$500. “Por estas cirugías, se les cobraba a los pacientes $500 por el implante y el pago debía ser en efectivo. Otros estudiantes relataron que no solo atendían a pacientes de la UCR en el consultorio privado del denunciado, sino también que, siendo ellos alumnos del posgrado, el doctor los ponía a hacer tratamientos a sus pacientes privados”, contó uno de los alumnos.
La recomendación de la Comisión sobre estos hechos fue: “La prueba existente es amplia y suficiente, sobre la demostración de existencia de actos violatorios de la confianza y que al encontrarse reglamentada la conducta reprochada, existe causalidad, actualidad y proporcionalidad para recomendar a través de este informe, el despido sin responsabilidad patronal”, dice la Comisión a las autoridades universitarias.
Según este órgano, hay, además, una posible transgresión de las disposiciones contenidas en la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
“Las conductas desplegadas por parte del Dr. Fernández López se resumen en la puesta en riesgo del control institucional y transgresión a la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”, concluye.