Gobierno de Bolivia busca fin de protestas
››CIDH condena ‘grave decreto’ pues considera que ‘estimula la represión violenta
LA PAZ. AFP. El nuevo gobierno de Bolivia desplegaba ayer esfuerzos por lograr el fin de las manifestaciones que en un mes han causado 23 muertes, mientras grupos campesinos afines al exmandatario Evo Morales le daban un plazo de 48 horas a la presidenta provisional, Jeanine Áñez, para dimitir.
El principal foco del conflicto se concentró en Cochabamba (centro), donde el viernes campesinos cocaleros chocaron con el Ejército y la Policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno ha reconocido oficialmente cinco muertos, y el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, esbozó la hipótesis de que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto “aparece con un tiro en la nuca”.
Pero Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, afirmó que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde murieron los nueve campesinos y sostuvo que “todos los muertos son con impacto de bala”.
El sábado en la noche, el gobierno de Áñez emitió un decreto que exonera de responsabilidad penal a policías y militares que repriman las protestas “cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el “grave decreto” que fue difundido durante la jornada en las redes sociales al afirmar que “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta”.
El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, adujo que el decreto no es una licencia para matar, sino que los militares actuarán en proporcionalidad en cada situación, lo que no significa el uso de armas de fuego en todos los casos.
Mientras, Jean Arnault, enviado del secretario general de Naciones Unidas, comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz en el país, en convulsión política desde la cuestionada reelección del presidente Evo Morales el 20 de octubre.
Morales renunció el 10 de noviembre, acosado por protestas de sus adversarios y por la pérdida de apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía.
A pesar de la polémica, Murillo indicó que mediante las gestiones del gobierno “los conflictos han bajado en un 50% en intensidad”.
En contraste, decenas de personas se reunieron la noche del sábado en un barrio de El Alto, ciudad vecina a La Paz, con pañuelos blancos pidiendo la paz.
Cerca de allí, vecinos seguían bloqueando el único acceso a una planta que distribuye combustible a La Paz.
Gobierno bajo presión. A raíz de los cortes de rutas en varias regiones ha comenzado a sentirse el desabastecimiento de comestibles en los mercados populares, lo que ha generado especulación.
Seis sindicatos cocaleros del Chapare, feudo de Morales, exigieron la noche del sábado “la renuncia de la autoproclamada presidente de facto Jeanine Áñez Chávez en un plazo de 48 horas”.
Como parte de un pliego de nueve puntos, los cocaleros, quienes se mantenían estacionados en la localidad de Sacaba, solicitaron a la Asamblea Legislativa que apruebe una legislación “que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días”.