Magistrados a la carta
El proyecto de ley con el cual se propone reformar la elección y reelección de los magistrados, en realidad, aspira a someter a los altos jueces al control absoluto de la Asamblea Legislativa, lo que se constituye en un atentado contra la independencia judicial.
La lógica de la reelección automática evita que el revanchismo o la molestia por decisiones judiciales se traduzca fácilmente en una destitución. El proyecto 20893 pretende invertir la coraza legal para deshacerse, según su criterio, de magistrados incómodos.
Esta afirmación no es una hipótesis: cuando en el 2012 se fraguó la no reelección del magistrado Fernando Cruz, los diputados afirmaron que se trataba de “una llamada de atención” para la Corte Suprema de Justicia.
La misma situación la vivió recientemente el magistrado
Paul Rueda, cuya no reelección estuvo cerca de concretarse, utilizando esa misma lógica: tener magistraturas alineadas con los intereses de la clase política.
Acortamiento. Por otra parte, reducir el periodo de nombramiento posibilita el ejercicio de un control más inmediato sobre las elecciones. En consecuencia, los candidatos deberán pasar por la Asamblea Legislativa con más frecuencia.
De acuerdo con los estándares internacionales en la materia, es preferible que los altos jueces no estén sometidos a procedimientos de reelección, especialmente cuando la continuación en el cargo está expuesta a lo potestativo.
La lógica de la reelección automática previene el revanchismo por fallos judiciales
Proceso con debilidades. Si consideramos que la inmune a críticas Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa utiliza métodos en los cuales la discrecionalidad (entrevistas con un valor del 40 % de la nota) y la opacidad (votaciones secretas sin justificación) son la regla, el proyecto 20893 abre un peligroso portillo cuyas consecuencias podrían ser inconmensurables.
Los diputados, especialmente los 14 proponentes y los 29 que votaron por admitir la reforma, deben revisar con sumo cuidado toda iniciativa que aspire a modificar los procesos de selección de magistraturas porque debilitar la independencia de ese baluarte del Estado de derecho, que es el Poder Judicial, tendría un costo impagable para nuestra democracia.