Reactivación a través de fondos de inversión
Las cuatro superintendencias financieras y algunas dependencias del Banco Central (BCCR) se trasladaron recientemente a un edificio nuevo, encargado por el BCCR a un fondo de inversión de desarrollo de proyectos. La solución crea sinergias porque los reguladores financieros están en un solo lugar. El BCCR asume el alquiler del inmueble, por lo cual puede ejercer una opción de compra cuando lo considere oportuno.
La decisión implica una solución de base democrática, ya que los aportantes al fondo que asumió el proyecto pueden ser cientos de ahorrantes, con montos tan reducidos como $1.000. Además, permite que muchos ahorrantes que no son expertos financieros ni disponen de grandes capitales puedan tener parte dentro de los mejores inmuebles del país y, de paso, solucionar las urgencias inmobiliarias del Estado.
Existen diversos tipos de fondos de inversión, los cuales se agrupan en dos grandes familias: fondos financieros y no financieros. Los primeros comprenden figuras que solo invierten en instrumentos financieros (CDP, bonos, acciones, etc.). Los segundos invierten en activos no financieros, como edificaciones para alquiler, terrenos para la producción agrícola y, en general, activos con capacidad de generar rentas sin ser de naturaleza financiera.
Reactivación y democracia. Algunos determinan el inicio de esta segunda categoría en 1960, cuando en Estados Unidos el presidente Dwight D. Eisenhower suscribió una ley que dada beneficios a la inversión inmobiliaria, condicionada a que tuviera una base amplia de propietarios, incluidos pequeños ahorrantes. Así, se promovía la reactivación económica, pero fomentando la democracia económica y la redistribución del ingreso. Así nacieron las sociedades de inversión REIT (Real Estate Investment Trust), las cuales han ido apareciendo en otros países como fondos de inversión de renta inmobiliaria.
En esencia, se trataba de aglutinar una base masiva de ahorrantes para comprar un activo real y, posteriormente, distribuir en forma equitativa —mismo rendimiento para todos— los ingresos generados. A escala mundial, los fondos de renta inmobiliaria siguen cumpliendo con éxito ese principio de democracia y desarrollo económico, y Costa Rica no ha sido la excepción, pues existen quince fondos de este tipo, con activos por más de $2.450 millones, que han adquirido una gran diversidad de inmuebles.
Transformación. En el 2006 el Consejo Nacional de Su pervisión del Sistema Fi nanciero (Conassif) abrió e camino para crear de forma reglamentaria los fondos de desarrollo inmobiliario y, más recientemente, en el 2017, vol vió a aprobar nuevas reformas propuestas por la Superinten dencia General de Valores (Su geval) para trasladar la figura hacia fondos de desarrollo de proyectos. No es un simple cambio de nombre, sus alcan ces pretenden canalizar aho rros de cientos o miles para financiar obra e infraestructu ra pública y municipal, como transporte, energía, puertos y aeropuertos, edificaciones de salud o educativas, etc. En e ámbito privado, los fondos de desarrollo de proyectos tam bién llevan a cabo proyectos inmobiliarios, agrícolas, fores tales, energéticos, etc.
El hecho de ser figuras re guladas y supervisadas no le quita la existencia de riesgos naturales en toda decisión hu mana, financiera o empresa rial, pero asegura información y transparencia a todas las partes intervinientes.
La noticia de la culminación de la construcción del edificio señalado al inicio, por parte de un fondo de desarrollo de pro yectos y su entrega al BCCR demuestra que la alternativa funciona y cumple el cometido visualizado por legisladores y reguladores.
Un desarrollo más extendi do en el ámbito estatal, sobre todo en infraestructura, de penderá de que el Estado lo considere, se enmarque en e complejo legal propio de la ad ministración pública, y con e apoyo de las sociedades admi nistradoras de los respectivos fondos, se haga la estructura ción financiera de cada caso Por su base democrática, de equidad y transparencia, los beneficios son evidentes para el país.
La alternativa favorece el desarrollo de la infraestructura de manera democrática