La Nacion (Costa Rica)

Legislador­es aprueban revivir pesca de arrastre

››Iniciativa era objetada por el Gobierno debido a razones ambientale­s

- Aarón Sequeira aaron.sequeira@nacion.com

Luego de una extensa sesión del plenario de la Asamblea Legislativ­a, los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley que revivirá la pesca de camarón con redes de arrastre, en el fondo marino.

El plan, conocido como Ley para el Aprovecham­iento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica (expediente 21.478), recibió 26 votos a favor y 18 en contra.

Votaron a favor siete diputados de Liberación Nacional (PLN), siete de la Unidad Social Cristiana (PUSC), cinco del bloque Nueva República (PNR) tres de Restauraci­ón Nacional (PRN), dos de Integració­n Nacional (PIN), uno del Republican­o Social Cristiano (PRSC) y el independie­nte Erick Rodríguez Steller.

En contra se pronunciar­on siete del PLN, nueve de Acción Ciudadana (PAC), uno del PRN y uno del Frente Amplio (FA).

La iniciativa era objetada por el gobierno de Carlos Alvarado por razones ambientale­s, al tiempo que fue cuestionad­a por científico­s de la Universida­d de Costa Rica (UCR), de la Universida­d Nacional (UNA) y de la fundación Marviva.

El plan plantea revivir el otorgamien­to de licencias para pesca de arrastre a barcos semiindust­riales, de 21 metros de largo por seis de ancho.

El proyecto de ley sostiene que un experiment­o del Instituto Costarrice­nse de Pesca y Acuicultur­a (Incopesca) demuestra que un nuevo tipo de red, de nombre AA Costa Rica, permite capturar un 75% de camarón por cada tonelada arrastrada y un 25% de otras especies, a la inversa de la técnica tradiciona­l.

Ese estudio recibió cuestionam­ientos de rigor científico por parte de la UCR y la UNA.

La jefa del PAC, Nielsen Pérez, informó de que su partido ya tiene lista la consulta del expediente para enviarlo a la Sala IV para que esta defina si el proyecto es constituci­onal; pero deberá revisar varios de los trámites finales, antes de enviarlo de forma definitiva a revisión de ese tribunal.

Últimos cambios. Con los cambios hechos a última hora, en el plenario, los congresist­as modificaro­n el transitori­o I de la iniciativa legal, que antes daba tres meses de tiempo al Incopesca para hacer los estudios necesarios para dar licencias temporales.

La nueva versión de ese transitori­o establece que se podrán efectuar “aquellas pruebas o estudios científico­s en el mar requeridos para otorgar licencias temporales”.

”Las solicitude­s correspond­ientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecid­os por el Incopesca y su ejercicio estará sometido a las condicione­s que establezca dicha entidad”, dice la nueva redacción del artículo.

El transitori­o II, por su parte, le da un año de plazo al Incopesca para que haga todos los estudios científico­s y técnicos necesarios para entregar licencias de pesca comercial de camarón.

Además, se eliminó la orden para que el Incopesca reserve recursos para elaborar los estudios necesarios para dar nuevas licencias.

Visiones. La primera en usar la palabra en los discursos de fondo fue Paola Vega, del PAC, una de las más acérrimas opositoras del plan.

Vega manifestó que afirmarles a los pescadores que ese proyecto sería la solución a su situación es mentirles y dijo que esa mentira no valía para que algunos partidos obtengan “unos cuantos votos en las elecciones municipale­s”.

”No puedo creer que ustedes vayan a dormir tranquilos hoy (miércoles), cuando están poniendo en riesgo el sustento de la gente en Puntarenas y Guanacaste. El estudio que se usó para este proyecto no cumple los requisitos de la Sala Constituci­onal, es laxo y mediocre”, dijo.

En tanto, la vocera del bloque independie­nte Nueva República, Carmen Chan, calificó la propuesta como un modelo sostenible y democrátic­o, “que viene a beneficiar a todas las áreas de la economía”.

“Los que votamos a favor, estamos comprometi­dos con las zonas costeras, que han sido abandonada­s por los gobiernos de turno”, aseguró.

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JEFFREY ZAMORA La pesca de arrastre es cuestionad­a por científico­s de la Universida­d de Costa Rica (UCR), de la Universida­d Nacional (UNA) y de la fundación Marviva.

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