Operadoras inhabilitan líneas celulares a reclusos estafadores
››Nueva estrategia provocó caída importante en denuncias por ese delito, según el OIJ
Mientras el proyecto de bloquear la señal celular en las cárceles se concreta; las operadoras telefónicas unieron esfuerzos para inhabilitar las líneas que son usadas desde los centros penales, en su mayoría, para estafar a terceros.
Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones, confirmó que este plan se puso en práctica desde setiembre, y es una estrategia interinstitucional entre las operadoras, el Ministerio Público, la Policía Judicial, el Ministerio de Justicia y Paz y la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Lo positivo, acotó Estrada, es que dicha iniciativa ha dado buenos resultados, ya que las estafas “han caído y lo seguirán haciendo”.
Según los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en mayo se recibieron 228 denuncias por estos delitos; en junio, 183; en julio, 234; y, en agosto, 186.
No obstante, para setiembre y octubre (meses en los que ya está en práctica la inhabilitación), esas cifras cayeron a 98 y 85 denuncias, respectivamente, comunicó la Policía Judicial, la cual siempre ha sido enfática al decir que la mayoría de estos delitos son cometidos desde los centros penales.
El viceministro indicó que, por motivos de seguridad, no se puede ahondar en detalles de cómo se realiza la inhabilitación, ni qué parámetros usan las operadoras para conocer que la llamada proviene del sistema penitenciario.
Pero sí aseguró que se trata de un “reto continuo” para todos los involucrados.
“La tecnología es algo que evoluciona rápidamente (...) Y tenemos que estar atentos al cambio en el modo de operar de los delincuentes”, señaló Estrada.
Por su parte, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) aseguró que este mecanismo se propuso desde hace meses.
“Los operadores móviles desde antes de la promulgación de la Ley (de bloqueo celular, 2018) habían ofrecido a las autoridades la posibilidad de generar soluciones para minimizar la incidencia de comunicaciones desde los centros penitenciarios.
”En esa línea, una de estas alternativas tecnológicas se había venido ejecutando desde hace varios meses y se reforzó, en las últimas semanas, con la coordinación de autoridades involucradas en la gestión de las estafas telefónicas”, precisó Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de esa Cámara.
En ese sentido, Rodney Jiménez, asesor en temas
de seguridad de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), recalcó días atrás la “voluntad” de las operadoras en ayudar en ese aspecto.
“Se han establecido mesas de trabajo y fue ahí donde se dio la idea de tener sistemas de control para determinar cuándo una llamada se produce desde una prisión para inhabilitarla. (...) Es algo que nosotros no podríamos hacer sin la ayuda de las operado ras”, resaltó.
Acción policial. Además de los esfuerzos a nivel de tecnolo gía, los actores reconocen que el trabajo de la Policía Peniten ciaria también ha sido clave ya que intentan evitar no solo el ingreso de los aparatos, sino que decomisan los celulares que burlan el control.
El Ministerio Público indi có que ahora los operativos de esa policía en las celdas son más minuciosos y eso ha per mitido el hallazgo de una gran cantidad de celulares, chips te lefónicos, tarjetas de memoria y otro tipo de accesorios.
Según datos de Justicia, en 2018, las autoridades incauta ron 2.946 aparatos en todo e sistema penitenciario.
Para agosto de este año, ese ministerio contabilizó 1.999 móviles decomisados. Se pre vé que se termine el 2019 con una cantidad un poco mayor a la del periodo pasado.
Miguel Ramírez López, fis cal adjunto de Fraudes, afirmó que las estadísticas eviden cian “el trabajo conjunto entre diferentes instituciones que tienen un mismo fin”, lo cual agregó, “propicia una mejor labor de inteligencia en la de tección de delitos informáticos y en el análisis de esta crimi nalidad”.