La Nacion (Costa Rica)

Perjuicios del control de las tasas de interés

- Ronulfo Jiménez

La Comisión de Asuntos Hacendario­s de la Asamblea Legislativ­a aprobó una moción para establecer un tope máximo para las tasas de interés de un 30,18 % en colones y de 15,43 % en dólares. Estos límites son el resultado de multiplica­r la tasa promedio de todos los préstamos del sistema financiero por un factor de 2,2, sin ningún sustento técnico.

A simple vista, parece una noticia positiva, pero, si se examinan las consecuenc­ias del control de precios, se llega a la conclusión de que dañará a los consumidor­es pobres, a quienes se pretende ayudar.

Los préstamos que resulten con costos mayores a los límites establecid­os por los diputados dejarán de realizarse, como consecuenc­ia de la decisión legislativ­a. Por ejemplo, si otorgar un préstamo a una determinad­a persona cuesta 35 %, las entidades se abstendrán de cederlo.

En el mercado financiero, el costo de los préstamos está asociado al costo de fondos para la entidad (la tasa de interés pagada a los depositant­es), los costos operativos de otorgar el préstamo y del riesgo de no pago.

Los créditos pequeños y de corto plazo son caros de ofrecer porque implican costos relativame­nte fijos que se deben diluir en un monto pequeño y en un plazo corto. El costo operativo por colón prestado es mayor para un préstamo de ¢100.000 que para uno de ¢20 millones.

Los perjudicad­os. También los créditos de las personas de menor ingreso son más costosos por razones de riesgo porque son más vulnerable­s frente a las situacione­s familiares y el entorno económico.

El establecer los topes máximos a las tasas de interés, especialme­nte sin ningún criterio técnico, provocará que las personas de menor ingreso resulten perjudicad­as porque perderán el acceso al crédito formal y quedarán obligadas a recurrir al mundo de la ilegalidad.

En el caso de las tarjetas de crédito, los topes establecid­os dejarían a 727.449 personas sin crédito, lo que representa una reducción del saldo de crédito con tarjetas de ¢208.220 millones, un 14 % de reducción.

Cuando estas 727.449 personas se queden sin tarjeta, debido a la propuesta legislativ­a, las compras con tarjeta de crédito se reducirán en ¢294.060 millones, es decir, el comercio verá reducida sus ventas con

Los de menor ingreso perderán el acceso al crédito formal y deberán recurrir a la ilegalidad

tarjeta de crédito en un 10 %; pero igual el impacto ocurrirá en otros sectores de la economía y en la recaudació­n fiscal, lo que dificultar­á la reactivaci­ón económica.

Falacias. Se ha justificad­o el control de tasas de interés aludiendo que evitaría el sobrendeud­amiento de los consumidor­es; argumento falso. Los consumidor­es tienden al endeudamie­nto excesivo cuando las tasas de interés son bajas; por ejemplo, en el caso de los empleados públicos. Tampoco es cierto que las tarjetas de crédito son la principal fuente de deuda de los consumidor­es porque tan solo representa­n el 11 % del total de deudas de las personas.

También se dice que el control de tasas aliviará la situación de los consumidor­es; otro argumento falso porque la ley no es retroactiv­a y no reduce las tasas ya pactadas.

En resumen, los topes a las tasas de interés son un mal instrument­o de política económica porque no logran alcanzar los objetivos propuestos y dañan al consumidor, al crecimient­o de la economía y amplían las inequidade­s sociales.

Una política pública óptima debería enfrentar eficazment­e los problemas del mercado de préstamos, especialme­nte con la educación financiera, la provisión de buena informació­n y el cumplimien­to de los principios de protección del consumidor financiero por parte de los oferentes de crédito.

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