Dudoso plan de etiquetado irá a consulta a Hacienda
Piden criterio a nuevo jerarca sobre sistema de trazabilidad de licores
Las jefas de las fracciones legislativas acordaron, ayer, consultar el criterio del nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, sobre el dudoso proyecto de etiquetado de licores que impulsan los liberacionistas Daniel Ulate y Roberto Thompson, y el socialcristiano Erwen Masís.
Se trata de una iniciativa que ha avanzado en forma paralela a un intenso lobby de la empresa suiza Sicpa, representada en Latinoamérica por el expresidente José María Figueres, la cual se dedica a venderles estos sistemas de trazabilidad a gobiernos.
La decisión la tomaron las voceras de las bancadas, luego de recibir en audiencia a los tres legisladores, quienes solicitaron que el expediente legislativo 20.961 entrara en la agenda de proyectos en la sesión del plenario de este jueves por la tarde.
La iniciativa, justificada como una forma de combatir el contrabando, podría avanzar a la última etapa de mociones de fondo, donde se reiterarían propuestas que se hayan desechado en la Comisión de Asuntos Económicos.
No obstante, la sesión del plenario de este jueves no se pudo realizar, porque no estaban los diputados necesarios para conformar el cuórum establecido. Entonces, ni siquiera se pudo conocer la moción de consulta sobre el plan.
“Fuimos muy claros, pero ya es un tema de respeto hacia las jefaturas y tomarán la decisión”, comentó Ulate.
El liberacionista añadió que hicieron el planteamiento en la mesa de los jefes, para que la iniciativa avance, y quedaron a la espera del acuerdo.
Las jefas del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, y Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez, confirmaron que se decidió hacer nuevas consultas sobre el texto más actualizado del proyecto de Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas alcohólicas.
Aparte de consultarle al nuevo ministro de Hacienda, se harían otras consultas obligatorias sobre la nueva redacción de la propuesta, entre ellas a las municipalidades, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) e, incluso, al Ministerio de Seguridad Pública.
Igualmente, se le pedirá criterio a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Salud y a la Procuraduría General de la República.
“Tenemos que ver asuntos técnicos, si la consulta se puede conocer como moción de orden en la primera parte de la sesión del plenario o en la segunda, pero la decisión es consultarlo para que el proyecto siga caminando”, mencionó Pedro Muñoz, jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
El socialcristiano añadió que la petición de los legisladores era que el expediente entrara en la agenda de proyectos y se quemara el día de mociones de reiteración.
Ante la petición de los tres legisladores, Hernández explicó que la decisión de los jefes era que se quería una consulta porque, incluso cuando era un proyecto de artículo único, varias fracciones reiteraron esa necesidad de consulta antes de conocer mociones adicionales.
“Ha habido mucha incertidumbre, entonces queremos consultarlo, no solo desde el punto de vista procesal, de que hay consultas obligatorias, sino también para tener insumos que den certeza para los próximos pasos. El proyecto sí avanza”, comentó Pérez.
El expediente 20.961 plantea la obligación de que Hacienda contrate un sistema de trazabilidad para colocarlo en las botellas de licor, con tal de seguir el rastro a esos productos desde su manufactura hasta su comercialización.
El proyecto generaría un lucrativo contrato, obligatorio para Hacienda, a pesar de que esta cartera advirtió de que la relación costo-beneficio sería negativa, pues se deberían invertir millones de dólares en el sistema sin que se garantice la recupración.
La Nación ha revelado un intenso lobby de parte del exmandatario José María Figueres Olsen en favor de que el país introduzca la tecnología.
Las gestiones de Figueres se han enfocado, precisamente, en presentarle al Ejecutivo un sistema de rastreo de licores similar al de los diputados Thompson y Ulate.