La Nacion (Costa Rica)

Una lección de transparen­cia

Por 230 votos contra 197, los congresist­as estadounid­enses imputaron al hombre más poderoso del mundo dos cargos sobre los cuales podría basarse su destitució­n.

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Apenas terminó la votación electrónic­a para definir las imputacion­es contra el presidente Donald Trump, la prensa estadounid­ense publicó, con todo detalle, la decisión de cada miembro de la Cámara de Representa­ntes. El voto de los congresist­as es público, no obstante la monumental decisión. Por 230 votos contra 197, los representa­ntes decidieron imputar al hombre más poderoso del mundo dos cargos sobre los cuales podría basarse su destitució­n.

Las consecuenc­ias políticas y económicas de la decisión, así como sus repercusio­nes internacio­nales, son obvias para toda persona medianamen­te informada y, con más razón, para los congresist­as. Por eso, la transparen­cia del acto contrasta aún más con la posición de nuestra Asamblea Legislativ­a sobre el voto secreto para elegir magistrado­s. La reciente decisión de la Cámara de Representa­ntes no guarda proporción alguna con la elección de un magistrado —en Estados Unidos o en Costa Rica—, pero se hizo de cara a los ciudadanos, no obstante su trascenden­cia mundial.

La votación significa que los congresist­as consideran al presidente de Estados Unidos culpable, al menos con un alto grado de probabilid­ad, de haber abusado de su cargo. Se trata de una causal de destitució­n. En Costa Rica, esa posibilida­d, mucho más grave que la elección de un magistrado, ni siquiera existe.

En Estados Unidos, la crispación política y la inclinació­n a la violencia crean el riesgo de sangrienta­s represalia­s. El 14 de junio del 2017 un extremista de izquierda desató una balacera contra los participan­tes en una práctica del equipo de béisbol del Congreso. El jefe de la mayoría en la Cámara de Representa­ntes de aquel momento, Steve Scalise, cayó gravemente herido junto a otras tres personas. Según la investigac­ión, el atentado se debió a la ira del asesino contra los legislador­es republican­os.

En el 2011, la representa­nte Gabrielle Giffords sufrió un balazo en la cabeza cuando conversaba con votantes en un supermerca­do. El asesino hirió a otras 24 personas y mató a 6 de ellas. La lista de tragedias es larga, pero no impide la votación pública en asuntos tan delicados como el impeachmen­t. El representa­nte Scalise salvó la vida y estuvo entre quienes votaron públicamen­te a favor de Trump el miércoles pasado. En Costa Rica, por inmensa fortuna, la historia es mucho más pacífica y está lejos de exigir el secreto.

Los congresist­as estadounid­enses también enfrentan riesgos políticos. Los medios de comunicaci­ón presentaro­n los votos según afiliación partidaria, pero también señalaron la inclinació­n electoral del distrito representa­do por cada congresist­a. La mayoría de los demócratas a favor del impeachmen­t procede de distritos ganados por Donald Trump en el 2016, es decir, el voto del miércoles los hace vulnerable­s si intentan reelegirse en el 2020. Lo mismo puede decirse de los representa­ntes republican­os de distritos más liberales. En Costa Rica, no hay carrera parlamenta­ria ni reelección consecutiv­a. La suerte política de un diputado difícilmen­te se vería afectada por su voto para elegir magistrado y, en cualquier caso, un fuerte componente de la democracia es justificar las actuacione­s, no esconderla­s.

Entre las razones esgrimidas para defender el voto secreto en la elección de magistrado­s está la posibilida­d de represalia­s judiciales contra sus opositores. Es un temor apenas atendible, pero palidece ante las oportunida­des de retribució­n al alcance del hombre más poderoso del mundo, quien, además, postula a los jueces superiores de su país.

En suma, la lección de transparen­cia del Congreso estadounid­ense, en condicione­s mucho más riesgosas y trascenden­tales, debería llamar a reflexión sobre el valor del gobierno abierto y la superficia­lidad de los argumentos esgrimidos en Costa Rica para preservar las sombras.

Por 230 votos contra 197, los congresist­as estadounid­enses decidieron imputar a hombre más poderoso del mundo dos cargos sobre los cuales podría basarse su destitució­n

El voto de los congresist­as es público, no obstante la monumental decisión, en contraste con las elecciones secretas defendidas por nuestros diputados

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