Gobierno inclusivo

Veinticinco de cincuenta y una entidades del Gobierno Central pasaron por alto la obligación de reservar plazas para discapacitados.

La Dirección de Servicio Civil desnudó el incumplimiento de la ley promulgada hace nueve años para asegurar la contratación de discapacitados en el sector público. Al mismo tiempo, queda al descubierto una de las falacias favoritas de nuestra política: si hay un problema, se arregla con una ley. Promulgada la norma, el problema desaparece del debate público, los responsables se desentienden de la aplicación práctica de la ley y todos fingimos la desaparición de la dificultad hasta nuevo aviso.

Así sucedió con las cuotas de participación femenina y las largamente debatidas normas de tránsito, para citar dos de muchos ejemplos. A falta de voluntad o medios para cumplirla, ninguna ley produce los efectos deseados. Ese es, precisamente, el muro contra el cual se estrella el mandato de reservar un 5 % de las vacantes en el sector público para personas con discapacidad.

“Ha faltado voluntad para hacer cumplir la ley”, dice Alfredo Hasbum, director del Servicio Civil. El funcionario echa de menos una estrategia adecuada para ajustar la realidad a la norma y admite el papel de coadyuvante de su despacho, pero señala al Ministerio de Trabajo como responsable de velar por el cumplimiento. En suma, el Estado incumple la ley y es incapaz de supervisar sus propias operaciones.

En el sector privado, sin mandato de ley y motivadas exclusivamente por el deseo de hacer lo correcto, hay 36 empresas y organizaciones distinguidas por su compromiso con la inclusión de personas discapacitadas en la vida laboral. Los impulsores de esos programas se declaran ganadores, no por la satisfacción de abrir sus puertas a trabajadores con alguna discapacidad, sino por los resultados económicos.

El gerente de una cadena de restaurantes de comida rápida relata el éxito de los cajeros sordos. Para comenzar, agradecen la oportunidad brindada en una sociedad tan excluyente como la nuestra. Eso aumenta su esfuerzo y compromiso con las tareas encomendadas. Quienes tienen la suerte de ser atendidos por ellos, encuentran la mayor y más sincera sonrisa.

El impacto de los empleados con discapacidad sobre sus compañeros de trabajo es otra ventaja señalada por el ejecutivo. Aparte de la sensibilización derivada del contacto, los discapacitados sirven de ejemplo a los demás, especialmente cuando los superan en la ejecución de funciones similares gracias a su fuerza de voluntad y esmero.

Su actitud también alcanza y contagia al cliente. En el caso citado a manera de ejemplo, cajero y visitante colaboran para comunicarse y superan con facilidad las barreras. La experiencia resulta gratificante para ambos. Por eso, el gerente protesta por la confusión de las políticas de inclusión con una actividad caritativa. A los empleados participantes en el programa se les trata igual y se les exige lo mismo, pero dan más.

Un banco puso a prueba, con estupendos resultados, a personas cuyas discapacidades más bien las hacen aptas para trabajos repetitivos y de gran concentración. Para los encargados de esa iniciativa, el éxito está en vencer los prejuicios y encontrar la tarea compatible con las condiciones de la persona.

El Servicio Civil tiene un programa de reclutamiento para facilitar el encuentro entre las personas y las funciones para las cuales son aptas. Existe un registro de candidatos a diversos cargos y, si una institución lo solicita, puede obtener recomendaciones específicas. Sin embargo, 25 de 51 entidades del Gobierno Central pasaron por alto la obligación de reservar plazas para discapacitados. La orden impuesta por ley no resolvió el problema, pero, en este caso, no es mucho pedir un poco de voluntad.

Veinticinco de cincuenta y una entidades del Gobierno Central pasaron por alto la obligación de reservar plazas para discapacitados

En el sector privado, sin mandato de ley, hay 36 empresas y organizaciones distinguidas por su compromiso con la inclusión