‘Insuficiente’ lucha del país contra trata de personas
Fallos en protección de víctimas y lentos procesos judiciales contra tratantes
Costa Rica está dando la pelea para frenar la trata de personas. Para conseguirlo, ha investigado y condenado a más tratantes y ha destinado más fondos para brindar atención a las víctimas, entre otras acciones.
No obstante, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) señala que estos avances son “insuficientes” y que, de momento, “el Gobierno no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata”.
La principal crítica es con referencia a la protección que se les brinda a las víctimas de este delito.
Según se lee en el informe, presentado en junio del 2019, durante el año pasado las autoridades identificaron a 20 personas que fueron tratadas con fines sexuales o laborales. En el 2017, fueron 34.
Una vez que se identificaron, el Gobierno activó el protocolo previamente establecido para darles protección.
Sin embargo, el Departamento de Estado informó de que, por ejemplo, el Estado no proporcionó refugios dedicados a hombres que eran víctimas de trata. Entonces,
cada vez que tenían un caso de estos, debían buscarle un espacio improvisado.
Indica, asimismo, que las autoridades costarricenses remitieron a las víctimas a los servicios a discreción. “El análisis es caso por caso, lo que significa que no todas las víctimas recibieron el mismo nivel de protección.
“Las organizaciones de la sociedad civil informaron también de que las autoridades no siempre implementaron los mecanismos de referencia de manera efectiva u oportuna”, se lee en el documento.
Por ello, entre las recomendaciones, se sugiere aumentar
la identificación y referencia de víctimas, particularmente en coordinación y colaboración con la sociedad.
El informe insiste en resaltar que debe aumentarse el desembolso de fondos para servicios a las víctimas, en asociación con organizaciones no gubernamentales.
Lentitud judicial. Otro problema que encontraron los observadores del Departamento de Estado es la acumulación “significativa” de casos de trata en el sistema judicial.
Antes de explicarlo, el informe detalla las siguientes estadísticas:
En el 2018 fueron investigadas 74 denuncias por este delito, mientras que en el 2017 fueron 62, según detalló el Ministerio Público.
En cuanto a la apertura de nuevos juicios, el Poder Judicial indicó a los observadores que, durante el año pasado, comenzaron solo 12 juicios y se condenó a diez tratantes a penas de entre cinco y 60 años de prisión.
En el 2017, la situación fue un poco distinta según las estadísticas de los tribunales: hubo 41 nuevos debates y cinco condenados. El Departamento de Estado recalcó que la disminución en la cantidad de nuevos juicios no obedece a una baja en la comisión de este delito, sino que se debe a la mora judicial que existe en los tribunales, la cual impide avanzar con nuevos debates.
“Los observadores notaron mejoras en la coordinación entre Fiscalía y Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero una acumulación significativa de casos criminales, incluyendo casos de trata de personas, que terminaron desacelerando los procesos judiciales”, reprochó el informe.
Trabajo en conjunto. Más allá de lo que indica el informe del Departamento de Estado, las autoridades costarricenses insisten en que el trabajo que se ha hecho en este campo es importante.
Precisamente, hace pocos días, el Ministerio de Seguridad Pública informó de que la trata de personas, al ser uno de los tres delitos más lucrativos a nivel mundial, tiene un abordaje especial.
Este año, comunicó esa cartera, se han detenido 76 personas en 19 diferentes acciones realizadas en el territorio nacional.
En paralelo, la Policía de Migración ha abierto 22 investigaciones por este delito, de las cuales siete ya tienen número único en la Fiscalía. Otros siete siguen en pesquisas y el restante (ocho) fueron cerradas ante la ausencia de delito.
Para combatirlo, aseguró, han unido esfuerzos cuerpos policiales como la Policía de Fronteras, la Policía Aeroportuaria del Servicio de Vigilancia Aérea y la Fuerza Pública, además de la Policía Profesional de Migración.
Como es sabido, las fronteras de nuestros países son las más vulnerables y es donde más se dan este tipo de actos ilícitos. Por ello es que también buscaron dotar de ocho modernas patrullas, valoradas en un total en ¢352 millones, a la Policía de Fronteras.
Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha reiterado en otras ocasiones la importancia de perseguir estos delitos, debido a que, según sus estimaciones, cada 15 días se descubre un nuevo caso de trata de personas.
Se intentó obtener un criterio de un representante del Poder Judicial y de Fiscalía pero, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.