Diputados urgen a la Caja quitar barreras de acceso a sus servicios
››Llamado de Silvia Hernández, jefa de fracción del PLN, y Pedro Muñoz, del PUSC
Dos diputados urgen a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acabar con las barreras que excluyen a trabajadores y patronos del sistema de salud y seguridad social.
Se trata de los legisladores Silvia Hernández, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), y Pedro Muñoz, subjefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes consideran apremiante flexibilizar la manera en que el Estado cobra las cuotas obrero-patronales.
Los altos costos de estas imposiciones empujan a empleadores y trabajadores a la informalidad, consideran los congresistas. Por eso, estiman, la Caja debería darles más facilidades; por ejemplo, rebajar a los empleados las cargas laborales
con base en la cantidad de horas trabajadas, en vez de la cuota estándar que se les cobra actualmente.
‘No se necesitan leyes’.
Tanto Hernández como Muñoz sostienen que mejorar el cobro de cargas sociales para trabajadores y patronos es potestad de la Junta Directiva de la CCSS.
De haber disposición por parte de los miembros de esa cúpula, no sería necesario aprobar leyes en la Asamblea Legislativa, aseguran los con gresistas. “Esto es voluntad de la propia Junta Directiva de la Caja; no necesariamente se re quiere de leyes. Para muestra un botón: lo que se aprobó re cientemente para que, de for ma escalonada, el aporte de patrono (de una microempre sa) se haga por cinco años. Eso fue un acuerdo; no requirió leyes”, argumentó Hernández
Según la liberacionista, hay desidia por parte de los altos mandos de esa cúpula de la CCSS. “Ahí, yo encuentro al guna resistencia del sector que está llamado a hacer esto (los cambios en el cobro de cuo tas)”, dijo la diputada.
“No es necesario (aprobar más leyes). La CCSS podría ha cerlo, pero no lo hace. Mientras tanto, pierde la oportunidad de atraer a cientos de miles de costarricenses y, más bien, los excluye”, agregó Muñoz.
¿Qué pasa si la Caja no toma decisiones? Es cuando procede la aprobación de normativa por parte de los diputados.
Sin embargo, de poco sirven nuevas leyes si esta entidad apela a su autonomía.
“Cada vez que ha existido un proyecto de ley para inten tar cambiar el cobro a la segu ridad social, por el tema de la autonomía de la Caja, el pro yecto se ha declarado inconsti tucional”, recordó Hernández.
Quiere decir que, si la CCSS considera que una ley lesiona su autonomía, es necesario reformar la Carta Magna. En tonces, la única vía sería una reforma constitucional “don de quede muy claro que la au tonomía no impide eso (la apli cación de la nueva ley) y se les dé el derecho a las personas” agregó Hernández.
Informalidad.
Al no formali zarse con la Caja, patronos y trabajadores quedan fuera de la atención en salud y pierden la posibilidad de contar con una pensión. La más reciente Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Esta dística y Censos (INEC) repor tó que un 46,3% de la población costarricense está compuesta por trabajadores informales.
El segmento informal lo in tegran aquellas personas asa lariadas que no están inscritas en la seguridad social por sus patronos, así como ayudantes no remunerados o trabajado res por cuenta propia. Tam bién los empleadores cuyas empresas no están constitui das en sociedad.
Un análisis reciente hecho por La Nación, con base en datos de dos departamentos distintos de la Caja, reveló que 800.000 personas viven sin se guro de salud en Costa Rica.