Tres proyectos de ley en trámite
La fracción del PUSC impulsa tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa con miras a flexibilizar el pago de cargas sociales y bajar así los porcentajes de informalidad. Todos fueron presentados por el diputado Pedro Muñoz.
1. El tramitado bajo el expediente número 21.434, propone equiparar las cotizaciones de asalariados y de trabajadores independientes. Actualmente, quienes tienen un patrono aportan a la seguridad social un 10,3% de su salario, lo que incluye el seguro de salud y los aportes para las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). En cambio, quienes trabajan por cuenta propia deben desembolsar entre el 10,5% y el 18,5%, dependiendo de su ingreso.
La iniciativa, denominada Ley del Trabajador Independiente, propone que a los cuentapropistas se les cobre el mismo 10,3% que a los asalariados, y que este porcentaje se calcule sobre la renta neta y no sobre la renta bruta.
No obstante, es un proyecto al que se opone la Caja, por considerar que atenta contra su autonomía. Consultada por este medio en noviembre, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido, dijo que aunque serían necesarios unos ajustes, el Gobierno “ve con buenos ojos” esta iniciativa.
2. Una segunda propuesta del PUSC es condonar deudas por mora, multas, sanciones e intereses a trabajadores independientes, trabajadores voluntarios y patronos que adeuden dinero a la Caja, con tal de que se pongan al día. El proyecto, denominado Amnistía para la Formalización y Recaudación de las Cargas Sociales (expediente 21.522), propone perdonarles las multas e intereses a los morosos, siempre que realicen el pago del monto principal de las cargas sociales.
Según el texto, a mayo de 2019, en el país había 15.553 patronos activos que adeudaban a la CCSS ¢71.000 millones, sin contar intereses, multas y sanciones.
3. El tercer proyecto de los legisladores rojiazules para atenuar el impacto de las cargas obrero-patronales es desaparecer la base mínima contributiva, es decir, el monto más bajo con base en el cual los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios deben cotizar a los seguros de salud y de pensión. La propuesta es que se les cobre según el ingreso de cada uno.
Por ejemplo, hoy, las bases mínimas contributivas para estos sectores son de ¢287.350 en el seguro de salud y de ¢268.956 en el de pensiones (IVM).
Nadie puede aportar por debajo de esos montos, sin importar si su ingreso se lo permite o no. Sobre el seguro de salud, la deducción mensual es del 4,33% sobre la base de ¢287.350, es decir, ¢12.400.
En tanto, para la pensión, la imposición es del 5,16% sobre la base de ¢268.956, o sea, ¢13.800. El porcentaje total rebajado, tanto por seguro de salud como por el de pensión, es del 9,49%, para un monto final aproximado de ¢26.000. Esta última es la tarifa mínima que debe pagar hoy, por mes, cualquier trabajador independiente o voluntario que quiera asegurarse por salud y por pensión.
La tercera propuesta del PUSC se llama Proyecto de Ley de Justicia en la Base Mínima Contributiva para Incentivar el Empleo y es el expediente número 21.437 en la corriente legislativa.
Según explicó Odilí Arias, directora de Inspección de la Caja, se ofrece la alternativa de optar únicamente por el aseguramiento en salud. No obstante, afirmó la funcionaria, para optar por la jubilación del IVM es obligatorio cotizar para ambos seguros: salud y pensión.
De estas tres iniciativas, solo la segunda fue convocada por el presidente Carlos Alvarado para sesiones extraordinarias en el Congreso.