España juzga por rebelión a jefes de Policía catalana
Fiscalía pide 11 años de cárcel para el titular de los Mossos d’Esquadra
La Audiencia Nacional española empezará a juzgar hoy a la cúpula de la Policía regional catalana por su papel en el intento de secesión del 2017, por el que nueve dirigentes separatistas fueron recientemente condenados a altas penas de cárcel.
El proceso coincide con los primeros pasos del nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez, que se comprometió a negociar con los independentistas catalanes y dejar atrás la batalla judicial emprendida contra el movimiento.
En el banco de los acusados se sentará el antiguo jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, el director y una intendente del cuerpo, así como un responsable del departamento de Interior del Gobierno catalán.
La Fiscalía solicita once años de cárcel por rebelión para Trapero y los otros dos funcionarios policiales y políticos del cuerpo, Pere Soler y César Puig, así como cuatro años por sedición contra la intendenta Teresa Laplana.
El proceso, que tendrá lugar en las afueras de Madrid, comenzará con la declaración de los acusados y se alargará hasta el 19 de marzo con la comparecencia de testigos policiales y políticos, entre ellos líderes separatistas actualmente encarcelados.
En el centro del esperado juicio figurará la discusión sobre el papel de la Policía catalana en setiembre y octubre del 2017, cuando los dirigentes regionales impulsaron un referendo de autodeterminación ilegal y proclamaron una fallida república independiente en Cataluña.
La Justicia acusa a los Mossos de cooperar con la dirigencia política y actuar con “total pasividad” a la hora de impedir la votación ilegal del 1.° de octubre, la cual quedó marcada por la violenta intervención de los cuerpos policiales dependientes del Gobierno español en los colegios electorales.
Trapero “no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido el plan ideado (...), para alcanzar la independencia de Cataluña”, reza el escrito de su defensa presentado ante el tribunal.
El mismo jefe policial defendió a sus agentes en su comparecencia, celebrada en marzo del 2019, como testigo en el juicio del Tribunal Supremo contra los líderes políticos del movimiento.
Allí aseguró que el dispositivo policial “no tenía ninguna intención de facilitar el referendo” y denunció la “irresponsabilidad” de los dirigentes separatistas por llevar adelante una votación prohibida por la Justicia.
Y, en uno de los momentos estelares de ese importante proceso, desveló que sus hombres estaban listos para detener al expresidente regional Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica tras la fallida declaración de independencia.
En octubre, el Tribunal Supremo anunció penas de entre 9 y 13 años de cárcel para nueve de los dirigentes juzgados, sentencia que provocó fuertes protestas, en ocasiones violentas, en esta región del noreste de España.
Pero descartó la acusación de rebelión formulada por la Fiscalía contra los acusados y la rebajó a sedición.
El proceso llega en un momento de distensión en las relaciones entre el Gobierno español y los separatistas catalanes, comprometidos a iniciar un diálogo para solucionar este largo conflicto.