Fábrica de licores ignora el tamaño de sus deudas
Empresa estatal afronta desorden en cuentas y ‘problema financiero enorme’
Ni el Gobierno ni el Consejo Nacional de Producción (CNP) conocen con exactitud el tamaño de las deudas que ahogan a la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).
Aunque el negocio propiedad del CNP cerró con pérdidas por ¢3.998 millones en 2018 y ¢3.170 millones en 2017, esos resultados podrían ser más graves, pues la Fanal posee deudas que no están registradas en su contabilidad.
De acuerdo con el presidente ejecutivo del Consejo, Rogis Bermúdez, el desorden financiero de la Fanal se inició en 2002, cuando se dejaron de pagar impuestos por razones que él afirma desconocer. Las administraciones siguientes mantuvieron esa posición.
También se dejaron de honrar algunas obligaciones con otras entidades como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), originadas en leyes que establecían el traslado de algún porcentaje de los ingresos por la venta de licor a esas entidades.
Asimismo, el negocio les adeuda a algunos proveedores, aunque con menor grado de atraso.
Esta situación hace que los ingresos de la Fábrica por la venta del guaro Cacique y otras bebidas alcohólicas, sean insuficientes para pagar todas las cuentas, entre ellas salarios, deudas, materia prima, y otros gastos de funcionamiento.
Es el Consejo Nacional de Producción el que asume la pérdida operativa de la Fanal, a través de los ingresos de otras líneas de negocios.
“La Fábrica está en un problema financiero enorme, porque los ingresos no dan para pagar cuentas. Hay deudas de muchos años que ni siquiera Fanal sabe de cuánto son, entonces lo que está haciendo es cuantificarlas para tener claro cuánto es el monto total”, reconoció Bermúdez.
La Nación no pudo obtener la opinión del gerente general de la Fábrica Nacional de Licores, Álvaro Andrade, quien asumió el puesto en 2018. Consultada la oficina de prensa del CNP, se indicó que Bermúdez es el único vocero.
Urgente. La preocupación por el desorden financiero de la Fanal es tal, que el mismo presidente de la República, Carlos Alvarado, ordenó crear una comisión interinstitucional para definir cuánto y a quién le debe la Fábrica.
“Hay que cuantificar lo que se debe y desde qué año para saber a ciencia cierta cuánto es el monto, si son, no sé, ¢1.000 o ¢60.000 millones”, afirmó Bermúdez.
Los estados financieros de 2018 de la institución reflejan que Fanal tenía para ese año deudas por ¢13.900 millones; sin embargo, el negocio tendría más sin registrar que elevarían ese monto.
El temor que comparten el Gobierno y el Consejo Nacional de Producción es que los acreedores puedan embargar las cuentas de la empresa estatal por las deudas que mantiene la Fanal.
Eso podría dejar sin pago a los productores agrícolas que le venden alimentos al CNP a través del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). A su vez, el Consejo se los vende a comedores escolares, Centros de Educación y Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinái), cárceles y comisarías de Fuerza Pública, entre otras dependencias públicas.
La empresa estatal le compra productos a 22.000 agricultores reunidos en 260 agroempresas.
Ese programa es el que abastece de alimentos a comedores escolares del Ministerio de Educación Pública y comisiones de la Fuerza Pública, entre otras entidades públicas.
No a venta. Cuando la comisión ordene las cuentas de la Fanal, el Gobierno “tomará decisiones”, advirtió Bermúdez.
Sin embargo, ni siquiera se estaría evaluando la posible venta de la Fábrica, una idea que planteó el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) mediante la presentación de un proyecto de ley.
“Una vez que se tenga el escenario real de cuál es la situación financiera del negocio, se van a tomar decisiones, pero hasta que se tenga esa realidad financiera se podrá definir la estrategia. Hay diferentes escenarios, pero el de vender Fanal no existe. En mi posición, en ningún escenario existe la venta de Fanal”, afirmó Bermúdez.
Fanal vende cerca de ¢25.000 millones anuales en licores.
La iniciativa presentada por el legislador socialcristiano Pablo Heriberto Abarca también promueve el cierre del Consejo.
“La propuesta trasladaría el Programa de Abastecimiento Institucional al Ministerio de Agricultura y Ganadería. El PAI es la justificación de la existencia del CNP”, señaló el diputado.
No obstante el mismo mandatario rechazó apoyar esa iniciativa, aunque señaló que el Poder Ejecutivo presentaría un proyecto de ley para modernizar las labores de esa empresa estatal.
La Fábrica se creó en 1853, aunque la actual planta de destilación, en Grecia, se inauguró en 1981. Cacique, el producto estrella, se vende bajo ese nombre desde 1980. Tiene unos 170 empleados. Además de esta mesa que trabaja en cuantificar las deudas de la Fábrica Nacional de Licores, el Ejecutivo también conformó una comisión que analiza la situación financiera de las empresas estatales.
Seis de ellas sumaron pérdidas por ¢297.000 millones en 2018.
Aparte del CNP, en la lista figuran el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
También el Instituto Costarricense de Ferrocarriles y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Nacional.