Nueva reforma ahorraría ¢115.000 millones en pensiones de lujo
Dirección de Pensiones hizo cálculo a 9 años plazo a pedido de diputados
Una segunda reforma a las pensiones de lujo, planteada por el Gobierno, se traduciría en un ahorro de más de ¢115.000 millones para los contribuyentes en un plazo de nueve años.
Así lo determinó una estimación elaborada por el Departamento de Asesoría Económica Actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a solicitud de los diputados.
Según el estudio, el Proyecto de Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones (expediente 21.345) economizaría recursos desde tres flancos.
Traslado al IVM. El principal ahorro lo generaría el cierre definitivo de todos los sistemas de jubilaciones que corren por cuenta del erario, lo que impediría el ingreso de nuevos funcionarios públicos.
Esta medida implicaría trasladar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a todos los funcionarios activos que aún aspiran a pensionarse mediante sistemas como los de Hacienda, General de Pensiones u Obras Públicas, los cuales son más ventajosos en temas como la edad de retiro y el monto de la pensión.
La ley actual permite que se pensionen con estos regímenes los trabajadores públicos que entraron a laborar antes de 1992. Sin embargo, el proyecto de ley los trasladaría al IVM para que se jubilen con las condiciones de este régimen.
Este traslado generaría un ahorro de más de ¢70.400 millones en nueve años. Ese es el plazo en que se jubilaría el último funcionario activo que aún puede acceder a estos regímenes administrados por la DNP.
Solo podrían pensionarse con los viejos regímenes quienes cumplan los requisitos en los 18 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Eliminar exenciones. El segundo ahorro lo generaría el cobro de una cotización obligatoria a poco más de 8.700 jubilados de los regímenes administrados por el Magisterio Nacional y la DNP, quienes hoy disfrutan de exenciones en el pago de contribuciones gracias a leyes aprobadas en el pasado.
Esta medida economizaría ¢4.900 millones anuales, lo que suma más de ¢44.000 millones en el mismo periodo de nueve años.
De esos beneficiarios, 777 corresponden al Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional y 7.930 a los regímenes especiales de la DNP.
Con el cobro de la cotización obligatoria, el primer grupo aportaría ¢2.250 millones anuales y el segundo, ¢2.645 millones anuales.
En el caso de los jubilados del Magisterio, paradójicamente, la exoneración actual favorece a quienes reciben más dinero.
El artículo 70 de la Ley 2248 fija una cotización obligatoria que oscila entre un 8,75% y un 16%, en forma escalonada, hasta por un monto de ¢3,9 millones.
De esa manera, está exento el dinero que recibe un pensionado por encima de esa cifra y, en el Magisterio, hay personas con pensiones de hasta ¢12 millones mensuales.
Actualmente, esta salvedad beneficia a 777 personas. Con la reforma planteada por el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, cuando ejercía plenamente como diputado, a estos beneficiarios se les cobraría la cotización obligatoria sobre la totalidad de la pensión.
En el caso de las pensiones administradas por la DNP, actualmente, el artículo 11 de la Ley 7302 establece una cotización mensual obligatoria que oscila entre un 9% y un 16%, dependiendo de cuán grande sea el monto de la jubilación.
No obstante, la ley exonera a quienes reciben menos de ¢575.400 mensuales, es decir, menos de dos veces el salario base más bajo pagado en la administración pública.
Esta exoneración sería eliminada y estas personas cotizarían un 9%.
Según el informe de la DNP, actualmente, hay 7.930 que reciben de pensión menos de esa