Grave retroceso en Honduras
La hostilidad del gobierno y otros sectores llevó al fin de la misión de la OEA contra la impunidad.
El gobierno hondureño ha propinado un nuevo y severo golpe a la difícil y frustrante lucha en pro de la justicia y el Estado de derecho en su país. Luego de fracasadas negociaciones para ampliar su mandato, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), constituida hace cuatro años mediante un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), debió finalizar sus tareas el pasado domingo 19. ¿Motivo? La negativa del Poder Ejecutivo a permitir que continuara acompañando y colaborando de manera activa con la Fiscalía General por medio de una unidad especializada creada con tal propósito, conocida por sus siglas Ufecic.
Al anunciar el fin de la Misión, en un comunicado oficial emitido el viernes 17, la Secretaría General de la OEA declaró que la vinculación con los fiscales era clave para su desempeño, y lamentó que, debido a “la posición oficial” de “no acompañar este planteo”, se tornara imposible la renovación de su mandato, lo que calificó como “un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país”. La crítica al gobierno, aunque en lenguaje diplomático, no puede ser más clara, además de merecida.
Durante su primer período presidencial, Juan Orlando Hernández, enfrentado a severas protestas internas y múltiples presiones externas, aceptó a regañadientes establecer un mecanismo internacional para que, mediante la interacción con sus autoridades, impulsara esfuerzos en pro del Estado de derecho en sentido amplio. Fue así como, el 19 de enero del 2016, firmó con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el convenio que creó el organismo. Se le encomendó trabajar en cuatro ámbitos: prevención y combate de la corrupción, reformas a la justicia penal, reforma político-electoral y seguridad pública.
A pesar de que desde su instalación el 22 de febrero siguiente la Maccih enfrentó enorme resistencia de políticos, magistrados y fuerzas de seguridad, realizó valiosos aportes. Los más destacados resultaron del trabajo conjunto con la Fiscalía General. De acuerdo con un recuento de la OEA, condujo al procesamiento de 133 personas, la activación de 14 casos judiciales —algunos de alto impacto— y al “fortalecimiento de las capacidades nacionales para combatir la corrupción y la impunidad”.
Precisamente por logros como los mencionados, cada vez fue mayor la hostilidad de los principales centros de poder hondureños, incluidos poderosos empresarios de dudosa conducta. La Corte Suprema, por ejemplo, declaró inconstitucional el establecimiento de la Ufecic, con lo cual propinó un golpe letal a las posibilidades de colaboración con la Fiscalía; el Congreso se negó a aprobar legislación propuesta por la Maccih; el Ejecutivo demoró deliberadamente el nombramiento del vocero y jefe de misión designado por la OEA; y varios tribunales disminuyeron cargos en casos de corrupción.
En los últimos meses, conforme se acercaba el momento de renegociar la permanencia de la Misión, grupos de la sociedad civil, partidos de oposición y varios gobiernos —incluido el de Estados Unidos— llamaron a la renovación de su mandato. Que, pese a este clamor, el presidente Hernández se inclinara por plantear exigencias inaceptables para la OEA, indica cuán poderosas son las fuerzas fácticas que desean mantener la impunidad y están dispuestas a frustrar hasta los avances más modestos en pro del Estado de derecho.
Se trata, simple y llanamente, de un lamentable y alarmante retroceso institucional orquestado desde altas cúpulas del poder. Su actitud es insensible, cínica y miope porque, sin fundamentos básicos para el ejercicio de la justicia, la eficacia de las instituciones, el rendimiento de cuentas y la transparencia, difícilmente Honduras superará los enormes problemas en que está sumida. Y, sin avances en tal sentido, la estabilidad del país cada vez será más precaria.
La hostilidad del gobierno y otros sectores llevó al fin de la misión de la OEA contra la impunidad
El vacío que se crea debilitará aún más el precario Estado de derecho y la estabilidad del país