Juicio contra Estado y Globalvia postergado por vacaciones de jueza
Caso se origina en demanda de vecinos por cobro de peajes y condición de ruta
El juicio contra el Estado y la empresa que opera la carretera San José-Caldera deberá esperar hasta el lunes. El inicio del debate estaba previsto para este jueves, pero un problema en la conformación del tribunal lo dejó en suspenso.
Este proceso ante los tribunales contencioso-administrativos se origina en una demanda presentada hace ocho años por vecinos y organizaciones que cuestionaron los peajes que cobra la concesionaria por el uso de la ruta y las condiciones de seguridad.
Por esta razón, dirigieron su reclamo contra el Estado, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Contraloría General de la República (CGR), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), así como la concesionaria Autopistas del Sol (hoy Globalvia).
Aunque la espera lleva mucho tiempo, cuando las partes llegaron al debate, se informó de que una de las juezas integrantes del Tribunal estaba de vacaciones y quien la sustituye solo estaría unos días, razón por la cual el proceso correría riesgo.
Tras una larga discusión sobre la conveniencia o no de trasladar el inicio del juicio, acordaron que finalmente comenzaría el lunes, cuando haya regresado a labores la jueza.
El caso es de larga data, pues la demanda fue presentada hace ocho años
Por supuesto, la decisión causó descontento entre los demandantes.
“La última audiencia por este proceso fue en el 2016, y ya casi tenemos cuatro años de esperar por estas audiencias. Estos cuatro años han sido de ventaja para el concesionario y para el Gobierno, que no han hecho mucho caso.
”Vea la cantidad de abogados que trae, el pueblo es el que paga, no solo son los peajes, sino también los abogados... y todavía no tenemos ni los controles ni la corrección de las anomalías que hicieron, ni siquiera las promesas de remediar los fundos que dejaron enclavados o maltratados”, manifestó Leonor Antillón, abogada de los quejosos.
También Bernal Gamboa, otro abogado de los demandantes, criticó el proceso.
“Todo esto se vuelve complejo para todos, ya la Procuraduría y Autopistas de Sol dijeron: ‘Traemos testigos del extranjero y no los podemos mover’. A nosotros sí nos imponen el movimiento (...). Una vez que ya los jueces estaban convocados aquí, tenían que empezar y mantenerse, pero el Poder Judicial le da prioridad al tema de los nombramientos por encima de la continuidad de los casos”, afirmó. Según Gamboa, ellos tienen citados a unos 10 testigos, entre ellos expertos en Ingeniería.
Para la procuradora Grettel Rodríguez, quien defiende los intereses del Estado, será el Tribunal el que deba realizar los acomodos para llevar a cabo las audiencias, aunque no considera que haya gran impacto.
Rodríguez dijo que es un juicio muy grande, pues toca temas económicos, de ingeniería y de valoración.
“Para el Estado, las nulidades que se están alegando no existen, el contrato está apegado a lo que la normativa jurídica regulaba en ese momento”, añadió.
En tanto, la representación de la concesionaria se manifestó en favor de que la jueza que asuma el caso se mantenga durante todo el debate. Sobre el fondo de los reclamos, declinó pronunciarse.
Como demandantes, participan la Asociación Rescate de Valores Patrióticos y la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), cuyos representantes alegan que la vía no cumple con medidas de seguridad y reclaman el costo de los peajes.
Entre otros aspectos, los vecinos cuestionan a la Aresep porque aseguran que no se ha realizado una valoración adecuada.
Además, consideran que
la carretera no cumple con el parámetro de calidad del asfalto, ya que, inicialmente, el segmento Ciudad Colón-Orotina se construiría con concreto hidráulico, pero se colocó concreto asfáltico.
Otro punto crítico son los taludes, pues afirman que no se trabajaron como estaba previsto en el proyecto y que otras obras, como el paso peatonal del oficentro Forum se eliminó del primer balance y se incorporó posteriormente por el doble de precio.
Las peticiones de los demandantes van desde la imposición de multas por incumplimientos del concesionario, hasta que se valore finiquitar la concesión.