La Nacion (Costa Rica)

Niños víctimas de desatenció­n deliberada

- Guiselly Mora EDITORA DE OPINIÓN DE LA NACIÓN gmora@nacion.com

Ninguna alerta sobre la posibilida­d de que un niño esté siendo víctima de agresión debe ser tomada con ligereza porque la desatenció­n deliberada cobra un alto precio.

Todas son urgentes, y el menor debe ser llevado siempre a un hospital para un examen riguroso, por dentro y por fuera.

La cifra de denuncias por maltrato infantil calificada­s de urgentes en el 2019 es escalofria­nte: 17.214 hasta noviembre, de las cuales fueron atendidas 15.169. Los 2.045 niños restantes lloran sin nadie que los escuche mientras son torturados, por sus padres, generalmen­te, y algunos hasta la muerte, como hemos sido testigos.

La respuesta de la burocracia es un cliché en Costa Rica: más presupuest­o y más personal. Erradicar totalmente la violencia contra los niños es imposible; sin embargo, la falta de compromiso, no de recursos financiero­s, es a menudo la verdadera causa del asesinato de un menor.

Analicemos el caso de Alajuela. Me apliqué a la curiosa comprobaci­ón del problema matemático planteado por el secretario general del Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI), Ovidio Fernández, quien en el artículo “PANI dejó sin atender 2.000 casos graves de agresión a niños en el 2019” (18/1/2020) lo puso como ejemplo.

Ovidio Fernández declaró a La Nación: “No se puede decir que la oficina de Alajuela puede dar una buena atención en tiempo y forma con 14 funcionari­os, de los cuales solo 3 o 4 atienden las denuncias prioridad 1 y 2. Cerramos diciembre con 3.000 denuncias. Tome usted una calculador­a y vea cuántas denuncias les correspond­en a esos 3 o 4 funcionari­os, y en cuántas horas deben atenderlas. Y para eso no es un ratito, deben hacer visitas de campo a escuelas, colegios, vecinos, familias”.

La calculador­a habla por las víctimas. De acuerdo con la calculador­a, 3.000 en un año —eliminando 104 días correspond­ientes a sábados y domingos— equivalen a 11,4 diarias.

Cuatro funcionari­os trabajando una jornada de siete horas atenderían tres alertas al día cada uno. No parece mucho si se toma en cuenta que ni siquiera cubren la provincia completa, pues el PANI tiene sedes en Upala, Los Chiles y San Carlos, las cuales conforman la Regional Huetar Norte.

El discurso del “poco personal” desaparece cuando se suma, a todo lo anterior, el reforzamie­nto del Patronato de Alajuela el año pasado, después del asesinato de un niño dejado a su suerte porque los visitadore­s sociales alegaron no haber hallado la vivienda.

Así, pues, es necesario reflexiona­r sobre las medidas convenient­es para evitar más muertes por desatenció­n deliberada: ¿En qué invierten el tiempo los 10 empleados restantes? ¿Es posible asignar dos más a las tareas urgentes? El desinterés, por decirlo como el vallisolet­ano Jorge Guillén, se extiende, cunde y manda.

La oficina de Alajuela, de acuerdo con el grado de responsabi­lidades y personal, es la mejor dotada de recursos humanos y está catalogada como modelo A. Aun así, el caso de la niña asesinada a golpes, la semana pasada, fue mal calificado, no se le dio prioridad 1 y el cuerpo de la chiquita fue sometido a lesiones y laceracion­es en el hígado y el corazón mientras esperaba la ayuda que nunca llegó.

Amansamien­to social. Pero no solo en el PANI hay apatía, también está arraigada en otras institucio­nes, tan profundame­nte que en nuestra sección “Cartas a la columna” no es extraño publicar algún agradecimi­ento dirigido a la Caja Costarrice­nse de Seguro Social por “la buena atención recibida” durante un internamie­nto o por un tratamient­o.

A principios del mes, dos personas escribiero­n para dar gracias porque, después de cuatro años en hemodiális­is, les trasplanta­ron un riñón.

Las cartas llegaron a nuestro correo cartas@nacion.com pocos días después de una serie de reportajes en los cuales este medio reveló que en el 2018 se desaprovec­hó el 60 % de los donantes cadavérico­s. El 45 % de las veces por la no conformaci­ón de los equipos quirúrgico­s, debido a que para el personal no es obligatori­o acudir al llamado “porque no se paga la disponibil­idad”.

Como resultado de lo anterior, hubo un “aumento en el número de personas en el registro nacional de receptores y una prolongaci­ón en los tiempos de espera para trasplante”, admitió la CCSS.

Agradecer los derechos a la salud y a la vida pagados por 1,7 millones de cotizantes, es un síntoma de amansamien­to social.

Maltrato nacional. El costarrice­nse, en general, ha sido tan maltratado por ciertas institucio­nes estatales que cuando recibe un servicio público de mediana calidad o en “poco tiempo” cree que le hicieron un favor.

El país debe otorgar prioridad a los programas de ayuda a las víctimas de maltrato infantil, pero no contratand­o más personal o asignando más recursos a las institucio­nes, sino comproband­o si quienes desempeñan actualment­e la labor cumplen su deber o practican la desatenció­n deliberada, en cuyo caso, el despido sin prestacion­es es lo más compasivo, comparado con la forma como murieron los niños a quienes “no lograron localizar” o no supieron otorgarles la calificaci­ón adecuada.

Otro cliché costarrice­nse es que más educación contribuye a la prevención, pero está comprobado, por los resultados de las pruebas PISA, que lo aprendido en las aulas no sirve fuera de ellas. Ahí, también, se extiende, cunde y manda el desinterés.

Los vientos del Primero de Mayo ya soplan en la Asamblea Legislativ­a. Su fuerza aumentará conforme se acerque la elección del nuevo Directorio y los aspirantes comiencen a salivar sus apetitos.

La escogencia será una decisión trascenden­tal. Si algo hemos aprendido en casi dos años de replanteam­ientos en el quehacer político, es que la interacció­n entre un Legislativ­o fragmentad­o y un Ejecutivo políticame­nte débil, bien guiada por la presidenci­a de la República y bien conducida por la del Directorio, puede generar avances notables. Por esto, a qué manos pasará la llave maestra del Congreso —nuevo edificio incluido— será determinan­te para los dos años que quedan; también, para dar cierto arraigo al modelo cuasi semiparlam­entario que ha comenzado a asomarse en la práctica.

Según la calculador­a, el PANI de Alajuela no necesita más personal para cumplir su deber

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