Suspendidos solo 7 días jefes por aval a acuerdos ilegales
Tres funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) descontarán solo siete días de suspensión sin goce de salario como sanción por aprobar cuatro convenciones colectivas que generaron beneficios ilegales para empleados municipales.
La conducta de los responsables, de apellidos Quesada Hernández, Salazar Carvajal y Muñoz Valverde, tuvo como consecuencia el pago de anualidades y cesantías por encima de lo permitido por la reforma fiscal, que rige desde diciembre del 2018.
Esas tres personas ocupan puestos de jefatura.
Las convenciones avaladas con esas condiciones son las correspondientes a los ayuntamientos de Desamparados y Pérez Zeledón, en San José; La Unión, en Cartago, y San Ramón, Alajuela.
“Inicialmente, se abrió un proceso disciplinario por la homologación de las convenciones colectivas de municipalidades que establecían parámetros de cesantía ( y anualidades) por encima de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Se hizo una investigación y se halló que hay responsabilidad de los funcionarios por no acatar la ley de la República que ya estaba vigente en ese momento”, confirmó a La Nación Geovanny Díaz, vocero del Ministerio de Trabajo.
Además de esos tres jefes castigados, se impuso una suspensión de dos días sin goce salarial contra otros dos empleados de apellidos Solano González y Vega Sánchez.
Para dejar sin efectos los artículos aprobados que contravienen la ley fiscal, la Procuraduría General de la República tendrá que empezar procesos de lesividad, que tardan años en resolverse.
Ese es un mecanismo judicial mediante el cual el Estado revierte un acto propio por considerarlo dañino o lesivo.
Otra de las opciones es que las municipalidades negocien una nueva convención colectiva; sin embargo, para hacerlo, se requiere un acuerdo de la Administración y la representación de los trabajadores.
El Ministerio de Trabajo confirmó que interpondrá el proceso de lesividad a través del abogado del Estado.
“Al haber sido homologadas por el Ministerio de Trabajo, las convenciones colectivas están vigentes; sin embargo, se va a iniciar el proceso de lesividad mediante la Procuraduría, que es la que puede presentar (esos) procesos (...) para anular estas cláusulas y adecuarlas a lo establecido en la ley”, señaló Díaz.
La Nación intentó consultar a la jerarca de Trabajo, Geannina Dinarte, pero la oficina de prensa indicó que sobre este asunto solo se va a referir el vocero asignado.