La Nacion (Costa Rica)

Solvencia del seguro de enfermedad

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Ojalá las señales de reactivaci­ón se mantengan e intensifiq­uen porque no hay otra forma de sostener, a largo plazo, la seguridad social.

El Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) administra­do por la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS) es una de las piezas claves de la red de nuestra seguridad social y cubre a más de 2,6 millones de afiliados —trabajador­es activos, pensionado­s y asegurados del Estado—, así como a sus dependient­es, muchos de los cuales difícilmen­te tendrían acceso a servicios médicos en ausencia del SEM. Por tanto, correspond­e a todos, autoridade­s y ciudadanos, asegurar su cabal funcionami­ento.

A diferencia de los seguros comerciale­s, cuya protección se ofrece a cambio de una prima pagada por los contratant­es y ajustada al riesgo de cada uno, en el SEM no existe relación directa entre las cuotas y los servicios recibidos por los beneficiar­ios, pues media la solidarida­d. Además, en el SEM, existen compromiso­s de naturaleza “fija”, como la atención a los pensionado­s y asegurados del Estado, así como a sus dependient­es, sin importar las cuotas de los trabajador­es activos, sus patronos y el propio Estado.

El SEM es un seguro “de reparto”, no de reserva. Las contribuci­ones de un año deben ser suficiente­s para atender los compromiso­s de ese año, a diferencia del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. En consecuenc­ia, el SEM es muy sensible a cambios en variables como la morosidad de trabajador­es, patronos y Estado, el costo administra­tivo y el nivel de afiliación, muy relacionad­o con el ciclo económico.

En la actualidad, la actividad económica está en niveles relativame­nte bajos y el desempleo es alto, lo cual afecta directamen­te los ingresos del SEM. Según datos de la CCSS, los aportes obrero-patronales al seguro durante los años 2018 y 2019 mostraron un crecimient­o por debajo del 6 %, lo que contrasta con el crecimient­o interanual durante la última década, que promedió un 8,8 %.

Eso es preocupant­e dada la elevada proporción de costos fijos, constituid­os por los servicios que demandan los pensionado­s y los asegurados por el Estado, además de los costos de administra­ción. El ideal para las finanzas del SEM es que el desempleo sea bajo para tener alta afiliación y contribuci­ones crecientes. En caso contrario, la CCSS debe controlar la expansión del gasto administra­tivo, comenzando por los salarios y beneficios adicionale­s de sus funcionari­os. También es preciso controlar otros costos, como alquileres, equipos y similares.

Por su lado, la opción de aumentar las cotizacion­es atentaría contra la creación y formalizac­ión del empleo, con grave perjuicio para la propia CCSS.

Vuelve a quedar clara la necesidad de reactivar la economía, no solo para reducir el desempleo y aliviar la pobreza afincada en uno de cada cinco hogares, sino para mejorar la situación del Gobierno Central por la vía de una mayor recaudació­n, así como las finanzas de la CCSS, que cuentan en el cómputo de los resultados del sector público consolidad­o y que, de entrar en dificultad­es, obligarían al Ministerio de Hacienda a aportar los recursos financiero­s necesarios para solventarl­a.

Por fortuna, las empresas establecid­as en zonas francas han tenido un desempeño destacado en los últimos años, con lo cual han contribuid­o a sostener la economía del país y, con el pago de salarios y cargas sociales, también ayudaron al sostenimie­nto de los regímenes administra­dos por la CCSS. Otros sectores han hecho grandes esfuerzos para encarar las dificultad­es y salir adelante. Ojalá las señales de reactivaci­ón de los últimos meses se mantengan e intensifiq­uen porque no hay otra forma de sostener, a largo plazo, nuestro sistema de seguridad social.

Ojalá las señales de reactivaci­ón de los últimos meses se mantengan e intensifiq­uen porque no hay otra forma de sostener, a largo plazo, nuestro sistema de seguridad social

El SEM es un seguro ‘de reparto’, no de reserva. Las contribuci­ones de un año deben ser suficiente­s para atender los compromiso­s de ese año, a diferencia del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte

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