Avanza plan para sancionar el robo de combustibles
Proyecto de ley fue dictaminado en la Comisión de Ambiente
Los diputados de la Comisión de Ambiente del Congreso dictaminaron afirmativamente, este miércoles, un proyecto de ley que impondría fuertes penas por robo, importación, traslado y distribución ilegal de combustibles.
El expediente legislativo 21.447 recibió el apoyo unánime de los ocho legisladores presentes al momento de la votación.
La iniciativa, presentada por el diputado oficialista y ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, plantea una pena de prisión de hasta 15 años para quien robe hidrocarburos.
La sanción se agravaría en un tercio si el robo pone en peligro la salud o la vida de alguna persona, o si fuera para narcotráfico o implicara a algún funcionario público en la actividad ilícita.
La propuesta intenta paliar una actividad que ni la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) ni las autoridades policiales han podido detener.
Paola Vega, presidenta de la Comisión de Ambiente, alegó este miércoles que la iniciativa es
necesaria por el “alarmante incremento de sustracciones e importación ilegal” de combustible en los últimos años.
“Estos problemas ponen en riesgo la vida y la salud de las personas, daños ambientales y disminución de los recursos fiscales para el Estado. Recope registra pérdidas millonarias por robo de combustibles y daños graves en su infraestructura”, afirmó Vega.
Según las autoridades, al menos 10 organizaciones delictivas se dedican al robo de combustibles del poliducto del Recope, actividad que, en el 2018, generó pérdidas al Esta
do por ¢1.152 millones.
Alcances. Vega añadió que, actualmente, no hay un ordenamiento jurídico que combata de una manera específica esas actividades ilegales.
Aseveró que el plan declara de interés público el Sistema Nacional de Combustibles, para dar mayor seguridad a la infraestructura de los 542 kilómetros del poliducto.
La liberacionista Paola Valladares destacó que el plan permitiría sancionar todas las actividades ilícitas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles, lo mismo
que para la importación ilegal.
“Aquí lo que se ataca es el peligro a la salud que conlleva esto, por los derrames, y el daño ambiental que genera esta mafia de trasiego de combustible.
”Hicimos audiencias con el Poder Judicial y Recope, trabajamos con técnicos para que las penas fuesen acordes con los delitos”, destacó.
Valladares agregó que había otra iniciativa similar en la Comisión legislativa de Narcotráfico y Seguridad, pero finalmente se tomó la decisión de integrar los textos en una sola versión.