Recuento del hecho

Esta pesquisa se abrió en el expediente 17-000082-1218PE, el 21 de diciembre del 2017, cuando la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, dijo que los exdiputados Víquez y Céspedes (20102014), presuntamente aprovechándose de sus puestos en la Asamblea Legislativa, intercedieron en favor de los negocios de Juan Carlos Bolaños ante la Comisión Nacional de Emergencias.

“En resumen, él personalmente (Juan Carlos Bolaños) y sus empresas fueron beneficiados o se intentó que se beneficiaran en licitaciones con la intervención de dos señores exdiputados (...). En una, sí se logró, y en las otras no, quedó en tentativa porque la señora Vanessa Rosales no accedió a los trámites que hicieron las personas sospechosas de cometer presuntamente estos ilícitos”, dijo Emilia Navas, en diciembre del 2017, cuando dirigió un allanamiento en la casa de los excongresistas, Wálter Céspedes y Víctor Hugo Víquez.

Las influencias, supuestamente, habrían ocurrido en relación con los proyectos que la CNE sacó a concurso para desarrollar las obras en las rutas Ciudad Colón-El Rodeo y Bribrí-Sixaola, así como el dique de Nosara.

Este expediente es uno de varias causas que se siguen en el llamado caso del cemento chino, en el cual el principal implicado es el empresario Juan Carlos Bolaños.

Este, además, es investigado por los supuestos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.

Fue capturado el 3 de noviembre del 2017 en Atenas y actualmente goza del beneficio de casa por cárcel y usa tobillera electrónica.

El caso de Bolaños tiene su origen en el otorgamiento, por parte del BCR, de dos dudosas líneas de crédito por hasta $30 millones, a la compañía Sinocem Costa Rica, para la importación de cemento chino.