Paso total a Sicop habría ahorrado un 1,55% del PIB
Sistema de compras bajó plazos de contratación entre 2014 y 2019
La Contraloría General de la República estimó en un monto equivalente al 1,55% del producto interno bruto (PIB) el ahorro que se obtendría si el 100% de los procedimientos pendientes de contratación administrativa tramitados por otros medios se realizaran en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En el estudio Transformación hacia una mayor eficiencia de las compras públicas electrónicas: beneficios y ahorros de la unificación, divulgado este viernes, el órgano contralor explica los ahorros y beneficios del uso de Sicop.
Según el documento, en el periodo 2017 se generó un ahorro que representa 20,8% del total de compras públicas registradas en el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), y un 0,9% del PIB durante ese año.
“Considerando el escenario de incorporar al Sicop, en el 2017, el 50% y 100% de procedimientos pendientes de contratación administrativa tramitados por otros medios, el potencial de ahorro estimado (en relación con el) PIB es de 1,23% y 1,55%, respectivamente”, concluyó la Contraloría.
En el 2017, cada 1% del PIB fueron casi ¢332.000 millones, por lo que el 1,55% equivale a unos ¢514.000 millones.
El órgano contralor también observó que, en el periodo de 2014 a 2019, los plazos transcurridos en los procesos de contratación que utilizan la plataforma Sicop fueron menores en comparación con los procesos que se realizan por otros medios.
“Los procesos de licitación abreviada tardan hasta 23 días menos y los de licitación pública nacional hasta 89 días menos, desde la fecha de invitación hasta la firma del contrato.
”Asimismo, el potencial de ahorro que representa una mayor utilización de las modalidades de subasta a la baja y convenios marco es importante”, señala el informe.
La implementación de este sistema en el sector público ha sido una larga historia, la cual se inició en el 2010 con el sistema digital Mer Link.
En abril del 2013 hubo un primer intento de la entonces presidenta, Laura Chinchilla, para que todas las instituciones usaran Mer Link, pero no se logró. Luego, el exdiputado Ottón Solís impulsó una ley que entró en vigencia en setiembre del 2016 (N.° 9.395), la cual daba un plazo de un año a todas las entidades del sector público para que usaran el sistema digital único, pero poco más de tres años después, todavía no se logra. ( Vea línea del tiempo).
La Contraloría considera como factores clave para potenciar la contratación pública el ejercicio de la rectoría en el uso de medios electrónicos para uniformar e integrar procesos y evitar dispersión de esfuerzos y recursos; además, el costo de uso de la plataforma Sicop, la capacitación en el uso de la plataforma, la interoperabilidad del Sicop con otros sistemas institucionales en el sector público, y el módulo de datos abiertos de contratación administrativa.
“Por su parte, desde el punto de vista operativo, la capacidad de gestión de las instituciones en materia de compras públicas posee un nivel de madurez básico.
”(Para potenciarla se requiere) la orientación de recursos para la analítica de datos, y el Proyecto Ley General de Contratación Pública, expediente número 21.546, el cual replantea el modelo de contratación pública vigente mediante una reforma integral para potenciar el desarrollo económico y social del país”, añadió la Contraloría.
Dicho órgano también publicó otro estudio, denominado La Caja Única del Estado y el manejo eficiente de la liquidez del sector público, en el cual se refiere a los beneficios de administrar el dinero del sector público de forma centralizada.
La Caja Única se refiere a la concentración de recursos líquidos del Estado en una sola cuenta. Las instituciones reciben dineros y realizan pagos, y esa diferencia produce un saldo favorable que debe mantenerse en condiciones óptimas de disponibilidad, seguridad y rentabilidad.
Según el estudio de la Contraloría, al cierre del 2018, el sector público no bancario tenía una liquidez de ¢8 millones de millones, lo cual equivalía en ese año al 23% de la producción; no obstante, de ese monto solo se encontraban en la Caja Única del Estado ¢1 millón de millones.
La Contraloría cuantificó que se podría trasladar otro millón de millones de colones a dicha Caja, lo cual implicaría el pago de menos intereses y comisiones, porque muchos de esos recursos están invertidos en el mismo Gobierno como títulos valores.
Julissa Sáenz, gerenta del área de Administración Financiera de la Contraloría General, comentó que remitieron estos estudios a la Asamblea Legislativa con el fin de que analicen estas dos posibles fuentes de ahorro fiscal.
Lo anterior, en momentos en los que el Gobierno afronta una situación estrecha por el alto déficit fiscal, que el año pasado alcanzó un monto equivalente al 7% de la producción.
REDACCIÓN. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) coordinó con el Ministerio de Salud y cámaras del sector privado un plan preventivo y de capacitación ante la situación mundial del coronavirus.
En el encuentro, realizado este viernes, también participaron autoridades de Aviación Civil y las empresas administradoras de los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós.
El plan fijaría medidas como procedimientos de vigilancia epidemiológica, detección, notificación, investigación, atención de brotes y posibles casos sospechosos en aeropuertos.