Gobierno ahorraría ¢433.000 millones si aplicara regla fiscal como pide Contraloría
Diferencia del ente contralor con Hacienda equivale a un 1% del PIB
Un cálculo elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) estima que, si el gobierno aplicara la regla fiscal como la interpretan dicha entidad y parte de los diputados, el tope al gasto público decrecería en ¢433.000 millones durante el 2020.
La Contraloría tiene una diferencia de criterio con el Ministerio de Hacienda sobre la forma de aplicar la regla fiscal, mecanismo creado en la reforma tributaria para imponerle un tope al gasto corriente del Gobierno Central, lo que incluye salarios, transferencias y pago de intereses.
Según la CGR, su interpretación permitiría que esos rubros demanden este año un máximo de ¢7,5 billones, mientras que Hacienda sostiene que tiene derecho a gastar hasta ¢7,9 billones.
La diferencia equivale a más de un 1% del producto interno bruto (PIB) en momentos en que el déficit fiscal del 2019 representó un 6,9% del PIB, el mayor registrado desde 1980.
¿Dónde radica la diferencia de criterio?
Para el 2020, el primer año en que se aplica la regla fiscal, el mecanismo impuso un límite del 4,67% al crecimiento del gasto corriente. En eso, la Contraloría y Hacienda coinciden.
En lo que difieren es en el monto a partir del cual se debe imponer el techo. Hacienda sostiene que debe aplicarse a partir del presupuesto inicial del 2019, el cual fue de $7,54 billones.
En cambio, para la Contraloría General, la regla fiscal es clara en que el tope debe imponerse sobre el monto que el Gobierno Central realmente gastó, lo que se conoce como presupuesto ejecutado o devengado. En el 2019, esa cifra fue de $7,13 billones.
El artículo 21 de la reforma fiscal dice que la verificación del cumplimiento de la regla se hará “a partir de la liquidación presupuestaria de las entidades públicas”.
En ese escenario, el tope sería de $7,5 billones, ¢433.133 millones menor del que defiende Hacienda.
Golpe en deuda pública. De acuerdo con Julissa Sáenz, gerenta del Área de Fiscalización Financiera de la CGR, Hacienda basa su estimación en el supuesto de que, durante este año, se utilizará el 100% de los recursos que presupuestó el gobierno, pero eso, en la práctica, no sucede, pues. según dijo, en los últimos 12 años se ha registrado una ejecución promedio del 94%.
La funcionaria afirmó que el crecimiento del gasto debería calcularse sobre los recursos que realmente se consumieron en un año, no sobre los que se previeron inicialmente, pues usar el segundo dato infla el tope y le da margen al Ejecutivo para gastar más.
Sostiene que, con la interpretación de la Contraloría, el nivel de deuda pública se vería beneficiado en el largo plazo.
Añadió que un mayor gasto implica que el gobierno tendría que endeudarse más para financiar esas erogaciones, y el país está al borde de que su deuda pública llegue al 60% del PIB. En el 2019, cerró en un 58,5%.
Si eso llega a suceder, no solo se restringirá el gasto corriente, sino también el de capital, con el cual se financia la construcción de obra pública, por ejemplo.
“Nuestra principal preocupación tiene que ver con la sostenibilidad en el largo plazo. Ya nos encontramos cerca del 60% de la deuda y la restricción sería sobre el gasto total”, dijo Sáenz.
Según las estimaciones suministradas por la CGR a este medio, si el cálculo de la regla fiscal se sigue haciendo sobre los presupuestos iniciales, en siete años el nivel de endeudamiento del país será cinco puntos más alto que si se aplica sobre los gastos ejecutados.
De acuerdo con el ente contralor, además, se provocaría un rezago de al menos cuatro años en la efectividad esperada de la reforma fiscal para disminuir la deuda pública.
“Nosotros vamos a estar en ese escenario por bastantes años y, realmente, lo que necesitamos es tomar las decisiones que nos lleven de la forma mas rápida a esta sostenibilidad”, aseguró Sáenz.
Diputados deberán intervenir.
De acuerdo con la gerenta del Área de Fiscalización Financiera de la CGR, el gobierno está a tiempo de rectificar su posición y velar por que, en los próximos 10 meses, el gasto corriente no sobrepase los $7,5 billones, pues el año está empezando y hay tiempo para hacer ajustes presupuestarios.
La posición de Hacienda molestó a diputados de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), quienes afirmaron que Chaves está “ceñido” en no aplicar la regla fiscal como ellos la aprobaron.
Sáenz afirmó que, dada la situación, será necesario que los legisladores intervengan.
“Ha habido discusiones técnicas (con Hacienda) pero sí se va a requerir que, eventualmente, la Asamblea Legislativa se manifieste sobre esto”, dijo Sáenz.
La jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, anunció que ya presentó un proyecto de interpretación auténtica para alinear la aplicación de la regla al criterio de la Contraloría.