➜➜ Reflexión necesaria
La renuncia del ministro de la Presidencia se hizo inevitable por la gravedad del error cometido y por la imposibilidad de ejecutar sus funciones a cabalidad tras asumir la responsabilidad política por el decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) ante la Asamblea Legislativa. El propio Víctor Morales Mora admitió la “torpeza política” del decreto y aceptó no haberlo leído con detenimiento. Por otra parte, reconoció la imposibilidad de coordinar el avance de la agenda del Ejecutivo mientras los diputados discuten mociones de censura y ejecutan una investigación de lo sucedido.
Morales expresó el deseo de que su renuncia contribuya a restablecer el trabajo conjunto desarrollado hasta ahora por la Asamblea Legislativa y la Casa Presidencial. Nada es más fundamental a falta de indicios de una deliberada y grave violación de los derechos humanos y las libertades civiles con propósitos inconfesables. Semejante abuso tomaría precedencia sobre cualquier otra cosa, pero, con lo sabido hasta ahora, estamos ante la posibilidad de un mal uso de datos legítimamente recabados. Si se confirma, las sanciones no deben hacerse esperar y, si se llegaran a constatar hechos más graves, los responsables deben sufrir las más severas consecuencias, pero ya la investigación está en manos de la Fiscalía y de la comisión legislativa nombrada para ese fin.
El trabajo legislativo debe continuar porque hay problemas urgentes. Las renuncias de Morales y del viceministro de Planificación Daniel Soto, también firmante del decreto, deberían despejar el camino. Pero el gobierno no puede depositar su confianza en eso. La Casa Presidencial debe hacer una profunda reflexión sobre el camino por transitar para recuperar la confianza.
No hay espacio para más torpezas. La Presidencia está urgida de filtros políticos y jurídicos ajustados a sus delicadas labores. La redacción del malogrado decreto, cuyo autor no ha sido claramente identificado, debió contar con participación de abogados experimentados y asesores políticos capaces de detectar los riesgos.
El manejo de crisis y, en general, el mensaje, también exigen revisión. El escándalo de la UPAD se nutrió del ambiente enrarecido por anuncios difundidos desde varios rincones de la administración, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hasta el Ministerio de Hacienda, incluida la propia Casa Presidencial.
Uno de los más debatidos fue la indefinida reforma del secreto bancario, no se sabe si para regularlo de otra manera o para eliminarlo en caso de auditoría tributaria. El planteamiento inicial fue desafortunado precisamente porque no pasó de la mención. Nunca hubo una propuesta clara para saber cuáles son las pretensiones de la administración tributaria. Una es la discusión si procura agilizar procesos sin menoscabo de la garantía de privacidad y otra, muy distinta, si pretende eliminar el secreto. Esto último entendió la sociedad a partir de la alusión hecha sin contexto.
Pues bien, el presidente, Carlos Alvarado, escogió referirse a ese tema ayer, justo cuando explicaba las medidas extraordinarias de su gobierno para enfrentar la crisis desatada por cuestionamientos al respeto de la administración hacia la privacidad de los ciudadanos. Es mentar la soga en casa del ahorcado. Peor todavía, mencionó el secreto bancario para responsabilizar, por lo menos parcialmente, a “grupos económicos” no identificados por las dimensiones del escándalo.
Si el presidente y su ministro procuran eliminar el secreto bancario, adelantamos nuestra discrepancia y la desarrollaremos en futuros editoriales, pero, por lo pronto, no debería ser difícil coincidir en que la conferencia de ayer no era una ocasión feliz para traer el asunto a colación y menos como explicación de la intensidad alcanzada por la reacción a la “torpeza política” del gobierno en materia de privacidad.
La comisión encargada de robustecer la operación de la Casa Presidencial con el prestigioso ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, a la cabeza no puede pasar por alto fallas tan evidentes, si quiere devolver el impulso reformador de Costa Rica a sus rieles.
El manejo de crisis y, en general, el mensaje, exigen revisión. El escándalo de la UPAD se nutrió del ambiente enrarecido por anuncios desde varios rincones de la administración
El trabajo legislativo debe continuar porque hay problemas urgentes. Las renuncias de alto nivel deberían despejar el camino, pero no es suficiente