Gerente: ‘Mideplán no tenía por qué firmar ese decreto’
Jerarca enfatizó en la importancia del ‘debido proceso’ para ‘establecer la verdad’
El gerente del Área de Modernización del Estado del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Luis Román Hernández, aseguró sobre el decreto que generó la creación de la UPAD, que Mideplán no tenía por qué firmarlo, “porque era una cuestión interna de la Presidencia de la República”.
Así de tajante se manifestó Hernández durante la primera comparecencia de la Comisión Investigadora de la Unidad Presidencial para Análisis de Datos (UPAD).
El funcionario reiteró que la oficina que tiene a su mando emitió objeciones sobre la propuesta de creación de las diferentes oficinas que, meses atrás, intentó crear la Presidencia de la República.
Incluso, recordó que en la primera propuesta de decreto se preveía que las firmas fueran de Carlos Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, y el jerarca del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Luis Adrián Salazar.
No obstante, la firma de Mideplán, en la persona del viceministro, Luis Daniel Soto, está en el decreto y, para ello, el gerente dijo que debía haberse dado un criterio sobre la razón para apartarse de las opiniones contrarias a la unidad que la Presidencia quería crear.
Pese a considerar que Planificación no tenía por qué firmar el decreto de la UPAD, el gerente dijo que el viceministro nunca participó del proceso de creación de la unidad de datos, con base en el expediente que tenían en su departamento.
“Él nunca apareció en el proceso porque es viceministro administrativo, no tenía ningún deber de estar informado. Si firmó el decreto, lo hizo como jerarca sustituto y no tenía obligación de conocer todo el proceso. No tenía conocimiento de lo que estaba pasando ahí”, sostuvo Hernández.
Se abstuvo de declarar. El todavía viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, se abstuvo de declarar y de responder preguntas, este miércoles, en la Comisión Investigadora por recomendación de su asesor legal, José Miguel Villalobos.
Soto, quien firmó el decreto ejecutivo que creaba la UPAD, en condición de jerarca interino de la entidad, aseguró que se acoge a su derecho a no declarar, tal como lo establece el artículo 36 de la Constitución Política y el 112 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Pese a su negativa a responder preguntas, los diputados Pablo Abarca y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como Ana Lucía Delgado, de Liberación Nacional, le lanzaron las preguntas que ellos esperaban él respondiera.
Delgado se centró en preguntarle si había sido presionado a firmar el decreto de la UPAD y si había recibido llamadas para que dijera una u otra cosa ante la Comisión.
Muñoz manifestó que no atacaría a Soto en lo personal, sino a la administración que permite que él siga en el cargo hasta el 1.º de abril y que reciba salario, pero no responda preguntas de los diputados.
Valoraría renuncia. Pese a que no respondió preguntas en casi una hora, cuando el independiente Jonathan Prendas le preguntó específicamente, si podría reconsiderar dejar el cargo de una vez, y no dentro de un mes, Soto sí contestó.
Dijo: “Respecto a la renuncia, mi puesto siempre ha estado a disposición del presidente y la decisión se la presenté ayer (martes). Honestamente, estoy anuente a valorarlo nuevamente y tomar una decisión con mi familia, con el presidente y la ministra, que sea la mejor para todos”, acotó el funcionario.
Nancy Marín, ministra de Comunicación, sostiene que los involucrados con el decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) asumieron su responsabilidad, y prueba de ello son las seis renuncias que se han desencadenado.
No obstante, como vocera presidencial, no tiene respuestas para preguntas como quién redactó el decreto o quién coordinaba con el equipo de análisis de datos.
Este es un extracto de la entrevista concedida por Marín a La Nación.
––Al integrar a Rodolfo Méndez al equipo del Ministerio de la Presidencia, ¿qué errores estaría reconociendo el Gobierno en este caso de la UPAD?
—En ese punto particular, el error que reconoció don Víctor Morales como ministro de la Presidencia, (quien dijo) que él había firmado, sin sopesar detalladamente, lo que señalaba este decreto.
––¿Eso significa, en palabras del Gobierno, una “torpeza política”? Hay sectores que piden al presidente asumir mayor responsabilidad.
—Yo creo que se ha asumido la responsabilidad por parte de quienes han estado involucrados en este tema, y señal de ello son las renuncias que se han (presentado) en este caso particular.
”Además, me parece muy importante la responsabilidad dentro del marco del debido proceso, porque hay una investigación administrativa, una investigación legislativa y una investigación judicial en curso, donde, respetando el debido proceso en un país democrático y de derecho, se siga lo que debe ocurrir para que se establezcan la verdad y responsabilidades”.
––Hasta este miércoles, ¿sabe Presidencia quién redactó ese decreto?
—No sabría yo decirle ese punto particular pero, además, insisto, en el marco del debido proceso y del proceso judicial que está en curso, hay una obligación legal de guardar secreto en estas cosas, tal como lo establece el artículo 195 del Código Procesal Penal.
––Con las salidas del Gobierno entre el martes y ayer, se intenta enviar un mensaje que genere confianza. ¿Por qué no renuncian los dos técnicos de la oficina de datos? —En realidad, ellos ya han sido apartados del trabajo que hacían desde el inicio de esta discusión, por una orden del señor presidente. Además, sus equipos se les habían retirado, sus computadoras se guardaron y se pusieron a la orden de la Fiscalía desde antes de que se realizara el allanamiento.
”Estas dos personas serán trasladadas. No van a estar más en Casa Presidencial ni van a seguir trabajando con bases de datos, sino que más bien serán trasladadas en otras instancias de gobierno donde, desde su perfil profesional, puedan seguir colaborando”.
––¿Cuáles son las instancias donde serán reubicados? —Todavía no está decidido cuáles instancias.
––¿Van a seguir analizando datos en las instituciones adonde lleguen?
—No. Ellos son economistas.
––¿Ese traslado podría generar más desconfianza en la ciudadanía?
—Creo que la confianza tiene que ver con las investigaciones que he señalado. Es decir, hay confianza en nuestras instituciones, en que ya la Fiscalía está en conocimiento de este tema, la Defensoría también. También, hay una investigación administrativa para sentar responsabilidad, y está la investigación legislativa. No es que no se va a investigar. Si se encuentran responsables, por supuesto que se los va a sancionar.
––¿El presidente coordinaba directamente con este equipo a través de la jefa de su despacho, Felly Salas, o ella actuaba de forma autónoma con ellos? —No podría responder eso. Primero, porque no tengo conocimiento y, segundo, porque tengo un impedimento legal para responder.
––¿Cómo es que no se tiene conocimiento de quién dirigía una oficina que venía funcionando desde mayo del 2018? —Déjeme decirle que, desde que yo estoy a cargo del Ministerio de Comunicación, no tengo detalles ni conocimiento del funcionamiento de otras dependencias. Pero, además, tengo un impedimento legal, como todos los funcionarios de gobierno que, de alguna manera, calcen con el artículo 295 de Código Procesal Penal. ¿Para qué? Para cuidar la investigación, para cuidar y proteger el debido proceso.
––¿Presidencia sabía que algunos de los técnicos, como Alejandro Madrigal, enviaban propuestas para establecer convenios con el fin de pedir información protegida por ley? —Eso es justamente lo que arrojará la pesquisa judicial.
––El presidente hizo señalamientos este miércoles. Pidió responsabilidad a la prensa, mencionó que sectores molestos con la posibilidad de levantar el secreto bancario se sumaron a los cuestionamientos y mencionó que algunos actores políticos andan en campaña. ¿Por qué se recurre a señalamientos y no se asume mayor responsabilidad a nivel interno?
—No. Creo que hay un reconocimiento de la responsabilidad del Ejecutivo y, a partir de ahí, se ha dado esta serie de renuncias. Pero, además, ha habido tal reconocimiento de la responsabilidad que, incluso, se puso a disposición de la Fiscalía desde el primer momento, se puso a disposición de la Defensoría de los Habitantes, entendiendo que es necesario llevar confianza y certeza a la población.
––¿El Gobierno seguirá insistiendo en la posibilidad de levantar el secreto bancario? —Esa es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de la Presidencia con el señor presidente.
––¿Presidencia conocía que se desoyeron las observaciones de Mideplán a la propuesta de crear una unidad de análisis de datos?
—No. Yo como ministra de Comunicación lo desconocía. No es un tema de mi competencia y, en cuanto a lo demás, no podría referirme.
––¿Su relación con los medios de comunicación está fracturada? Este miércoles hubo molestia de los periodistas por las pocas consultas al presidente. Por otro lado, hay sectores que piden su renuncia debido a que ven debilidad en el manejo del caso de la UPAD.
—Yo tengo, en general, una buena relación con los colegas, a usted le consta. (...) A lo que tengo poca tolerancia es a los gritos y a la falta de respeto. A eso tengo poca tolerancia porque me parece que, independiente del puesto que uno ostente, el respeto de las personas siempre debe ser lo que prevalezca en una relación profesional como esta.
“En este momento no está contemplada ninguna otra salida (por el caso UPAD)”