Satanización de los datos
En campaña política todo se vale. Eso piensan algunos políticos y sus asesores. Para favorecer sus intereses electorales, denigran el uso de los datos en poder del gobierno. A voz en cuello, los satanizan porque les conviene jalar votos para su saco. Eso es show.
Garrafal error cometería el país si, en medio del escándalo creado por el torpe decreto que pedía acceso a “información de carácter confidencial”, limita al gobierno a usar datos para la toma de decisiones. Son esenciales. El mejor ejemplo es la plataforma llamada Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), adscrita al IMAS. Allí, está la información socioeconómica del 80 % de la población gracias a que reúne datos de 23 instituciones. Deberían ser más, pero la resistencia de los burócratas lo impide.
¿Para qué sirve Sinirube? Para tratar de parar sinvergüenzadas. Un reportaje de La Nación, el 8 de julio del 2019, reveló, por ejemplo, que “¢55.000 millones al año en ayuda estatal se van a personas sin necesidad económica”. Fue relevante lo hecho por los técnicos del Sinirube: ayudaron a descubrir que 34.000 hogares no pobres consiguieron “colarse” en las ayudas para pobres, entre ellos, 1.050 familias con ingresos superiores al ¢1 millón.
Gracias al Sinirube se detectó que entre los beneficiados del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) había 5.000 estudiantes de hogares con buenos ingresos.
Sinirube también permite rastrear a quiénes se giran los ¢556.000 millones en ayuda para pobres. Y que quede claro: quien pide ayuda al Estado debe olvidarse de la confidencialidad. El dinero es público y así lo dice la ley de creación del sistema.
Los datos, entonces, son vitales para gobernar, para decidir hacia dónde se giran los recursos públicos porque, por ejemplo, en este momento, mientras 34.000 hogares sin necesidad están “colados” entre la ayuda estatal, a 270.000 con muchas necesidades no les llega.
Los datos en manos de un gobierno pueden focalizar la ayuda en quienes sí la necesitan. Los datos permiten racionalizar los gastos al identificar los abusos. Satanizarlos solo por politiquería es darle un espaldarazo a los abusos.