Lentitud para devolver tierras a indígenas atiza la hostilidad en Térraba
››Disputa por territorios se vincula con reciente escalada de violencia y crímenes de líderes
El 1.° de marzo del 2016, el Gobierno puso en marcha un ambicioso proyecto denominado Plan-RTI, para devolver a las personas autóctonas las tierras en los 24 territorios indígenas. Empero, cuatro años después, en Térraba, uno de esos territorios, no se ha logrado entregar de vuelta ninguna finca.
Esta situación denunciada por el Consejo de Mayores Brörán de Térraba y confirmada por el Viceministerio de Diálogo Ciudadano, demuestra el poco avance de la iniciativa, prevista para concluirse en el 2022.
Precisamente, la disputa por los terrenos es la que ocasiona la creciente hostilidad en Térraba y en el vecino pueblo de Salitre, ambas comunidades del cantón de Buenos Aires de Puntarenas.
La escalada de violencia llevó a que, la noche del martes 25 de febrero, fuera asesinado de cinco balazos el dirigente Yehry Helmut Rivera Rivera, de 45 años, en Mano de Tigre, poblado de la Reserva Indígena de Térraba.
Este homicidio es secuela de actos delictivos previos como quema de ranchos y de plantaciones, amenazas, cierre de caminos e intentos de homicidio, que ocurren desde hace más de un año en la región, cuando mataron a Sergio Rojas Ortiz, otro líder indígena, en Salitre.
Recuperaciones de hecho. Para las autoridades, los actos delictivos se dan porque, desde hace años, los indígenas se organizaron para realizar recuperaciones de hecho. Es decir, organizaciones indígenas envían una notificación a algún poseedor de tierra que consideran no indígena en Térraba o Salitre, y lo invitan a abandonar el lugar, para lo cual le dan un plazo.
Este tipo de acciones generan la reacción de los llamados no indígenas, quienes alegan ser dueños legítimos de esas fincas e incluso ser descendientes de algún indígena.
Debido al conflicto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó, desde el 30 de abril del 2015, una medida cautelar que obliga al Gobierno a “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del pueblo indígena Bribri de Salitre”.
Propósito del plan. El Plan-RTI se creó para resarcir las tierras y cumplir con lo ordenado por la Ley Indígena (6.172) del 29 de noviembre de 1977, que estableció 24 territorios del país cuyas tierras son propiedad de los indígenas.
El proyecto está previsto para desarrollarse en bloques y deberá concluirse en el 2022, cuando se espera tener expedientes de todas las fincas y que estas sean puestas en manos de personas autóctonas.
Sin embargo, el avance del plan es limitado. En el caso de Térraba, se está en un proceso de censar los predios. Se han contabilizado 825 lotes pero todavía faltan los planos y determinar quién es el dueño actual. Luego vendrá el desalojo.
Las organizaciones indígenas Consejo Ditsö Iriria AjkönuK Wakpa y Consejo de Mayores Brörán informaron de que “después de tres años, en Térraba ningún desalojo ha sido ejecutado y este territorio está habitado en un 80% por ocupantes ilegales”.
En un documento hecho público en febrero pasado y que está firmado por Lesner Figueroa Lázaro, cocoordinador del Consejo Ditsö y Manuel Villanea, cocoordinador del Consejo de Mayores Brörán, pidieron al gobierno: “Acciones inmediatas para sanear nuestros territorios y poner fin a la impunidad que nos trae más inseguridad”.
No es la primera vez que dichos grupos exigen al gobierno mayor agilidad. El 24 de noviembre del 2019, en un documento dirigido a Juan Alfaro López, entonces viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, aseguraron que el Plan-RTI es solo un estudio que, además de tener un atraso de dos años, no define cómo se convertirá el resultado del proyecto en órdenes de desalojo ejecutables.
El actual viceministro de la Presidencia y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola Madrigal, admite que el asunto es muy complejo. Un factor que retrasa los trámites, dijo, es “la multiplicidad de actores y que se ha debido construir una base de datos para determinar quién es indígena y quién no”.
“En esta ruta, ha habido pausas, porque para medir ciertas fincas, hay que hacerlo de una manera negociada y consensuada con los diferentes actores”, precisó.
Reuniones separadas. Para ejemplicar que hay varios actores, dijo que la Comisión de Diálogo, tras la muerte Yehry Rivera, debió reunirse por separado con los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba y con el Consejo de Mayores Brörán.
Otárola dijo que mediante esos diálogos se lograron suspender los desalojos de hecho y que las organizaciones se acojan a la vía institucional.
Sin embargo, Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores Brörán, aclaró que lo que admitieron fue “hacer una pausa” por tiempo indeterminado. (Ver entrevista)
“Casi todas las órdenes de desalojo emitidas hasta la fecha han sido apeladas y están estancadas en los tribunales”, aseguró Sibar.
En estudio. Sobre los hechos delictivos en la zona, el Ministerio Público informó de que los homicidios de Sergio Rojas y Yehry Rivera están en investigación. Por este último caso, se tiene a dos hermanos de apellidos Varela Rojas como imputados. Ambos están en libertad.
Paralelamente, el ente acusador del Estado comunicó que en la causa 16-200108-634PE se tiene como acusados a 41 personas no indígenas por el delito de usurpación en el territorio de Salitre. Este legajo está, desde el 6 de abril del 2018, en el Juzgado Penal de Buenos Aires a la espera de que se fije una fecha para la audiencia preliminar.
La diligencia no se ha realizado porque la defensa de los imputados solicitó que se realice un peritaje.