Legisladores en descuerdo con suspender libertades
Mayoría descarta impedir libre tránsito y derecho a reunión durante 30 días
La mayoría de diputados se desmarca de la idea planteada por el bloque fabricista Nueva República (PNR) de suspender, hasta por 30 días, las libertades de tránsito y reunión para combatir la pandemia del covid-19.
La iniciativa aún no está en la corriente legislativa, pero el PNR la entregó como un borrador a las distintas fuerzas políticas del Congreso “para que la estudien”, afirmó Carmen Chan, jefa del bloque.
Una suspensión de derechos y garantías constitucionales requiere del apoyo de dos tercios de la Asamblea Legislativa (38 votos).
Sin embargo, fracciones como Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), Republicano Social Cristiano (PRSC), Frente Amplio y dos independientes no contemplan impulsar esta posibilidad.
Estas bancadas suman 33 votos, más de la mitad del Congreso. Todas sostienen que una propuesta como esa tendría que provenir del Poder Ejecutivo.
La jefa de Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, dijo que su bancada tampoco piensa impulsar el proyecto del PNR, pero ella es del criterio de que “no se descarta del todo que, en algún momento, se deba hacer”.
En tanto, el presidente legislativo, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, afirmó que la idea es un borrador y a él no le consultado su criterio en la Asamblea.
“Yo creo que esa sería una decisión muy severa que tendría que estar basada en un criterio de orden técnico, con la contribución de las autoridades especializadas y la debida coordinación con las fracciones políticas en la Asamblea, que es finalmente la que, según la Constitución, tendría la potestad. Mientras esos criterios y esa coordinación no ocurran, no veo posible entrar a considerarlo con seriedad”, dijo Benavides.
La iniciativa de Nueva República propone suspender las garantías de los artículos 22 (libertad de tránsito) y 26 (libertad de reunión) de la Constitución Política.
Cuestionamientos. Al respecto, Nielsen Pérez, jefa de fracción del PAC, aseguró que su fuerza política no apoya la propuesta de ley.
Tanto María Inés Solís, cojefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), como Eduardo
Cruickshank, jefe del Partido Restauración Nacional (PRN), consideran que esta es una medida que no debería salir de los diputados, sino del Ejecutivo.
“Es una decisión a la cual deberíamos responder bajo solicitud explícita del presidente de la República (Carlos Alvarado), el ministro de Seguridad (Michael Soto) y el ministro de Salud (Daniel Salas). Una vez que ellos nos hagan esa solicitud, sí podríamos proceder a aprobar este proyecto de ley”, expresó Solís.
Cruickshank, por su parte, dijo: “Si lo solicitara el Ministerio de Salud, a través del Ejecutivo, pues la Asamblea tendría que valorarlo, pero yo no creo que deba ser una iniciativa que salga de la Asamblea Legislativa, porque nosotros no tenemos elementos técnicos para saber si es lo que se requiere o no”.
Una de las preocupaciones de ambos legisladores es que, de aprobarse un proyecto como este, el país no cuente con el músculo para controlar, por ejemplo, la libertad de tránsito.
El líder de los restauracionistas añadió: “Yo me aventuraría a decir que el Ministerio de Seguridad Pública no tiene ni el expertise ni el personal como para ejercer una vigilancia tan estricta, para que se pudiera dar cabal cumplimiento a una medida de esa naturaleza (limitar la libertad de tránsito)”.
Diputados como la independiente Zoila Rosa Volio y el frenteamplista José María Villalta fueron más duros al juzgar la propuesta de los fabricistas.
Para Volio, es una irresponsabilidad proponer una iniciativa de esta índole.
“Es una imprudencia. En este momento, no estamos para alarmar a la población. Nosotros somos diputados, referentes de la opinión pública, tenemos una deuda grandísima con el país que nos eligió como sus representantes”.
“No podemos salir con este tipo de ocurrencias. No podemos salir con el rifle chocho que tira para todo lado, sin ninguna justificación, sin ningún fundamento, causando pánico”, reprochó.
Ocurrencia. En esa misma línea opinó Villalta: “Creo que la propuesta de los diputados de Nueva República es una ocurrencia bastante irresponsable. No habría que descartar una medida como una restricción de salir de la casa, pero eso solo puede ser decidido por las autoridades sanitarias en el marco de la emergencia”.
Wálter Muñoz, Dragos Dolanescu y Erick Rodríguez, líderes del PIN, el Republicano Social Cristiano (PRSC) y congresista independiente, respectivamente, también coincidieron con que las acciones que se tomen para combatir la pandemia del covid-19 deben ser más comedidas y estar fundamentadas en criterios técnicos.
La verdiblanca Silvia Hernández afirmó: “Las diferentes fuerzas políticas no lo están contemplando aún, incluida Liberación Nacional. Sin embargo, aunque es el tema más impopular, drástico y peligroso de todos, no se descarta del todo que, en algún momento, se debe hacer. Estamos esperando a llegue el momento y ojalá ese momento no sea muy tarde.
“Esta realidad es repetida. Basta ver a España e Italia, ‘ganar tiempo’. Ahora, postergar la medida podría ser perder tiempo después”, advirtió la jefa de los liberacionistas.
Carmen Chan, jefa de los fabricistas, alegó que el proyecto no pretende instaurar un toque de queda, como sí lo han hecho países militarizados.
Según Chan, lo que persigue la propuesta es activar una excepción estipulada en el artículo 121, inciso 7, de la Constitución Política.
“Hay que dejar claro que estoy en completo acuerdo con lo que dijo el señor ministro (de Seguridad), que no existe la figura de toque de queda, pero sí tenemos que estar entendidos de que, en Costa Rica, tenemos el estado de excepción”.
“Por eso es la propuesta de un proyecto de acuerdo de suspensión temporal de la arantía constitucional del libre tránsito”, argumentó.
Según la diputada fabricista, la idea de elaborar un plan de ley en ese sentido surgió por solicitud de los habitantes.
“Nació, más que todo, de la preocupación de los costarricenses. Hemos recibido montones de llamadas de diferentes sectores que nos piden que, como diputados, por favor, tomemos las medidas correspondientes; desde gente de a pie hasta sectores de empresas”, justificó.
Carmen Chan fue enfática en que el propósito es resguardar el bienestar común: “Lo que buscamos es proteger la vida y la salud de todos los costarricenses”.