Diputados acuerdan aprobar crédito por $500 millones para atender emergencia
Préstamo con Banco de Desarrollo de América Latina es parte de paquete planteado por Gobierno para reunir ¢1 billón
Luego de varias horas de reunión entre los jefes de las fracciones parlamentarias y jerarcas del Consejo Económico del gobierno, los diputados tomaron la decisión de apurar, este sábado, la aprobación en primer debate de un crédito por $500 millones (¢285.000 millones) con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Así lo confirmaron Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC); María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Jorge Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN), este viernes por la tarde.
Se trata de un plan que está en el Congreso desde junio del año pasado y que los legisladores de la oposición cuestionaron mucho, porque exigían señales del Poder Ejecutivo sobre medidas de ahorro, antes de darles acceso a dicho financiamiento.
Cambio de planes. El objetivo original de esa línea de crédito era cambiar deuda cara por deuda barata y con mejores condiciones, como las que ofrece el CAF.
Ahora, el gobierno anunció su intención de utilizarlo como una de las fuentes de recursos que permitiría invertir ¢1 billón (un millón de millones) para atender la emergencia del covid-19.
Los voceros partidarios consultados confirmaron que, antes de aprobar en primer debate el proyecto, deberán hacerle un ajuste a la iniciativa para establecer que el Gobierno de la República pueda usar dichos fondos para atender los efectos de la pandemia.
“Es una moción que permita usar los recursos para la emergencia, además del objetivo de la deuda”, explicó Guido, quien adujo que los acuerdos de los jefes parlamentarios están bastante maduros.
Aunque la socialcristiana María Inés Solís dijo que la Unidad también está de acuerdo en dar esa votación, apuntó que su bancada prefiere que, conforme se vayan aprobando las autorizaciones de créditos o de diferentes fuentes de financiamiento para el Gobierno, se conozcan los presupuestos extraordinarios para definir cómo se usará el dinero.
“Yo preferiría que lo viéramos uno por uno, porque es una forma de tener mayor y mejor control sobre esos dineros y no dejarle la manguera abierta al Ejecutivo”, dijo.
Durante la cita, los ministros de Hacienda, Rodrigo Chaves, y de Planificación
Nacional y Política Económica, Pilar Garrido (quien además coordina el Consejo Económico gubernamental), explicaron cada uno de los puntos del Plan Proteger, con el que la administración de Carlos Alvarado espera acceder al ¢1 billón.
Entre los componentes de ese plan están el préstamo del CAF y la ley para aprobar un único impuesto al Instituto Nacional de Seguros (INS), que autoriza sacar a la venta una emisión de títulos valores por ¢288.000 millones, lo que corresponde a la proyección de las ganancias del INS en 12 años.
El tercer elemento es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por ¢216.000 millones, que aún no ha llegado al Congreso.
También, forma parte de la lista el proyecto Pagar, que permitiría tomar ¢226.000 millones de los superávits de instituciones públicas; este, originalmente, se pensaba destinar a pagar deuda.
La quinta parte del plan es el empleo de ¢12.000 millones que generaría la reforma a las pensiones de lujo aprobada por el Congreso en el 2019.
Dispensados de trámites. Aunque varias fracciones aún tienen dudas sobre iniciativas como el proyecto Pagar, sí están de acuerdo en aprobar, hoy sábado, una moción que permitiría dispensar de todos los trámites ese proyecto de ley.
Según María Inés Solís, una fuerte duda de la Unidad es que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) presentó un criterio negativo ante la propuesta y ellos consideran que los recursos serán necesarios para reactivar el turismo después de la emergencia causada por el nuevo coronavirus.
El otro proyecto que recibiría una dispensa de todos los trámites legislativos es el 21.759, Ley para Fortalecer el Combate a la Pobreza Extrema mediante la Inyección de Recursos. Dicha iniciativa tiene la intención de destinar dinero proveniente de las pensiones de lujo a las del Régimen No Contributivo.
Mientras que Pagar está en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, el plan para el combate a la pobreza se estudiaba en el foro de Sociales. Con la dispensa de trámites, ambos planes pasarán directo a estudio del plenario.
Los diputados de Liberación Nacional (PLN) se muestran dudosos, en la Comisión de Asuntos Económicos, ante una propuesta de ley para perdonar intereses y multas a los deudores de la CCSS con la condición de que se pongan al día con sus cuotas.
La iniciativa, presentada desde hace ocho meses por el legislador socialcristiano Pedro Muñoz, fue convocada por el Poder Ejecutivo en el actual periodo de sesiones extraordinarias, como parte de las medidas para combatir los efectos económicos por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, los liberacionistas Roberto Thompson y Karine Niño, así como Daniel Ulate, quien aclaró que, en este momento, está separado de la fracción, plantearon inquietudes sobre el expediente, pese a que consideran que tiene buenas intenciones.
A su vez, el socialcristiano Pedro Muñoz afirmó que, ante el corto plazo para dictaminar la amnistía, los legisladores del PLN le solicitaron el miércoles que él, como proponente, le pidiera al gobierno desconvocarlo de la agenda legislativa.
“Yo acepté que no se votara el dictamen, pero les dije no solo que no le pediría al Ejecutivo que lo desconvocara, sino que le pediría al Ejecutivo que lo mantuviera convocado para que se votara la semana entrante. Que cada diputado asumiera la próxima semana la responsabilidad con su conciencia”, aseveró el socialcristiano.
Tanto Thompson, como Niño y Ulate descartaron que le hayan propuesto a Muñoz que retirara el texto sustitutivo como una forma de sacarlo de agenda.
En tanto, Silvia Hernández y Jorge Luis Fonseca, jefa y subjefe de fracción del PLN, respectivamente, afirmaron que el tema no ha sido discutido dentro de la bancada.
En el caso de Silvia Hernández, dice que el proyecto es bien recibido. “Lo primero es la salud y lo segundo, la economía. Debemos tomar medidas que ayuden sin debilitar una u otra”, añadió la jefa de la fracción verdiblanca.
Sin embargo, Thompson, presidente de la Comisión de
Asuntos Económicos, indicó: “Yo creo que aquí todos estamos absolutamente claros de que tenemos que proteger la seguridad social, hay que fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y me parece que, desde ese punto de vista, todo lo que asegure el ingreso de recursos frescos también es importante”.
“Me parece que lo importante es verlo en detalle porque estamos hablando de condonación, y al hablar de condonación, estamos perdonando una serie de recursos. Yo no digo que eso no se puede hacer, se ha hecho en otras oportunidades”, añadió Thompson.
Variante. El texto de Muñoz sufrió una variación el pasado miércoles mediante moción de fondo de texto sustitutivo acogido ese día por la comisión legislativa.
Ahora, el plan de amnistía consiste en establecer una autorización a la CCSS para condenar multas e intereses a trabajadores independientes, asegurados voluntarios y patronos, siempre y cuando los deudores se pongan al día en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la ley.
En el caso de los independientes, también existiría la posibilidad de perdonar una parte del principal adeudado.
La opción de que la institución aplique el texto quedaría a criterio de la Junta Directiva y no será una obligación de ley.
La diputada Niño explicó que al haber sido parte del sector privado, antes de legislar, conoce de las dificultades que afronta el sector emprendedor con el pago de las cargas sociales.
Ulate fue más directo: “Hay un plazo muy corto (para dictaminar) que está por vencerse el 25 de marzo y esa es una de las preocupaciones que se hablaron a nivel de, digamos, fuera de sesión de trabajo”.
Añadió que, para avanzar con el texto, se requiere de estudios técnicos. “Si bien es cierto, esa amnistía se podría dar tal a como está planteada en este momento, puede ser que esto genere un hueco financiero a nivel de la institución”, consideró.