6 entidades anuentes a ceder sus superávits para afrontar la crisis
Seis instituciones públicas se declararon anuentes a ceder sus superávits al Gobierno Central, ya sea para amortizar la deuda pública o para atender la emergencia del covid-19.
Tal voluntad la comunicaron, en la última semana al Congreso, la Imprenta Nacional, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), la Junta Administrativa del Registro Nacional y la Junta de Protección Social (JPS).
Se trata de la mayoría de entidades incluidas en el proyecto de ley Pagar, con el cual el Ejecutivo pretendía, en un principio, recaudar ¢226.000 millones para disminuir la deuda pública, que ya llegó a un 58,5% del producto interno bruto (PIB).
Otras tres instituciones se oponen a aportar sus recursos, los cuales significan una cuarta parte del plan, mientras que dos no han enviado a la Asamblea Legislativa ningún criterio.
El plan Pagar forma parte de la lista de iniciativas que el gobierno pide a los diputados tramitar con carácter de urgencia, con el fin de sumar ¢1 billón para paliar los efectos económicos y sanitarios que genera la pandemia.
La propuesta del Ejecutivo es recurrir a los superávits de 11 instituciones, dinero que equivale a un 0,62% del PIB.
De las seis, solo la JPS pidió que, en vez de entregar el 100% de su superávit (¢34.000 millones), se le permita conservar ¢15.000 millones, los cuales se usarían para hacer arreglos en el edificio de la Junta, en la ampliación del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, y en girar utilidades a las organizaciones de bien social que reciben fondos de la lotería.
ICT se arrepiente. De las 11 instituciones incluidas en el proyecto Pagar, tres se oponen a renunciar a su superávit.
Una de esas es el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) que, inicialmente, accedió a aportar ¢14.000 millones de los ¢25.800 millones que tiene en superávit.
No obstante, en el criterio que envió el jueves de la semana pasada a la Comisión de Asuntos Hacendarios, comunicó que, en vista de la paralización de la actividad turística en el país, ya no tiene margen para perder fondos.
“Estimamos, en el mejor de los escenarios, una disminución de cerca de ¢24.000 millones, suma que representa cerca del 50% del presupuesto de ingresos del ICT y que, en caso de que estos recursos le sean quitados al ICT, implicaría un cierre técnico de la institución”, dice el acuerdo.
La Superintendencia
de
Telecomunicaciones (Sutel) también se opone a que se le quiten ¢5.600 millones de su superávit. La entidad afirma que el cálculo del gobierno es erróneo y que, en realidad, solo tiene ¢2.900 millones, que, según Sutel, están reservados para atender compromisos contractuales y proyectos estratégicos.
La institución, además, considera que tampoco deben tocarse los ¢40.000 millones que el gobierno pretende tomar del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), bajo al alegato de que tal acción afectaría la misión del Fondo, el cual es contribuir a reducir la brecha digital en el país.