Justicia pide parar arresto de deudores de pensión
››Ministerio prevé crecida de apremios corporales por difícil situación económica
Si una propuesta del Ministerio de Justicia y Paz es acogida, las personas que no puedan pagar la pensión alimentaria no irían a la cárcel mientras dure la pandemia.
Así se desprende del oficio MJP-227-03-2020, el cual fue remitido el 26 de marzo por la jerarca de esa entidad, Fiorella Salazar, a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano.
Para justificar su solicitud, Salazar indicó que, en los últimos días, le han reportado un “crecimiento acelerado” de ingresos a la Unidad de Apremiados Corporales, ubicada en la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, en Alajuela. Allí, las personas pasan un máximo de seis meses por ley.
Aseguró que es previsible que “la crisis económica nacional y global traiga consigo el incumplimiento de deberes alimentarios, y, por ende, un aumento de las órdenes de apremio corporal”.
Por eso, pidió “valorar la suspensión de las órdenes de apremio corporal, y en su lugar, tratar de promover asistencia interinstitucional en favor de la parte acreedora alimentaria, o bien, el uso de mecanismos electrónicos de monitoreo”.
El 19 de marzo, la Dirección de esa Unidad de Apremiados Corporales manejaba una población de 421 personas en un espacio para solo 336 espacios.
Se consultó a Justicia por datos actualizados a hoy e información de ese aumento al que hacen referencia, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
Tampoco trascendió si la Corte ya recibió la solicitud y cuál trámite se le dará.
Sobre esto, la Defensoría de los Habitantes emitió el oficio DHR-DIND-0173-2020 a Justicia, en en que muestra preocupación por el aumento de apremiados y porque esto continuará con la pandemia. En ese documento, la defensora, Catalina Crespo, solicitó a la ministra tomar medidas urgentes para darles una mejor atención e infraestructura a los recluidos.
Por su parte, el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT), ente adscrito a la Defensoría de los Habitantes, aplaudió la iniciativa.
A criterio de su director, Róger Víquez, es necesario suspender los apremios corporales por distintos motivos; dos de ellos son que la población es muy fluctuante y que la Unidad no tiene infraestructura para albergar a muchas personas.
Además, como se trata de una detención administrativa y no penal, no se tienen espacios de aislamiento, lo que causaría un “mayor riesgo” de contagio para detenidos y funcionarios.
Víquez dijo que, durante y después de la pandemia, el desempleo aquí y en el mundo subirá, y muchas personas no tendrán para pagar esa deuda. Eso provocaría, insistió, una sobrepoblación nunca antes vista en esa unidad.
Para evitarlo, propone a los jueces de Familia “valorar cambios sustanciales en el suministro de la pensión alimentaria, es así que pensando en el interés superior del menor de edad, se podría valorar en forma temporal la entrega de diarios alimentarios (comida) en lugar de la entrega de dinero”.
Prisión preventiva y juicios. La ministra también hizo otra lista de sugerencias.
Entre ellas, el pedirles a los jueces optar por medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, “tomando en cuenta las razones humanitarias que se derivan de una privación de libertad en momentos de pandemia”.
Solicitó considerar suspender las órdenes de captura por contravenciones, así como por delitos que no sean penados con cárcel. Lo mismo si el requerido es un adulto mayor, puesto que es una persona con riesgo ante el covid-19.
También indicó que, pese a que las circulares 47-2020 y 52-2020 de Corte Plena buscan reducir la celebración de audiencias y diligencias judiciales, al final la decisión queda a discreción de los despachos judiciales.
En opinión de Salazar, eso “implica que podrían llevarse a cabo audiencias más allá de las que son realmente indispensables”.
En ese sentido, la ministra pidió revisar las circulares de Corte Plena para que se elimine la discrecionalidad y solo se realicen las que “de manera taxativa, sean señaladas”.
La jerarca pidió un listado de los señalamientos previstos para los próximos tres meses que involucren a reos y solicitó que se indicara en cuáles casos sería viable realizarlos por videoconferencia.
“Esto nos permitirá ubicar estratégicamente a la población penitenciaria, y hacer una proyección del equipo y espacios requeridos para las videoconferencias”, dijo.