Solo 19% de asalariados pagaría ‘aporte solidario’
››1,1 millones de trabajadores no contribuirían: ganan menos de ¢1 millón
Solo el 19% de los asalariados pagaría el llamado “aporte solidario” para financiar un subsidio a los trabajadores golpeados económicamente por la crisis del nuevo coronavirus.
El presidente Carlos Alvarado propuso a los diputados un proyecto de ley con la intención de cobrar esa contribución a los trabajadores de los sectores público y privado que tengan un salario superior a ¢1 millón.
El objetivo es alimentar un fondo de ayuda económica directa para quienes pierdan el empleo, les suspendan el contrato laboral o vean reducida su jornada de trabajo o sus ingresos por la caída económica que provoca la emergencia sanitaria. En promedio, se habla de ¢200.000 por mes por familia durante tres meses.
De 1.237.300 asalariados que registraba el país en marzo, menos de 250.000 ganan más de ¢1 millón. Se trata del 19%, pero esa cifra puede haber disminuido en estas semanas por los despidos, las suspensiones de contratos laborales o las reducciones de jornadas. (Gráfico adjunto).
Es decir, más del 80% de los trabajadores asalariados formales no tendría que aportar para los subsidios.
Así se desprende de datos suministrados por el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Preliminarmente, el Ministerio de Hacienda informó de que quienes ganen ¢1 millón pagarían ¢10.000. Los que devengan ¢1,5 millones, ¢50.000 y los que reciben ¢2 millones, ¢100.000.
En ese rango entrarían unos 184.000 asalariados, es decir, el 14%.
En tanto, los trabajadores que reciban más de ¢2 millones aportarían más de ¢100.000. Ese grupo lo constituyen poco más de 65.000 personas, el 5% del total.
El gobierno estima que, por la crisis económica que provoca el cierre de fronteras a extranjeros, la clausura de negocios y el aislamiento social ante la expansión del coronavirus, unos 500.000 asalariados verán reducidos sus ingresos.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo que el aporte también se cobraría sobre las rentas corportativas y los pensionados. El proyecto todavía no entra en la corriente legislativa.
Al viernes 27 de marzo, 595 empresas habían pedido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la suspensión temporal de los contratos laborales de 8.900 trabajadores, pues la crisis económica no les permite seguir pagándoles a sus empleados.
A esa lista de patronos falta sumarle 230 más, que no se contabilizan formalmente porque tienen pendiente presentar ciertos requisitos.
Adicionalmente, otras 257 empresas solicitaron al MTSS la reducción de jornadas de casi 5.000 colaboradores quienes, aunque no perderán el trabajo, verán significativamente disminuido su salario mensual, pues laborarán menos horas.
Medidas de contingencia. El objetivo del aporte solidario es recaudar ¢24.000 millones mensuales, según dijo el viernes el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.
Ese dinero alcanzaría para dar subsidios de ¢200.000 a 120.000 familias.
En primera instancia, el gobierno anunció que presentará, para aprobación del Congreso, un presupuesto extraordinario por ¢225.000 millones con el cual pretende otorgar subsidios de ¢200.000 mensuales, por tres meses, a 375.000 familias.
Este plan se nutrirá con dos fuentes.
h 1. Un recorte de gastos por ¢100.000 millones en el Presupuesto de la República.
h 2. De los combustibles. La idea es mantener los precios actuales, que tienden a la baja en el mercado internacional por el efecto del virus, y tomar la diferencia para los trabajadores en crisis. Eso también deben aprobarlo los diputados.
Dichas acciones se complementan con el plan Proteger —también anunciado por el gobierno recientemente—que propone destinar ¢1 billón (un millón de millones) a atender los efectos económicos de la pandemia de covid-19, pero también para garantizar los gastos del gobierno y el pago de la deuda pública.
No obstante, para obtener ese ¢1 billón, también será necesaria la aprobación de los diputados, pues los fondos provendrían de cinco fuentes de financiamiento distintas que requieren autorización legislativa.